Este es el aumento salarial que rige desde el 1 de enero y prioriza a los funcionarios con menores ingresos

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gabriela Umaña).- Después de cinco años sin ajustes generales, el Gobierno de la República activó a partir de este 1 de enero un aumento salarial para los funcionarios públicos con salarios compuestos, una medida que marca un giro en la política de remuneraciones del sector público y que se da en un contexto político y social especialmente sensible.
El incremento, respaldado por una reserva presupuestaria de ₡32.700 millones prevista para el año 2026, representa el primer ajuste general desde el 2019. Su entrada en vigencia ocurre a pocas semanas de las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero y en medio de crecientes presiones sindicales.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió la decisión al asegurar que durante años no existieron condiciones fiscales para aplicar aumentos salariales. Según indicó, el país atravesó una situación cercana a la quiebra, lo que obligó a congelar los salarios del sector público.
Aunque reconoció que durante su administración la inflación ha sido incluso negativa, el mandatario subrayó que en años anteriores el alto costo de la vida afectó de manera significativa el poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente de quienes perciben menores ingresos.
Por su parte, el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro, afirmó que este aumento es posible gracias a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público. De acuerdo con el jerarca, estas normas permitieron ordenar el gasto público y generar el espacio necesario para un ajuste salarial “responsable y sostenible”.
Navarro también fue enfático en señalar que se opondrá a cualquier intento de debilitar las reglas fiscales vigentes, al considerar que han sido clave para estabilizar las finanzas del Estado.
El anuncio del incremento salarial se dio en un ambiente de tensión con los sindicatos. El pasado 26 de noviembre, los trabajadores marcharon por las calles de San José para exigir un aumento “justo y digno”, en el marco de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Sin embargo, el Ejecutivo optó por decretar el ajuste sin abrir un proceso de diálogo formal con las organizaciones sindicales.
La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y coordinadora del gabinete, Paula Bogantes, explicó que el Gobierno trabaja en conjunto con la Dirección General del Servicio Civil para definir el esquema de distribución de los recursos. No obstante, evitó precisar fechas, porcentajes concretos o la forma en que el aumento se aplicará en cada institución.
El presidente Chaves insistió en que el ajuste debe concentrarse en los funcionarios con los salarios más bajos del sector público y dejó entrever que altos jerarcas del Estado, incluidos algunos puestos de alta dirección, podrían quedar excluidos del beneficio.
Por ahora, persisten las dudas sobre el impacto real del aumento y su implementación específica en las distintas instituciones públicas, un tema que continuará generando debate en las próximas semanas.