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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El Concejo Municipal de Goicoechea aprobó la creación de una comisión especial investigadora para analizar el accionar de la Oficina de Patentes y de la Policía Municipal, luego de múltiples denuncias presentadas por comerciantes de Guadalupe tras un operativo realizado durante la madrugada del sábado 2 de mayo.
La medida quedó establecida en el Acuerdo 0994-2026, adoptado durante la Sesión Ordinaria 18-2026 del pasado 4 de mayo y posteriormente modificado mediante un recurso de revisión aprobado el 11 de mayo, en la Sesión Ordinaria 19-2026.
Comerciantes denunciaron irregularidades
El operativo municipal tenía como objetivo fiscalizar e intervenir distintos establecimientos comerciales del distrito de Guadalupe. Sin embargo, horas después de la intervención, representantes del sector comercial manifestaron su inconformidad ante las autoridades locales, alegando supuestas irregularidades y posibles abusos de autoridad.
Entre los principales señalamientos figuran actuaciones fuera de los horarios y protocolos establecidos, ausencia de notificaciones previas y un trato que, según los afectados, habría vulnerado derechos fundamentales y afectado la continuidad de sus actividades económicas.
El lunes 4 de mayo, el Concejo Municipal sostuvo una audiencia con los comerciantes afectados, espacio en el que se recopilaron testimonios, denuncias y elementos probatorios relacionados con la actuación de funcionarios municipales durante el operativo.
De acuerdo con lo consignado en el acuerdo municipal, de esa audiencia surgieron “indicios razonables” de que los hechos denunciados podrían eventualmente configurar el delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal, presuntamente cometido por funcionarios de la Policía Municipal y personal de la Oficina de Patentes en el ejercicio de sus cargos.
Concejo acuerda abrir investigación
Ante este escenario, varios regidores presentaron una moción para conformar una comisión investigadora, amparados en las facultades de fiscalización y control político-administrativo que otorga el Código Municipal.
Según el acuerdo aprobado, la comisión tendrá la responsabilidad de analizar toda la información recopilada, determinar si existieron faltas administrativas o posibles delitos y emitir las recomendaciones correspondientes.
En un primer momento, el Concejo también instruyó a la Administración Municipal a tomar medidas para preservar toda la evidencia relacionada con el caso, advirtiendo sobre posibles sanciones administrativas y legales en caso de obstrucción, ocultamiento o destrucción de información.
Asimismo, se ordenó comunicar el acuerdo a la Alcaldía Municipal, la Dirección de Policía Municipal, la Oficina de Patentes, la fiscalía general de la República, los comerciantes involucrados y medios de comunicación locales.
Modificación al acuerdo generó división
Posteriormente, las regidoras Lorena Ortiz Salazar y Johana Oviedo Mora presentaron un recurso de revisión con el objetivo de reforzar uno de los puntos centrales del acuerdo.
La modificación aprobada establece expresamente que la Administración Municipal deberá conservar de forma inmediata y poner a disposición de la comisión investigadora toda la documentación y material probatorio relacionado con los hechos denunciados.
La revisión fue aprobada por mayoría simple, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Los votos negativos correspondieron a los regidores Vilma García Hernández (PLN), Carlos Luis Murillo Rodríguez (PUSC), Carmen Martínez Barahona (PLN) y William Fallas Bogarín (PUP).
El acuerdo quedó en firme.
“Debemos garantizar transparencia”
La presidenta municipal, Gloriana Carmona, aseguró que la conformación de esta comisión representa “un paso fundamental para mantener la transparencia y el respeto a los derechos de todos los habitantes y actores económicos del cantón”.
Además, indicó que el proceso investigativo tendrá seguimiento público y que el Concejo dará a conocer oportunamente los avances y conclusiones que emita la comisión especial.
La investigación municipal buscará esclarecer lo ocurrido durante el operativo y determinar eventuales responsabilidades administrativas o legales derivadas de las actuaciones denunciadas.
