Funcionarias del MEP Desobedecen Orden de la Sala Constitucional; caso Podría llegar a la Fiscalía Judicial
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó el incumplimiento de una orden judicial por parte de dos altas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), situación que podría derivar en una denuncia ante la Fiscalía Judicial por una eventual desobediencia a la autoridad.
Así se desprende de la resolución N.° 2026018931, emitida dentro del expediente 22-010875-0007-CO, en la que el tribunal determinó que las funcionarias no atendieron lo dispuesto previamente por los magistrados en relación con la restauración del inmueble histórico conocido como “La Casona”, declarado patrimonio arquitectónico.
Las señaladas son Sofía Ramírez González, en su condición de viceministra Administrativa del MEP, y Lourdes Sáurez Barboza, directora de Infraestructura Educativa.
Según el fallo, ambas debían presentar informes trimestrales y ejecutar diversas gestiones administrativas vinculadas con el proceso de restauración del edificio. La obligación había sido establecida mediante el Voto Interlocutorio N.° 2025-021870, dictado el 15 de julio de 2025, que otorgó un plazo improrrogable de 18 meses para completar las actuaciones correspondientes y reportar detalladamente los avances del proyecto.
Entre la información requerida figuraban aspectos relacionados con la contratación, adjudicación y ejecución de las obras, así como el cumplimiento del cronograma establecido y cualquier incidencia que afectara el desarrollo de la intervención patrimonial.
No obstante, tras revisar los registros del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, la Sala constató que entre el 19 y el 21 de mayo de 2026 ninguna de las funcionarias presentó escritos, documentos o informes que acreditaran el cumplimiento de la orden judicial.
“Tal omisión se verifica sin que medie justificación alguna que la explique o desvirtúe”, indica la resolución redactada por el magistrado Fernando Castillo Víquez.
La gestión que dio origen a esta nueva actuación fue promovida por el abogado y periodista Daniel Antonio Madrigal Sojo, quien puso en conocimiento de la Sala el presunto incumplimiento de las autoridades educativas.
En consecuencia, el tribunal tuvo por ciertos los hechos denunciados al no existir prueba en contrario y reiteró a las funcionarias la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado.
Además, la Sala advirtió expresamente que, de persistir el desacato, podría iniciarse un procedimiento disciplinario en su contra y ordenarse el envío de su testimonio al Ministerio Público, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales o administrativas derivadas del incumplimiento.
La resolución también dispone que la notificación sea realizada personalmente a las actuales ocupantes de esos cargos y a quienes eventualmente las sustituyan.
Los magistrados recordaron que, conforme a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Sala constituye una falta grave y que las autoridades públicas están obligadas a ejecutar lo dispuesto sin dilaciones ni excusas.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación Pública no había emitido una posición oficial sobre el contenido del fallo ni explicado las razones por las cuales no fueron presentados los informes requeridos dentro del plazo establecido.
La restauración de “La Casona” ha sido considerada un proyecto de interés nacional debido a su valor histórico y arquitectónico. Los retrasos en su ejecución han generado preocupación entre vecinos y organizaciones culturales que han dado seguimiento al estado de conservación del inmueble.
La Voz de Goicoechea intentó obtener una reacción por parte de las autoridades del MEP; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.
Debe estar conectado para enviar un comentario.