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Nacional

Alerta por estafas telefónicas desde cárceles: autoridades piden no confiar en llamadas de desconocidos

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- Las autoridades costarricenses han encendido nuevamente las alertas ante el resurgimiento de estafas telefónicas tipo “call center”, que presuntamente se estarían coordinando desde centros penitenciarios del país.

El aviso se refuerza tras un caso reciente en el que un sujeto intentó engañar a un ciudadano mediante una llamada con aparentes fines fraudulentos. Según se reportó, el individuo interrumpió la comunicación de forma inmediata al notar que la víctima comenzaba a sospechar del engaño.

Este tipo de modalidad delictiva consiste en llamadas masivas realizadas por privados de libertad —o personas vinculadas a ellos— que se hacen pasar por funcionarios de instituciones públicas, entidades bancarias o empresas privadas, con el objetivo de obtener dinero o información confidencial.

Ante este escenario, las autoridades hacen un fuerte llamado a la población a cuidarse de llamadas telefónicas de desconocidos, recordando que ninguna institución oficial solicita datos personales, bancarios o códigos de verificación por esta vía.

“Es fundamental no brindar información sensible a través de llamadas inesperadas”, reiteraron voceros, quienes insisten en que la prevención ciudadana es clave para frenar este tipo de delitos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Desconfiar de llamadas inesperadas que soliciten dinero o datos confidenciales.

Verificar directamente con la institución antes de realizar cualquier trámite.

Colgar de inmediato si detecta inconsistencias o presión en la llamada.

Denunciar cualquier intento de estafa ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este nuevo incidente pone en evidencia que las estafas telefónicas continúan evolucionando y afectando a ciudadanos en todo el país, por lo que mantenerse informado y actuar con cautela resulta esencial para evitar ser víctima.

Nacional

OMERCON alerta sobre riesgos en proyecto de ley de información crediticia

Entidad advierte que iniciativa abriría portillo para la mercantilización de datos personales y debilitaría el control público

LA VOZ DE GOICOECHEA, (por Isaí Jara, periodista).- El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) lanzó una advertencia sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley N.º 24.374, que busca regular la información crediticia en Costa Rica. Según la organización, la propuesta podría generar riesgos significativos para la privacidad de la ciudadanía y favorecer el uso comercial de datos personales sensibles.

En un pronunciamiento dirigido a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, OMERCON señaló que, pese a su enfoque en la protección de datos, el proyecto abre “un portillo estructural para la mercantilización de la información personal financiera” de los costarricenses.

La entidad advirtió que existe una contradicción central en la iniciativa: mientras plantea salvaguardar los datos personales, permitiría su circulación en el ámbito privado sin mecanismos institucionales suficientes que garanticen su protección efectiva.

Datos sensibles y riesgos de seguridad

El organismo destacó que los historiales crediticios contienen información altamente sensible, como ingresos, niveles de endeudamiento, relaciones con fiadores y patrones financieros. En un contexto de aumento de la criminalidad, estos datos podrían ser utilizados por estructuras delictivas para actividades como extorsión o fraude.

Además, OMERCON subrayó que la experiencia internacional demuestra que filtraciones en burós de crédito privados han sido utilizadas para delitos a gran escala, lo que incrementa la preocupación sobre la apertura propuesta en el proyecto.

Críticas al modelo propuesto

El Observatorio cuestionó que la iniciativa limite el uso de datos por parte de entidades públicas como la SUGEF o el Banco Central, mientras amplía su acceso a actores privados sin el mismo nivel de fiscalización.

“Menos control público y más poder privado implica un mayor riesgo para la ciudadanía”, advierte el documento, que también considera innecesaria la creación de registros privados al no evidenciarse fallas estructurales en el actual sistema público de información crediticia.

Impacto en los consumidores

Entre los posibles efectos negativos, OMERCON mencionó el aumento de trámites para corregir errores en historiales crediticios, el riesgo de daños reputacionales por registros incorrectos y la perpetuación del sobreendeudamiento al no responsabilizar a las entidades que otorgan crédito sin evaluar la capacidad de pago.

Propuesta alternativa

Frente a este escenario, la organización propuso fortalecer el Centro de Información Crediticia de la SUGEF, endurecer sanciones por uso indebido de datos, prohibir su comercialización y avanzar en la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor Financiero.

Asimismo, recomendó mantener la gestión de los historiales crediticios dentro del ámbito público, siguiendo modelos internacionales que priorizan el control estatal sobre este tipo de información.

El proyecto de ley continúa en análisis en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde OMERCON reiteró su disposición a participar en el debate técnico.

Nacional

IFAM revela diagnóstico de acueductos municipales: 29 cantones abastecen al 15% de la población

Estudio identifica fortalezas en la calidad del servicio, pero advierte retos en infraestructura, crecimiento urbano y cambio climático

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) presentó este miércoles un diagnóstico nacional sobre los acueductos administrados por gobiernos locales, el cual evidencia que 29 cantones abastecen aproximadamente al 15% de la población costarricense, consolidando a las municipalidades como actores clave en la gestión del agua potable.

El informe, elaborado entre 2025 y 2026, evaluó aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y de calidad del servicio mediante visitas a distintas municipalidades que operan sistemas de acueductos.

La presentación se realizó en Moravia, San José, con la participación de autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), representantes municipales y equipos técnicos del sector.

La presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, destacó que el estudio ofrece una base sólida para la toma de decisiones en materia de inversión y fortalecimiento institucional.

“Este diagnóstico nos permite tener una radiografía clara de la situación de los acueductos municipales y, a partir de ahí, orientar la inversión, fortalecer la gestión local y garantizar la sostenibilidad del servicio en el tiempo”, afirmó.

Resultados y desafíos

Entre los principales hallazgos, el documento señala que, en términos generales, los sistemas evaluados cumplen con parámetros aceptables en cantidad, continuidad y calidad del agua suministrada.

No obstante, también advierte sobre desafíos relevantes como el envejecimiento de la infraestructura, el crecimiento urbano no planificado y las presiones asociadas al cambio climático, factores que podrían comprometer la sostenibilidad del servicio en el mediano y largo plazo.

Ruta de acción

El diagnóstico plantea la necesidad de impulsar inversiones estratégicas en infraestructura, proteger las fuentes hídricas y reducir las pérdidas en las redes de distribución. Asimismo, subraya la importancia de fortalecer la gestión administrativa y financiera de los acueductos municipales.

Otro punto clave es la articulación interinstitucional, especialmente con el AyA, como elemento fundamental para avanzar hacia una mayor seguridad hídrica en las comunidades.

El IFAM, que en 2026 celebra 55 años de trayectoria como aliado del régimen municipal, reiteró su compromiso de continuar apoyando a los gobiernos locales mediante asistencia técnica, financiamiento accesible y programas de capacitación.

“Gobiernos locales fuertes hacen un país más fuerte”, destacó la institución.

El informe servirá como base para el diseño de planes de acción e inversión a corto y mediano plazo, con el objetivo de cerrar brechas y garantizar el acceso al agua potable como un pilar del desarrollo territorial en el país.

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