La seguridad también se construye antes de la cárcel
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak Assad, columnista).- El artículo de Francisco Castaig Bustillo publicado hoy viernes plantea una preocupación legítima: el Estado debe recuperar el control efectivo de los centros penitenciarios y proteger a la población frente al crimen organizado. Las víctimas merecen justicia, protección y reparación. Sin embargo, desde una perspectiva criminológica y del trabajo social, conviene distinguir entre contener a quienes delinquen y transformar las condiciones que permiten que la criminalidad se reproduzca.
Una cárcel de alta seguridad puede ser necesaria para determinados perfiles, pero su construcción también debe llevarnos a revisar nuestras omisiones. ¿Qué hicimos para mantener a los niños y adolescentes dentro del sistema educativo? ¿Qué oportunidades reales de formación y empleo ofrecimos a las juventudes? ¿Con qué continuidad atendimos la violencia familiar, las adicciones y el reclutamiento criminal en las comunidades? La prevención no puede limitarse a discursos o a proyectos breves, mientras la respuesta penitenciaria concentra la atención pública.
Invertir correctamente en educación exige mucho más que asignar recursos: requiere asegurar aprendizajes, permanencia escolar, apoyos oportunos y posibilidades reales de continuar estudiando o de acceder a un trabajo digno. Desde el trabajo social, esto supone intervenir con las familias y los territorios, articular instituciones y evaluar resultados. La pobreza no determina la delincuencia, ni las personas excluidas son delincuentes potenciales; pero dejar necesidades y vulnerabilidades sin atender puede facilitar que las organizaciones criminales encuentren espacios de captación. La prevención del crimen organizado necesita integrar las políticas sociales y económicas.
También corresponde examinar la respuesta legislativa. Sería impreciso afirmar que Costa Rica no ha actualizado ninguna ley durante décadas: existen reformas y una legislación específica contra la delincuencia organizada. La pregunta profesional es si esos instrumentos responden a las modalidades actuales del delito, si se aplican oportunamente y si las instituciones cuentan con recursos para hacerlos efectivos. Actualizar la legislación debe servir para investigar mejor, proteger testigos, perseguir el dinero ilícito y combatir la corrupción; aumentar las penas, por sí solo, no resuelve esos desafíos.
En este punto, el artículo atribuye al rigor penitenciario un efecto disuasorio que requiere matices. La evidencia revisada por el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos indica que la certeza de ser descubierto y sancionado tiene mayor peso disuasorio que incrementar la severidad del castigo. Una prisión más estricta puede limitar la actuación de quienes están recluidos, pero difícilmente intimidará de manera suficiente a quienes consideran que tienen pocas probabilidades de ser capturados.
Es necesario, además, aclarar el significado de los derechos humanos: no autorizan privilegios indebidos, comunicaciones criminales ni ausencia de disciplina.
Respecto del CACCO, su aporte potencial debe evaluarse con criterios concretos: impedir órdenes delictivas desde la prisión, controlar las comunicaciones ilícitas, evitar la corrupción interna y gestionar adecuadamente los distintos niveles de riesgo. La infraestructura necesita personal capacitado, supervisión independiente, inteligencia penitenciaria y una administración competente. Las deficiencias de gestión y la corrupción pueden convertir las cárceles en espacios de reclutamiento y fortalecimiento criminal, independientemente de sus muros.
Por ello, su inauguración no permite todavía atribuirle una reducción de la inseguridad nacional. Su eficacia deberá medirse con resultados sostenidos: menos delitos coordinados desde las cárceles, menor violencia penitenciaria y una contribución verificable a la seguridad pública, considerando también las demás medidas aplicadas. Si las redes financieras, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y el reclutamiento continúan funcionando afuera, encarcelar a los integrantes puede dejar intacta la capacidad de reemplazarlos.
La preocupación por una posible penetración del narcotráfico en las instituciones merece atención urgente y debe analizarse junto con los factores anteriores: las deficiencias educativas, la falta de oportunidades laborales, los vacíos legales y las debilidades en la prevención y la investigación criminal. La respuesta también debe incluir controles contra la corrupción, transparencia y una investigación rigurosa del financiamiento ilícito y de las redes de protección que facilitan la actividad criminal. Una cárcel de alta seguridad tendrá un alcance limitado si esas estructuras continúan operando fuera de ella.
Finalmente, discrepo de que primero debamos consolidar la contención para después desarrollar la prevención. Ambas deben avanzar simultáneamente. Mientras se investigan los delitos y se ejecutan las penas, también hay que sostener la educación, abrir oportunidades laborales, fortalecer las comunidades y atender a las víctimas. Posponer nuevamente estas tareas significa permitir que continúe el proceso que alimenta la violencia.
El CACCO puede ser una herramienta de contención relevante. Su verdadero alcance dependerá de una política de seguridad que investigue, sancione, prevenga y rinda cuentas. El éxito del Estado deberá medirse tanto por su capacidad de detener a quienes delinquen como por su capacidad de evitar nuevas víctimas y nuevas generaciones reclutadas por el crimen organizado.
