De Pacheco a Chinchilla
La ruta económica que heredó un país cansado
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Costa Rica ha tenido presidentes que enfrentaron realidades muy distintas, pero una constante los une: todos heredaron más problemas de los que dejaron resueltos. En este repaso histórico, volvemos la mirada a dos momentos clave —los gobiernos de Abel Pacheco (2002–2006) y Laura Chinchilla (2010–2014)— para entender cómo se configuró el escenario económico que recibiría luego Guillermo Solís, y cómo las decisiones de aquel tiempo siguen marcando la economía nacional.
El gobierno de Abel Pacheco de la Espriella llegó en un momento de bonanza moderada, pero con heridas sociales abiertas. Su estilo fue austero y prudente: no gastó más de lo que el país podía sostener, pero tampoco impulsó grandes transformaciones económicas.
Durante su administración, la economía creció en promedio un 5% anual, impulsada por las exportaciones, el turismo y la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, Pacheco enfrentó serias dificultades para ejecutar obra pública y canalizar inversión productiva. Su gestión fue marcada por un control del gasto tan fuerte que, aunque logró mantener el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB, el país se estancó en infraestructura, competitividad y generación de empleo.
El endeudamiento público se mantuvo en niveles moderados (alrededor del 45% del PIB), y la inflación empezó a reducirse lentamente después de picos que venían desde finales de los noventa.
El relevo político llevó a Óscar Arias (2006–2010) a un ciclo de expansión económica impulsado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la inversión extranjera, especialmente en el sector tecnológico (Intel, servicios, turismo).
Ese crecimiento, sin embargo, se vio golpeado por la crisis financiera global de 2008–2009, que redujo exportaciones, contrajo crédito y disparó el desempleo.
Cuando Laura Chinchilla asumió la presidencia en 2010, el país venía de una recuperación parcial, pero con una deuda que empezaba a subir y un déficit fiscal que ya rondaba el 5% del PIB. Su reto era contener el gasto sin apagar la economía.
La administración Chinchilla (2010–2014) fue una de las más difíciles en materia económica desde la década de los ochenta.
Su principal obstáculo fue el fracaso del plan de reforma fiscal, conocido como el Plan de Solidaridad Tributaria, que buscaba ampliar la base de impuestos y convertir el impuesto de ventas en un IVA moderno. La Sala Constitucional lo declaró inconstitucional por vicios de trámite, y el país perdió una oportunidad clave de ordenar sus finanzas.
Sin esa reforma, el gobierno se vio obligado a financiar su operación con deuda. En cuatro años, la deuda pública pasó del 29% al 38% del PIB, y el déficit fiscal se mantuvo cerca del 5,4%, niveles preocupantes para un país sin una estrategia de ajuste.
La inversión en infraestructura fue baja, la obra pública se paralizó en múltiples proyectos, y la confianza empresarial cayó. La economía creció a un ritmo modesto —entre 3% y 4% anual—, insuficiente para absorber el desempleo o mejorar los ingresos reales de los hogares.
Además, su gestión enfrentó acusaciones de ineficiencia y lentitud institucional, especialmente en proyectos emblemáticos como la carretera a San Ramón, el caso de la Trocha Fronteriza y las demoras en el MOPT.
Cuando Guillermo Solís asumió en 2014, heredó una situación fiscal deteriorada, una deuda creciente y una ciudadanía desencantada, harta de promesas incumplidas y servicios públicos en deterioro.
