LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Aníbal Porras, periodista).- El 2025 dejó en Goicoechea una señal preocupante que atraviesa distintos episodios de la gestión municipal: la idea de que los servicios públicos no se conciben como derechos financiados por los impuestos de la ciudadanía, sino como favores que la Municipalidad “otorga” discrecionalmente.

Cuando una administración pública comienza a verse a sí misma como una pulpería familiar —donde se reparte según cercanía o conveniencia— surge una pregunta inevitable: ¿quién gana realmente con ese modelo de gestión?

Basura “no tradicional”: un servicio que sí se paga

Uno de los discursos más reiterados durante el año fue presentar la recolección de basura no tradicional como un servicio “que no se cobra”. Sin embargo, la realidad es clara: ese servicio se financia con impuestos, patentes y tributos municipales.

Insistir en que “no se cobra” instala una narrativa peligrosa: la de que el vecino debe agradecer en lugar de exigir calidad, planificación, eficiencia y rendición de cuentas. Esa lógica no solo es incorrecta, sino que contradice principios básicos de una gestión moderna y democrática.

Finca El Maderal: dudas sobre el destino de un bien común

El conflicto alrededor de Finca El Maderal marcó otro de los puntos más tensos del 2025. Desde etapas tempranas, sectores de la comunidad advirtieron que el proyecto parecía encaminarse —de forma abierta o encubierta— a convertir el terreno en un sitio de disposición de residuos para Goicoechea y San José.

Las decisiones rápidas, la escasa información y la falta de diálogo alimentaron la desconfianza ciudadana. Cuando se habla poco y se decide mucho, la transparencia se debilita y surgen sospechas legítimas sobre intereses económicos que no han sido debidamente aclarados.

Guardas municipales: despedidos por reclamar derechos laborales

Uno de los episodios más graves del año fue el despido de varios guardas municipales que reclamaron el pago de horas extra acumuladas durante años, producto de una interpretación administrativa errónea de sus contratos.

Más allá de los despidos, dos silencios resultaron particularmente alarmantes: la ausencia de una intervención sindical efectiva y la denuncia de que una persona conocida en el cantón habría ofrecido recontratar a uno de los guardas a cambio de compartir su liquidación. De confirmarse, se trataría de un caso claro de clientelismo, incompatible con cualquier estándar de gestión pública.

Parque Santiago Jara: el símbolo del “ya casi”

El Parque Santiago Jara se consolidó como símbolo del abandono institucional. Más de una década con orden sanitaria sin solución definitiva ha dejado al cantón sin un parque central funcional, iluminado o vivo, incluso en fechas emblemáticas como la Navidad.

Mientras tanto, millones de colones se destinaron a iluminar y decorar el Parque Centenario, incluso trasladando plantas desde el plantel municipal para “maquillar” el espacio. La postal es irónica y dolorosa: un parque histórico en ruinas y otro embellecido para la foto oficial.

La promesa de que la remodelación del Parque Santiago Jara “ya casi empieza” se repite desde hace casi tres años, con el temor de que termine archivada como el Plan Regulador: eternamente pendiente.

Parque Centenario y el Tacofest: lo público al servicio privado

El uso del Parque Centenario para un megaevento gastronómico también dejó interrogantes sin respuesta. El Tacofest fue un éxito comercial, pero el debate no gira en torno a la calidad de los tacos, sino a la gestión de lo público.

¿Cuánto ganó la Municipalidad? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Por qué los emprendedores locales no pudieron participar?

La respuesta se repite entre comerciantes del cantón: no existe apoyo municipal real ni acompañamiento técnico para mantener permisos y requisitos al día. Lo público se presta, lo local se excluye.

Piscina municipal: tres años cerrada

A pocos metros del centro de Guadalupe, la piscina municipal continúa cerrada tras tres años. Un proyecto que se volvió opaco, gestionado por un Comité de Deportes que evitó brindar información hasta que la Sala Constitucional lo exigió.

La obra se dio por “terminada” en noviembre de 2025. Ahora faltan limpieza, ajustes y trámites. La reapertura podría darse en tres o cuatro meses… o quizá cerca del calendario electoral, cuando la urgencia institucional suele aumentar.

El saldo del 2025

Así cerró el 2025 en Goicoechea: servicios presentados como favores, obras inauguradas en discursos pero no en la vida cotidiana, parques abandonados y una administración que confunde gestión pública con administración de pulpería.

Solo queda esperar que el 2026 sea diferente. Aunque, tras más de dos décadas de estancamiento, la ciudadanía empieza a cambiar el aplauso por la exigencia.

En Goicoechea, ya no es sarcasmo: es memoria.