Política
Dirigentes del PPSO cuestionan el arrendamiento de un BMW X1 y un Toyota Prado VX, ambos modelos 2026, presuntamente sin autorización del Comité Ejecutivo Superior. Advierten que impulsarán una moción de censura política si los responsables no dejan sus cargos
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Una controversia por el alquiler de dos vehículos de alta gama abrió un nuevo frente de cuestionamientos internos en el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Un grupo de integrantes de su Asamblea Nacional exigió la renuncia inmediata de la presidenta del Comité Ejecutivo Superior, Mayuli del Carmen Ortega Guzmán, y del tesorero suplente, Raúl Ignacio Zamora Trejos, por presuntas irregularidades en la contratación de los automotores con recursos partidarios.
La exigencia quedó plasmada en una carta abierta dirigida a la militancia y a la ciudadanía, en la que los asambleístas denuncian que el partido asumió obligaciones económicas por el arrendamiento de un BMW X1 modelo 2026 y un Toyota Prado VX modelo 2026, sin que, según afirman, existiera conocimiento, deliberación ni autorización previa del Comité Ejecutivo Superior.
Para los firmantes, el cuestionamiento trasciende el costo de los vehículos y apunta directamente a la transparencia, los controles financieros y la responsabilidad política de quienes administran los recursos de la agrupación.
“Eso es políticamente grave”, advierte el pronunciamiento.
Cuestionan decisiones tomadas sin autorización
De acuerdo con el documento, los contratos de arrendamiento se habrían asumido sin que el órgano ejecutivo colegiado analizara aspectos fundamentales como la necesidad de los vehículos, su conveniencia institucional, el costo, la duración de los contratos, las condiciones pactadas y sus posibles consecuencias financieras.
Los asambleístas sostienen que comprometer recursos partidarios sin la aprobación correspondiente representa un serio cuestionamiento a los mecanismos internos de control y a los principios de administración responsable que deben regir a una organización política.
Aunque los firmantes evitan atribuir responsabilidades penales anticipadas, consideran que las eventuales investigaciones judiciales o disciplinarias no deben impedir que se asuman consecuencias políticas inmediatas.
“No pedimos una condena anticipada. Pedimos responsabilidad política”, enfatizan.
El pronunciamiento señala que la confianza en los dirigentes constituye un elemento indispensable para el funcionamiento del partido y que su pérdida puede justificar la separación de quienes ocupan cargos de dirección, independientemente de que exista o no una sentencia judicial.
Exigen contratos, facturas y explicaciones sobre los gastos
Como parte de sus demandas, los integrantes de la Asamblea Nacional solicitan una rendición de cuentas completa sobre las condiciones en que se contrataron ambos vehículos.
Entre la documentación requerida figuran los contratos de arrendamiento, facturas, cotizaciones, comprobantes de pago y comunicaciones relacionadas con las negociaciones.
También reclaman una explicación sobre las razones por las cuales se comprometieron recursos económicos sin un acuerdo del Comité Ejecutivo Superior, así como un análisis que permita determinar si existían alternativas de transporte menos costosas para la agrupación.
Otro de los puntos planteados consiste en establecer quién debería asumir las consecuencias de cualquier eventual perjuicio económico derivado de estas decisiones.
El documento no precisa los montos mensuales de los alquileres, el plazo de los contratos ni el costo total de las obligaciones asumidas, información que resulta fundamental para determinar su impacto sobre las finanzas partidarias.
Advierten con moción de censura y pérdida de confianza
La exigencia de renuncia dirigida a Ortega Guzmán y Zamora Trejos viene acompañada de una advertencia política.
Si ambos dirigentes se mantienen en sus puestos, los asambleístas anunciaron que promoverán ante la Asamblea Nacional del PPSO una moción de censura política y pérdida de confianza.
La iniciativa buscaría que el máximo órgano deliberativo del partido se pronuncie sobre la permanencia de los funcionarios cuestionados.
Paralelamente, los firmantes plantean que el Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación conozca los hechos y determine, mediante el procedimiento correspondiente y con respeto al debido proceso, si existen responsabilidades disciplinarias.
Los asambleístas insisten en que su solicitud de renuncia responde a razones de responsabilidad política y a la necesidad de proteger la credibilidad institucional.
Rechazan uso discrecional de vehículos pagados por el partido
El pronunciamiento también cuestiona la posibilidad de que los automotores arrendados sean utilizados bajo esquemas discrecionales o sin controles suficientes.
Los firmantes demandan poner fin de inmediato a cualquier modalidad de utilización de vehículos financiados con recursos partidarios que no responda estrictamente a necesidades institucionales.
A su juicio, los bienes contratados por una organización política no deben convertirse en privilegios personales de sus dirigentes.
Por esa razón, reclaman mecanismos de fiscalización que incluyan registros de uso, bitácoras, criterios de austeridad y procedimientos claros de rendición de cuentas.
La carta recuerda que el Estatuto del PPSO establece principios de integridad, rectitud, honestidad y transparencia, además de rechazar el aprovechamiento indebido de los cargos y los conflictos de interés.
“No podemos pedir transparencia al Gobierno, a las instituciones públicas o a nuestros adversarios políticos y guardar silencio cuando el cuestionamiento surge dentro de nuestra propia organización. La transparencia empieza por casa”, sostiene el documento.
Temen daño a la imagen y credibilidad del PPSO
Más allá de las eventuales consecuencias económicas, los asambleístas expresan preocupación por el impacto que la controversia pueda tener sobre la imagen pública de Pueblo Soberano.
En su pronunciamiento reconocen que el caso ha provocado un serio “daño reputacional” y advierten que las actuaciones individuales de determinados dirigentes no deberían comprometer el trabajo político de quienes han respaldado a la agrupación.
También señalan que guardar silencio frente a cuestionamientos internos podría debilitar la credibilidad del discurso partidario sobre transparencia y buen manejo de los recursos.
“Tampoco puede permitir que los ciudadanos lleguen a creer que nuestros principios eran simplemente consignas electorales”, advierten.
Para los firmantes, el partido enfrenta una prueba de coherencia entre los valores que promueve públicamente y las decisiones administrativas que adopta dentro de su propia estructura.
Dirigentes cuestionados sin respuesta incorporada
La carta abierta concluye con un llamado a colocar los intereses institucionales por encima de la permanencia de cualquier dirigente.
“No hay transparencia con excepciones. No hay rendición de cuentas con privilegios. No hay confianza sin responsabilidad”, manifiestan los asambleístas.
El documento cierra con una afirmación sobre el futuro de la agrupación: “El Partido Pueblo Soberano debe estar por encima de cualquier dirigente” y “Costa Rica merece esa coherencia”.
Hasta el momento, en la información disponible para esta nota no consta una respuesta de Mayuli Ortega Guzmán ni de Raúl Ignacio Zamora Trejos a los cuestionamientos planteados.
Tampoco se dispone de los contratos originales, de los montos de los arrendamientos ni de documentación que permita corroborar de manera independiente si las contrataciones contaron o no con las autorizaciones internas correspondientes.
La controversia deja planteadas interrogantes sobre los mecanismos de control financiero del PPSO y sobre las decisiones que deberán adoptar sus órganos internos frente a las exigencias de rendición de cuentas formuladas por un sector de su Asamblea Nacional.
