Incapacidades médicas y actividad política: el debate sobre coherencia institucional en Costa Rica
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Nabil Mouaffak).- La seguridad social y el régimen de incapacidades médicas han sido, históricamente, pilares del Estado Social de Derecho en Costa Rica. Más allá de su dimensión laboral, estos mecanismos existen para proteger la salud, la maternidad y la dignidad de las personas trabajadoras frente a presiones económicas, institucionales o políticas.
Sin embargo, en los últimos años han surgido casos que han abierto un debate inevitable: ¿se están aplicando los mismos criterios cuando una persona interrumpe una incapacidad médica para participar en actividades políticas?
El cuestionamiento no es nuevo. Tiempo atrás, un señalamiento público involucró a una jefatura de despacho vinculada al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), quien habría interrumpido una incapacidad otorgada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para asistir a una asamblea nacional de su partido político. En aquel momento, la reacción institucional y mediática fue inmediata, y el mensaje predominante fue claro: una incapacidad médica no debe interrumpirse para realizar actividad política activa.
Hoy, situaciones similares vuelven a colocarse en el centro del debate público, esta vez protagonizadas por figuras políticas de alto perfil, incluidas diputaciones en ejercicio. Casos como el de la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, así como otros señalamientos públicos que han involucrado a Katia Calvo Cruz, han reactivado una pregunta incómoda pero necesaria para la democracia costarricense:
¿Debe variar la reacción institucional y social según el cargo, el partido político o el contexto coyuntural?
Desde una perspectiva de coherencia institucional, si las conductas son funcionalmente equivalentes —interrumpir una incapacidad médica para participar activamente en eventos políticos o ejercer funciones—, el estándar de análisis debería ser el mismo, sin excepciones.
No se trata de persecuciones personales ni de juicios políticos, sino de consistencia en la aplicación de las normas.
El fondo del debate: el precedente, no las personas
Este debate no busca cuestionar maternidades, enfermedades ni derechos adquiridos, ni tampoco deslegitimar la participación política como tal. El problema de fondo es el precedente que se establece cuando una incapacidad médica se relativiza por razones políticas.
Cuando esto ocurre, se debilita la credibilidad de un sistema que existe precisamente para proteger a toda la población trabajadora. Y ese debilitamiento tiene consecuencias colectivas.
Abrir esta discusión no debilita la seguridad social; por el contrario, puede fortalecerla, siempre que se aborde con seriedad y sin dobles discursos. El verdadero foco debería ser una pregunta estructural:
¿El régimen actual de incapacidades responde de forma clara, justa y equitativa a la realidad del país, sin abrir portillos para abusos o privilegios?
Revisar, estudiar y eventualmente ajustar el sistema, si así se determina necesario, no implica atacar a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el INS, sino blindarlas frente a usos discrecionales que erosionan su legitimidad ante la ciudadanía.
La seguridad social costarricense no puede depender del cargo que se ostenta ni de la urgencia política del momento. Debe proteger con la misma firmeza a una trabajadora del sector privado, a una funcionaria pública y a una diputada de la República.
Porque cuando la ley se flexibiliza para unos pocos, termina endureciéndose injustamente para el resto.
Este no es un debate contra personas, partidos políticos ni maternidades. Es una discusión a favor de la coherencia, la equidad y la protección real de uno de los pilares más importantes del país.
Si Costa Rica decide dar este paso, debe hacerlo con madurez, transparencia y una premisa clara: la seguridad social es intocable precisamente porque debe ser justa para todas y todos.
