Editorial
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- En Costa Rica existe una constante que parece repetirse cada vez que la Sala Constitucional dicta una resolución de profundo impacto político: quien se siente afectado acusa al tribunal de dar un “golpe de Estado”, de “usurpar funciones” o de invadir competencias que corresponden a otros poderes de la República.
Hoy esas expresiones vuelven a ocupar titulares tras la resolución que ordenó a la Asamblea Legislativa reactivar el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes. Desde el oficialismo se habla de una Sala que pretende gobernar desde los tribunales. Pero la historia demuestra que ese discurso no nació con el actual Gobierno ni pertenece a una sola corriente política.
Costa Rica ya ha recorrido ese camino.
En 2003, cuando la Sala Constitucional anuló la reforma de 1969 que impedía la reelección presidencial consecutiva y abrió la puerta al regreso de Óscar Arias Sánchez, numerosos dirigentes políticos calificaron aquella sentencia como un “golpe de Estado constitucional”. El debate alcanzó tal magnitud que dio origen a libros, foros académicos y una de las discusiones constitucionales más intensas de nuestra historia reciente.
Las críticas no fueron únicamente políticas. La ANEP sostuvo entonces que se había producido un “golpe de Estado técnico” contra la Asamblea Legislativa, mientras otros sectores denunciaban que el tribunal había alterado el equilibrio institucional para favorecer determinados intereses.
Cuatro años después, la historia volvió a repetirse.
Cuando la Sala rechazó las consultas de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y permitió que el tema fuera sometido a referéndum, las manifestaciones frente al edificio de la Sala IV fueron multitudinarias. Hubo consignas que calificaban a los magistrados de vendidos, se habló nuevamente de ruptura del orden constitucional y dirigentes sindicales afirmaron que la separación de poderes había desaparecido.
El entonces secretario general de la ANEP llegó a afirmar que “los tres poderes quedaron unidos en uno”. Otros denunciaban una supuesta conspiración entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones y la propia Sala Constitucional.
Ninguna de esas acusaciones era muy distinta de las que hoy escuchamos.
Más adelante, durante las controversias relacionadas con Crucitas y otros proyectos de alto impacto nacional, las decisiones judiciales volvieron a provocar enfrentamientos entre quienes consideraban que la Sala protegía la Constitución y quienes sostenían que interfería en decisiones políticas y administrativas.
La diferencia entre aquellos episodios y el actual es únicamente el color político de quienes hoy formulan las críticas.
Ese dato resulta fundamental porque desmonta una narrativa peligrosa: la de presentar el conflicto actual como un hecho excepcional.
No lo es.
La Sala Constitucional ha sido cuestionada por gobiernos liberacionistas, administraciones de otras fuerzas políticas, sindicatos, movimientos sociales, empresarios, juristas y organizaciones civiles. Cuando sus resoluciones favorecen una posición, suele ser presentada como garante de los derechos fundamentales; cuando afectan intereses políticos, aparece el discurso de la extralimitación y del supuesto “golpe constitucional”.
Sin embargo, el verdadero problema no radica en que exista crítica hacia la Sala. En una democracia madura, todas las instituciones están sujetas al escrutinio ciudadano.
Lo preocupante surge cuando el debate abandona el terreno jurídico para instalarse en el de la deslegitimación institucional.
La Sala Constitucional no fue creada para agradar a los gobiernos ni para satisfacer a las oposiciones. Fue concebida como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y ejercer control sobre los demás poderes del Estado cuando estos exceden los límites constitucionales.
Esa función, por naturaleza, genera fricciones.
Desde su creación en 1989, la Sala IV ha transformado profundamente el derecho costarricense. Ha fortalecido el recurso de amparo hasta convertirlo en uno de los mecanismos de protección de derechos más efectivos de América Latina; consolidó el derecho a la salud obligando a la Caja Costarricense de Seguro Social a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo; reconoció el derecho a un ambiente sano; amplió el acceso a la información pública y la transparencia administrativa; declaró inconstitucionales leyes incompatibles con la Carta Magna; fortaleció los derechos de grupos históricamente discriminados y abrió el camino para el reconocimiento del matrimonio igualitario conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cada una de esas resoluciones provocó debates intensos.
Cada una recibió aplausos y condenas.
Pero ninguna puede entenderse fuera de la misión que la propia Constitución le asignó al tribunal.
Es legítimo discutir si una sentencia está correctamente fundamentada o si una interpretación constitucional resulta excesivamente amplia. Ese debate fortalece la democracia. Lo que no fortalece a las instituciones es sustituir los argumentos jurídicos por consignas políticas o acusaciones que terminan erosionando la confianza ciudadana en los órganos encargados de controlar el poder.
Porque conviene recordar una verdad elemental: en un Estado constitucional todos los poderes tienen límites.
También el Ejecutivo.
También el Legislativo.
Y, por supuesto, también la Sala Constitucional.
Precisamente por eso existen mecanismos legales para cuestionar sus resoluciones, disentir de sus interpretaciones e impulsar reformas cuando la sociedad considera necesario redefinir competencias.
Lo que no debería convertirse en práctica habitual es presentar cada fallo incómodo como una ruptura del orden democrático.
La historia enseña que esa narrativa aparece una y otra vez, cambia de protagonistas según quién ocupe el poder y desaparece cuando las resoluciones benefician a quienes antes criticaban al tribunal.
Costa Rica ha construido durante décadas una democracia basada en pesos y contrapesos. Esa arquitectura institucional puede generar tensiones, retrasos e incluso decisiones impopulares, pero constituye el mejor antídoto contra la concentración del poder.
Los gobiernos pasan.
Las mayorías legislativas cambian.
Las coyunturas políticas se transforman.
Las instituciones, en cambio, deben permanecer.
Por eso, más allá de simpatías o diferencias con una sentencia específica, la discusión que hoy vive el país debería servir para recordar una lección que la historia ha repetido desde hace más de veinte años: la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos entre sus poderes, sino por la capacidad de resolverlos dentro del marco de la Constitución y con absoluto respeto al Estado de Derecho.
Ese ha sido, hasta ahora, el principal patrimonio institucional de Costa Rica. Conviene no olvidarlo cuando el debate político amenaza con convertir las diferencias jurídicas en confrontaciones contra las instituciones que sostienen nuestra democracia.
