Fiscalía Anticorrupción investiga a mayoría del Concejo Municipal y al director de Ingeniería de Goicoechea por permisos en parque infantil
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gabriela Umaña).- Las denuncias penales contra autoridades municipales de Goicoechea continúan ampliándose. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), investiga ahora a la mayoría de regidores municipales que votaron a favor del proyecto, así como al director de Ingeniería Municipal, por presuntas irregularidades en la aprobación de un proyecto constructivo en un terreno legalmente destinado a parque infantil y zonas verdes.
En esta nueva etapa del proceso, fueron denunciados penalmente los regidores de apellidos Carmona Saravalli, del Partido Frente Amplio (PFA), y Vargas Brenes, del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes se suman a otros 5 miembros del Concejo Municipal que avalaron el acuerdo. También figura como denunciado el ingeniero Mario Iván Rojas, director de Ingeniería Municipal de Goicoechea.
La denuncia, presentada el pasado 5 de enero, se tramita bajo el expediente judicial 25-000-411-1218-PE, del cual La Voz de Goicoechea tiene copia.
Proyecto autorizado pese a prohibición legal
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, los hechos se relacionan con la aprobación del proyecto para construir un Centro Diurno para Personas Adultas Mayores en un terreno que forma parte del parque infantil y zonas verdes de la urbanización Bruncas, en el distrito de Mata de Plátano.
Estos terrenos cuentan con un destino legal específico para recreación y esparcimiento comunitario, especialmente de la niñez, condición que —según la denuncia— no puede ser modificada mediante acuerdos administrativos municipales.
El escrito sostiene que la mayoría de los regidores denunciados, junto con el director de Ingeniería, habrían avalado y promovido el cambio de uso del suelo a sabiendas de que la normativa urbanística y la Constitución Política lo prohíben, sin cumplir el procedimiento legal que exige la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa para modificar el destino de parques infantiles o áreas verdes.
Presuntas violaciones a la ley y sentencias constitucionales
La denuncia señala posibles violaciones al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, así como el desacato de reiteradas sentencias de la Sala Constitucional, que han establecido que las áreas destinadas a parques y zonas verdes tienen un régimen de protección reforzado.
Según el expediente, las autoridades municipales habrían actuado en contravención expresa de estas disposiciones, permitiendo el inicio de un proyecto que no contaba con sustento legal suficiente.
Delitos investigados y posibles penas
Ante la Fiscalía Anticorrupción se denuncian tres presuntos delitos penales:
Prevaricato
Incumplimiento de deberes
Fraude de ley
De comprobarse las responsabilidades penales, estas conductas podrían acarrear penas de prisión superiores a los cinco años, de conformidad con la legislación vigente.
El documento presentado ante la Fiscalía sostiene que los denunciados tenían pleno conocimiento de las restricciones legales existentes y, aun así, procedieron a dictar actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico.
Obras suspendidas por orden judicial
Como parte del proceso, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la suspensión temporal de las obras, mediante una medida cautelar provisionalísima, mientras se analiza el fondo del caso y se determina si existieron actuaciones ilegales por parte de las autoridades municipales.
La decisión judicial refuerza los cuestionamientos sobre la legalidad del proyecto y la actuación del Concejo Municipal.
Fuerte oposición vecinal
El proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de vecinos de la comunidad, quienes denuncian la pérdida de un espacio destinado históricamente al juego, recreación y esparcimiento de niñas y niños, así como la afectación de áreas verdes de uso público.
El caso ha reavivado el debate local sobre el respeto a la legalidad, la protección de los espacios públicos y la rendición de cuentas de las autoridades municipales.
La Voz de Goicoechea dará seguimiento al avance de este proceso judicial y a las eventuales resoluciones que emitan las autoridades competentes.
