Costa Rica la economía que heredamos de Solís a Alvarado
LA VOZ DE GOICOECHEA (Redacción) Si la era de Abel Pacheco fue la de la prudencia y la de Laura Chinchilla la de la advertencia, la etapa que siguió con Luis Guillermo Solís (2014–2018) y Carlos Alvarado (2018–2022) fue la de la factura pendiente. En esos ocho años, Costa Rica vivió el desenlace de décadas de evasión política frente a la crisis fiscal, el golpe de la pandemia y el dilema eterno entre el equilibrio económico y el costo social.
Luis Guillermo Solís: el presidente que quiso gastar en paz
Cuando Luis Guillermo Solís asumió el poder en 2014, el discurso sonaba esperanzador, pero la realidad lo alcanzó rápido.
Durante su gobierno, el gasto público continuó creciendo más rápido que los ingresos, impulsado por aumentos salariales, transferencias y pago de intereses. Aunque la economía creció a un ritmo promedio del 3,6% anual, el Estado siguió gastando más de lo que recaudaba.
Al finalizar su mandato, el déficit financiero superó el 6% del PIB, y la deuda alcanzó casi el 53% del PIB, el nivel más alto en tres décadas.
Solís argumentó que su prioridad fue proteger el gasto social y la inversión pública, pero el país pagó un precio: la pérdida de confianza de los mercados financieros, una calificación de riesgo negativa y un aumento en los intereses que el Estado debía pagar por cada colón prestado.
Y aunque impulsó el empleo público, programas de infraestructura y apoyo a la educación, no logró aprobar una reforma fiscal estructural.
El país terminó su gestión con estabilidad aparente, pero un hueco financiero peligroso.
En palabras simples: Solís administró el país con la billetera vacía y el optimismo lleno.
Carlos Alvarado: el cirujano del ajuste
En mayo de 2018, Carlos Alvarado Quesada recibió la economía costarricense al borde del colapso fiscal. Su primera tarea fue enfrentar una verdad que el país llevaba años postergando: el gasto público superaba por mucho los ingresos del Estado.
Su respuesta fue una de las decisiones más difíciles de la historia reciente: impulsar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), que introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), reformó el impuesto sobre la renta y estableció la regla fiscal para controlar el gasto.
La reacción social fue inmediata: protestas, huelgas y descontento generalizado. Pero el ajuste funcionó.
Para 2021, pese al golpe de la pandemia, Costa Rica había recuperado la confianza internacional y logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.778 millones de dólares, destinado a estabilizar las finanzas.
El 2020 fue el año más duro: el PIB cayó –4,1%, el desempleo superó el 20%, y miles de familias vieron reducir sus ingresos.
Sin embargo, las medidas fiscales de Alvarado evitaron un colapso financiero del Estado.
En 2022, al dejar el poder, el déficit primario (sin intereses) ya era positivo y el país mostraba superávit primario por primera vez en más de una década.
El costo fue altísimo: impopularidad política, desconfianza ciudadana y malestar social, pero las bases macroeconómicas quedaron firmes.
Lo que Alvarado hizo fue, literalmente, salvar al país de una crisis tipo Grecia o Argentina, aun a costa de su reputación.
