Cooperativas de salud demandan a la contralora Marta Acosta y a funcionarios de la Contraloría por irregularidades en el caso “Barrenador”
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Aníbal Porras).- Tres cooperativas de salud —Coopesalud, Coopesain y Coopesana— presentaron una demanda contra la contralora general, Marta Acosta; el auditor interno de la institución, Jorge Suárez Esquivel; y otros seis funcionarios, a quienes acusan de elaborar una nota técnica “irregular” que habría servido de base para los allanamientos del caso “Barrenador”.
La acción legal se centra en el documento DFOE-BIS-NT-00001-2024, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). Dicha nota fue utilizada por el Ministerio Público para justificar los operativos realizados meses atrás en torno al proceso de adjudicación de 138 Ebais administrados por cuatro cooperativas y una asociación.
Según la demanda, la nota técnica se elaboró sin el rigor profesional y sin el sustento técnico indispensable. Las cooperativas aseguran que el documento ignoró información clave proveniente del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual —afirman— contenía tablas contables manipuladas que, lejos de señalar sobreprecios, mostró ahorros millonarios para la institución.
En lugar de reconocer esos supuestos ahorros, el informe de la Contraloría habría planteado la existencia de sobreprecios, lo que, según las cooperativas, generó un fuerte perjuicio administrativo y reputacional para las organizaciones involucradas y distorsionó el análisis sobre la continuidad de los servicios de salud en las comunidades donde operan.
Las cooperativas también señalan que tanto la contralora Acosta como el auditor interno Suárez Esquivel se negaron a iniciar investigaciones administrativas internas sobre el personal identificado en la creación del documento cuestionado, pese a las solicitudes formales elevadas por ellas.
Argumentan que la Contraloría no puede abstenerse de investigar posibles irregularidades administrativas bajo el argumento de que existe una causa penal abierta, pues ambas vías son independientes y pueden avanzar de forma paralela.
En la demanda, presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Coopesalud, Coopesain y Coopesana solicitan que se declare la nulidad absoluta de la nota técnica, por considerarla un acto viciado de origen.
El caso ahora pasa a la esfera judicial, donde se evaluará si la actuación de los jerarcas y funcionarios de la Contraloría cumplió con las exigencias legales y técnicas que demanda la fiscalización de los fondos públicos.
