Tribunal Permite al ICE Mantener Contratos Cuestionados por la Contraloría
La medida cautelar mantiene temporalmente los contratos vigentes mientras se resuelve el conflicto. El ICE asegura que la decisión evita afectaciones a servicios como el EDUS y la conectividad de centros educativos
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Tribunal Contencioso Administrativo acogió este miércoles una medida cautelar provisionalísima solicitada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que deja temporalmente sin efecto la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de suspender una serie de contrataciones realizadas bajo un esquema cuestionado por el órgano contralor.
La resolución permite que los contratos ya suscritos por el ICE bajo esa modalidad continúen ejecutándose mientras se analiza el conflicto.
El Tribunal también ordenó garantizar la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios que reciben las instituciones públicas usuarias y la ciudadanía.
ICE advierte sobre servicios esenciales
Según informó el ICE mediante un comunicado, la medida judicial evita posibles interrupciones en servicios considerados esenciales.
Entre ellos, la institución mencionó el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como servicios de conectividad a internet brindados a escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El ICE había recurrido a la vía judicial después de que la Contraloría ordenara suspender nuevas contrataciones y prórrogas efectuadas mediante el esquema cuestionado.
La institución argumentó que esa disposición podía afectar su capacidad para competir en el mercado de telecomunicaciones y generar consecuencias sobre servicios públicos que ya se encuentran en funcionamiento.
¿Qué cuestiona la Contraloría?
El conflicto tiene su origen en informes de la Contraloría sobre acuerdos comerciales suscritos por el ICE con empresas privadas para atender contratos de otras instituciones públicas.
El órgano contralor cuestionó que, en algunos casos, el ICE actuara principalmente como intermediario entre la institución pública que contrata el servicio y una empresa privada encargada de ejecutar buena parte de este.
Según el criterio de la Contraloría, ese modelo puede desvirtuar la figura de asociación empresarial contemplada en la normativa y dificultar el control sobre el uso de los recursos públicos.
Los análisis del órgano contralor también señalaron casos en los que los acuerdos habrían generado pérdidas o rendimientos inferiores a los proyectados, mientras una parte significativa de los ingresos quedó en manos de los socios comerciales privados.
ICE defiende sus alianzas
El ICE, por su parte, sostiene que este tipo de alianzas se ajusta a su régimen jurídico y forma parte de las facultades que posee para desarrollar su actividad comercial.
Tras conocerse la resolución, la institución destacó que la medida permite mantener servicios que actualmente reciben entidades estatales y ciudadanos.
El conflicto todavía no está resuelto
La resolución judicial conocida este miércoles no significa que el Tribunal haya dado la razón definitiva al ICE ni que haya rechazado los cuestionamientos de la Contraloría.
Se trata de una medida cautelar provisionalísima, cuyo objetivo es mantener temporalmente las condiciones existentes mientras continúa el análisis judicial.
Por esa razón, los contratos vigentes podrán seguir ejecutándose por ahora, pero el debate sobre la legalidad y alcances del modelo de contratación utilizado por el ICE permanece abierto.
La decisión definitiva dependerá de lo que resuelva el Tribunal una vez que analice el fondo del conflicto entre ambas instituciones.
