Editorial: Entre la legalidad y la ética: cuando el parentesco pone a prueba la confianza pública
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En la función pública, no todo lo que es legal es necesariamente correcto. Esa es la línea —delgada pero fundamental— que hoy se pone a prueba en Goicoechea tras la revelación de un vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad entre el alcalde Fernando Chavarría Quirós y la presidenta del Concejo Municipal, Gloriana Diorela Carmona Seravalli.
El dato, dado a conocer por la columna La Hormiga Investigadora, ha generado reacciones inmediatas. Voces políticas han salido al paso con un argumento que, aunque jurídicamente válido, resulta insuficiente: “la ley no lo prohíbe”. Y es cierto. El ordenamiento jurídico no establece una prohibición expresa para que familiares en tercer grado ocupen simultáneamente estos cargos.
Pero reducir el debate a ese punto es ignorar lo esencial
El ejercicio del poder público no se sostiene únicamente sobre la legalidad, sino sobre la confianza. Y esa confianza se construye, sobre todo, a partir de la ética. El deber de probidad —consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito— obliga a los funcionarios a actuar con imparcialidad, a evitar cualquier conflicto de interés y, crucialmente, a prevenir incluso la apariencia de ese conflicto.
Aquí radica el problema de fondo
Cuando dos figuras clave del gobierno local —una con poder ejecutivo y otra con liderazgo político en el órgano deliberativo— comparten un vínculo familiar, aunque no constituya nepotismo directo, se abre inevitablemente una zona gris. ¿Puede garantizarse una fiscalización independiente? ¿Se perciben las decisiones como objetivas? ¿Se protege adecuadamente el interés público por encima del privado?
No se trata de cuestionar intenciones personales, sino de reconocer riesgos institucionales.
La normativa y los criterios de la Procuraduría de la Ética Pública han sido claros: la apariencia de imparcialidad es tan relevante como la imparcialidad misma. En política, la percepción ciudadana no es un detalle menor; es la base de la legitimidad.
Por eso, el estándar que debe exigirse no es el mínimo legal, sino el máximo ético
Desde este medio consideramos que la situación demanda acciones concretas. No basta con afirmar que “no hay nada ilegal”. Es imprescindible que ambos jerarcas establezcan mecanismos claros de gestión del posible conflicto de interés: inhibiciones en votaciones sensibles, transparencia activa en la toma de decisiones y acceso público a sus declaraciones de intereses.
Asimismo, preocupa la reacción de algunos dirigentes políticos que han optado por una defensa automática basada únicamente en la legalidad. Esa postura no solo evade el debate, sino que debilita la cultura de integridad que debería prevalecer en la función pública.
Goicoechea no necesita explicaciones técnicas; necesita garantías éticas
La ciudadanía tiene derecho a confiar en que las decisiones municipales —desde la asignación de recursos hasta la aprobación de proyectos— se toman sin influencias indebidas, sin favoritismos y sin sombras. Cuando esa confianza se resquebraja, pierde la institucionalidad entera.
Este no es un juicio, es una advertencia
La ley permite; la ética exige. Y en tiempos donde la desconfianza hacia lo público crece, quienes ejercen el poder tienen la responsabilidad de ir más allá de lo permitido y actuar con absoluta transparencia.
Por el bien del cantón, esa debe ser la prioridad.
