LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak, comunicador).- Costa Rica es un país conocido por su paciencia. Demasiada paciente. Ha tolerado el avance lento de la infraestructura, los problemas de los hospitales, el deterioro de las escuelas y leyes que se discuten por años sin llegar a puerto.

Sin embargo, hay una obligación que pesa más que todas esas juntas: la deuda de la asamblea legislativa con la ciudadanía.

No es una deuda que se cancele con discursos emotivos, ni se salde con selfies en el plenario. Es una deuda que lleva un nombre doloroso y directo: falta de resultados tangibles.

Una asamblea que ve el país desde lejos

Mientras miles de costarricenses lidian diariamente con el aumento de la inseguridad, el desempleo y el colapso de los servicios públicos, el Congreso parece abstraerse. Se pierde en debates eternos, luchas partidarias y discusiones que, para muchos, parecen diseñadas para garantizar que el statu quo permanezca intacto.

La asamblea debería ser el motor que impulse las soluciones del país, pero hoy, en la percepción popular, actúa como el freno.

Afirman “estar trabajando”, pero el país no siempre lo siente en su bolsillo o en su barrio. Declaran “estar fiscalizando”, pero los casos de corrupción siguen floreciendo. Insisten en “estar legislando”, pero las leyes urgentes, aquellas que podrían cambiar vidas, se estiran en comisiones que avanzan a paso de tortuga.

La deuda más grande: no escuchar al pueblo

La ciudadanía ha clamado por acciones concretas, pero lo que ha recibido a cambio ha sido una mezcla de cálculos políticos y peleas ideológicas.

La gente pidió soluciones para la seguridad: recibió disputas internas.

La gente pidió mejorar la educación: recibió excusas y diagnósticos que ya se conocen.

La gente pidió modernizar el Estado: recibió más burocracia y proyectos archivados.

La principal obligación de la asamblea es con el derecho a un país que funcione, y eso implica escuchar sin el filtro del partido o de la estrategia electoral inmediata.

La paradoja de la agilidad: la guerra política como prioridad

Existe una dolorosa paradoja que la opinión pública ha captado: el congreso tiene dos velocidades.

Cuando se trata del trabajo real —seguridad, empleo, educación—, todo se vuelve lento y complicado.

Pero cuando la agenda cambia a atacar a un presidente, golpear a un partido rival o capitalizar una tormenta mediática, de pronto la inoperancia desaparece. El congreso demuestra una agilidad que es, al mismo tiempo, sorprendente y frustrante.

Comisiones que se convocan de un día para otro, acuerdos que aparecen sin obstáculos, votos que se consiguen casi por arte de magia. El engranaje se lubrica cuando el objetivo es el adversario político, especialmente si este ha osado confrontar a los legisladores exponiendo su ineficacia.

Este contraste es el más doloroso: lo que no se hace por la gente, se logra con eficiencia para la disputa política. Mientras tanto, las leyes fundamentales que podrían mejorar la vida de la población siguen esperando turno indefinidamente.

Legislar no es hacer show

La actividad en los pasillos de Cuesta de Moras está llena de discursos apasionados y golpes de mesa. Sin embargo, para los ciudadanos en Guadalupe, Ipis, Moravia, Coronado y el resto del país, la pregunta persiste: ¿Tanta energía se traduce en algo que mejore mi vida?

La deuda crece con cada proyecto que se aprueba respondiendo a intereses de grupo en lugar de a las necesidades urgentes de la mayoría. Crece cada vez que una comisión se convierte en un espectáculo sin consecuencias. Crece con cada diputado que usa su curul para atacar en lugar de construir.

El país no pide milagros, solo diputados que legislen con datos, escuchen con humildad y trabajen con una visión de futuro que trascienda los cuatro años de su periodo.

La Asamblea Legislativa debe reconocer que la deuda existe y empezar a pagarla. No con promesas ni discursos de madrugada.

La deuda se paga con hechos y resultados que la ciudadanía sienta en su vida diaria. Porque la verdadera obligación no es con el Ejecutivo, ni con los partidos, ni con los sectores económicos.

La deuda es con la ciudadanía. Y tarde o temprano, todo país cobra lo que se le debe.