LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Una extensa gestión presentada por el ciudadano Fernando March Pinto ante la Alcaldía de Goicoechea solicita la apertura de procesos administrativos por presunto incumplimiento de deberes y falsedad ideológica contra dos altos funcionarios municipales, en relación con el manejo de varios terrenos que, según el denunciante, serían bienes de dominio público.

La solicitud se encuentra contenida en una respuesta formal al oficio MG-AG-DAD-218-2025, dirigida al alcalde municipal, en la cual March aporta documentación histórica, registral y administrativa que —afirma— evidencia inconsistencias legales y posibles anomalías en torno a la parcela municipal conocida como 50-1 y a las fincas SJ 207892, 207894 y 207896.

Dudas sobre la naturaleza jurídica de terrenos municipales

Uno de los puntos centrales del reclamo es la naturaleza jurídica de los terrenos. El remitente sostiene que documentos históricos del Archivo Nacional, el Registro Nacional, protocolos notariales de 1972, actas del Concejo Municipal y mapas catastrales demostrarían que estas áreas fueron cedidas a la Municipalidad como bienes de dominio público, destinados a calles y zonas verdes.

No obstante, March señala que planos inscritos en noviembre de 1972 contradicen esa cesión original, lo que genera dudas sobre su validez legal. En ese contexto, solicita a la Municipalidad que aporte el acuerdo formal de desafectación, en caso de existir, o que reconozca oficialmente que los terrenos siguen siendo bienes demaniales.

Señalamientos de posibles alteraciones registrales

El documento también denuncia presuntas irregularidades en fichas catastrales y planos, como alteraciones en áreas, frentes y linderos sin respaldo documental, así como ausencia de firmas y datos inconsistentes, particularmente en el caso de la parcela 50-1.

Además, se indica que la finca SJ 207896 habría recibido una protección indebida, al no aparecer señalada en ciertos informes oficiales, pese a su relevancia dentro del conjunto de terrenos cuestionados.

Cercado y trato como propiedad privada

Otra de las situaciones señaladas es que la Municipalidad habría cercado la parcela 50-1 tratándola como propiedad privada, sin que —según el denunciante— se haya aportado sustento legal para esa clasificación. March asegura que vecinos de la zona han sido informados de que los terrenos son privados, lo cual, a su criterio, contradice la documentación histórica disponible.

Solicitud de procesos administrativos

Ante estos hechos, March solicita abrir procesos administrativos contra:

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, director de Ingeniería, Censo y Operaciones.

Ing. Gustavo Herrera Ledezma, director de Gestión Ambiental.

En el caso del director de Ingeniería, se le atribuye, entre otros aspectos, permitir la ocupación de terrenos municipales, omitir la aplicación de la Ley de Construcciones, no actuar ante presuntas violaciones a la zona de protección del río Torres, y emitir criterios técnicos con información supuestamente falsa o imprecisa. También se cuestiona un presunto trato favorable a intereses privados en detrimento del patrimonio municipal.

Respecto al director de Gestión Ambiental, el denunciante señala alteraciones en documentos oficiales, manejo irregular de denuncias ambientales, omisiones ante invasiones a la zona de protección fluvial y un posible incumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente.

Construcción bajo cuestionamiento

La gestión dedica un apartado específico a una construcción atribuida a Lucía Navarro Corella, la cual, según March, presentaría múltiples irregularidades: obras sin permisos vigentes, invasión de la vía pública, incumplimiento de los retiros de protección del río Torres, y un terreno que no cumpliría con los requisitos mínimos del Plan Regulador.

El denunciante afirma que, pese a informes del MINAE y del Ministerio de Salud, la Municipalidad habría mantenido inacción durante aproximadamente siete años.

Documentación aportada

Como respaldo, March adjunta escrituras notariales, actas municipales, oficios del Registro Inmobiliario, planos catastrales, informes ambientales, mapas históricos y fotografías aéreas, entre otros documentos, los cuales solicita que sean valorados en una revisión legal y catastral integral.

Lo que se solicita a la Municipalidad

Entre las peticiones finales destacan:

Una definición clara y formal sobre la naturaleza jurídica de los terrenos.

La revisión registral y legal completa de las fincas involucradas.

Acciones para restablecer la condición de bienes públicos, si así corresponde.

La investigación y eventual sanción administrativa de los funcionarios señalados.

Ser informado oficialmente sobre los resultados de las gestiones.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Goicoechea no ha informado públicamente si se abrirán los procesos administrativos solicitados ni ha emitido una posición oficial sobre los señalamientos planteados.