Segunda entrega:  De Solís a Alvarado – de la ilusión del cambio al peso de la crisis

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El cambio político que trajo el Partido Acción Ciudadana (PAC) en 2014 despertó esperanza en miles de costarricenses.

Después de años de desconfianza en los partidos tradicionales, la ciudadanía apostó por un modelo que prometía transparencia, equidad y justicia social.

Sin embargo, la realidad fue mucho más dura que el discurso: entre Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, Costa Rica vivió un deterioro histórico del empleo formal, un estancamiento de la pobreza y una creciente dependencia de la ayuda estatal.

Luis Guillermo Solís (2014–2018): el gobierno del optimismo y la inercia

El gobierno de Luis Guillermo Solís llegó con el compromiso de reactivar la economía desde lo humano, con una visión socialdemócrata que priorizaba la inversión pública y la redistribución.

Sin embargo, su gestión se topó con una economía global débil y un aparato estatal desbordado.

El desempleo se mantuvo en torno al 9%, y aunque se lanzaron programas como “Puente al Desarrollo” y se reforzaron las transferencias monetarias del IMAS, la pobreza no cedió: permaneció entre 20% y 21% durante todo su mandato.

Los ingresos del Estado se usaron en parte para sostener programas sociales, pero sin crecimiento económico sostenido, el financiamiento se volvió cada vez más difícil.

Además, la informalidad laboral superó el 45%, afectando especialmente a jóvenes y mujeres.

El discurso de inclusión y justicia social terminó ahogado entre la falta de resultados y el creciente déficit fiscal.

Solís cerró su mandato con una frase que lo marcaría: “Se perdió el control del gasto”.

Y con él, también se perdió la confianza en que el cambio traería mejores días.

Carlos Alvarado (2018–2022): entre el ajuste fiscal y la pandemia

El sucesor, Carlos Alvarado, recibió un país con deuda en aumento, desconfianza ciudadana y un Estado que gastaba más de lo que ingresaba.

Su prioridad fue estabilizar las finanzas públicas, pero el costo social fue alto.

En 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó con fuerza.

El desempleo alcanzó un récord del 24,4%, y más de 500 mil personas quedaron sin trabajo o con ingresos reducidos.

El gobierno implementó el programa “Bono Proteger”, una ayuda temporal que llegó a más de 700 mil familias, y reforzó programas de asistencia alimentaria y subsidios.

Estas medidas contuvieron momentáneamente la crisis social, pero no lograron revertir la tendencia estructural: pobreza, desigualdad y empleo informal.

Cuando la emergencia sanitaria cedió, el desempleo bajó, pero la pobreza se mantuvo en el 23%, una de las más altas en 25 años.

El país sobrevivió gracias al auxilio del Estado, pero la reactivación económica fue débil, y la clase media siguió encogiéndose.

El ideal de “progreso social” del PAC terminó sepultado por la realidad fiscal y la precariedad del empleo.

Ambos gobiernos compartieron una visión social, pero no la capacidad de ejecución.

Mientras Solís no logró frenar el gasto, Alvarado no pudo invertir en la gente sin romper el equilibrio fiscal.

El resultado fue el mismo: más ayudas, pero menos empleos.

Entre 2014 y 2022, Costa Rica enfrentó una crisis silenciosa: la de su esperanza social.

Las ayudas estatales sostuvieron a miles de familias, pero no construyeron independencia económica.

El país vivió una expansión de la asistencia sin un crecimiento real del bienestar.

De Solís a Alvarado, la pobreza dejó de ser una emergencia y se convirtió en una constante.

Y el trabajo —motor del desarrollo— se volvió un privilegio inestable.

Hoy, el desafío que dejaron estos años no es solo económico, sino moral: cómo devolverle al costarricense la fe en el esfuerzo, sin depender de la ayuda para sobrevivir.