Regidora Municipal es denunciada penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gabriela Umaña, periodista).- María Lorena Ortíz Salazar, regidora municipal de Goicoechea por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue denunciada penalmente el pasado 5 de enero ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), según consta en el expediente judicial 25-000-411-1218-PE.
De acuerdo con la denuncia —de la cual La Voz de Goicoechea tiene copia— se habrían cometido presuntas violaciones a la normativa urbanística, así como al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y a diversas sentencias de la Sala Constitucional, relacionadas con el inicio del proyecto de construcción de un Centro Diurno para Personas Adultas Mayores.
Según el expediente, la obra se pretende desarrollar en un terreno que forma parte del parque infantil y las zonas verdes de la urbanización Bruncas, en el distrito de Mata de Plátano. Dichas áreas tendrían un destino específico establecido por ley para el recreo y esparcimiento de la comunidad, particularmente de la población infantil.
La denuncia señala que Ortíz Salazar, en conjunto con otros funcionarios municipales, habría intentado cambiar el uso del suelo de estos espacios públicos sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente. La normativa vigente establece que cualquier modificación en el destino de parques infantiles o zonas verdes debe realizarse mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ante la Fiscalía Anticorrupción se denuncian tres presuntos delitos penales: prevaricato, incumplimiento de deberes y fraude de ley, los cuales podrían conllevar penas de prisión superiores a los cinco años, en caso de comprobarse responsabilidades.
El documento presentado ante FAPTA sostiene que los denunciados actuaron con pleno conocimiento de que la Constitución Política y la legislación aplicable les impedían dictar actos administrativos que alteraran el uso legal del terreno en cuestión.
Como parte del proceso judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea ordenó la suspensión temporal de las obras, mediante una medida cautelar provisionalísima, mientras se resuelve el fondo del asunto.
