Colegio de Abogados Advierte que Grabar Conversaciones con Privados de Libertad Violaría Derechos Constitucionales
La institución asegura que la confidencialidad entre abogado y cliente es una garantía esencial del debido proceso y del derecho de defensa
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno impulse medidas para grabar las conversaciones y reuniones entre personas privadas de libertad en centros de máxima seguridad y sus abogados defensores.
Mediante un pronunciamiento oficial, la entidad afirmó que una disposición de este tipo podría violentar principios fundamentales establecidos en la Constitución Política y contravenir compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
Según explicó el Colegio, la confidencialidad entre abogado y cliente constituye un elemento indispensable para garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y el funcionamiento de un Estado democrático de derecho.
“El secreto profesional no constituye un privilegio personal de los abogados, sino una garantía fundamental que protege el derecho de defensa y a toda persona sometida a un proceso judicial”, señaló la doctora Angie Arce Acuña, prosecretaria de la Junta Directiva del Colegio, con base en criterios técnicos emitidos por la Comisión de Derecho Penal de la institución.
La organización indicó que cualquier medida que limite esa confidencialidad podría afectar directamente la independencia con la que debe ejercerse la profesión jurídica y comprometer la calidad de la representación legal de las personas sometidas a procesos judiciales.
“El combate a la criminalidad no puede significar el debilitamiento de principios esenciales que sostienen nuestro sistema democrático y el acceso efectivo a la justicia”, agregó Arce Acuña.
Aunque el Colegio reconoció la necesidad de fortalecer las acciones contra el crimen organizado y respaldó los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana, insistió en que todas las políticas públicas deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las garantías fundamentales.
Además, la institución reiteró su disposición de colaborar con el Poder Ejecutivo y otros sectores del Estado en la búsqueda de soluciones legales y efectivas para enfrentar la delincuencia organizada, tal como —aseguró— lo ha hecho anteriormente mediante la participación en proyectos de ley relacionados con seguridad pública.
El Colegio advirtió que la eventual grabación de conversaciones entre abogados y privados de libertad podría generar consecuencias negativas para el sistema judicial costarricense, al debilitar garantías básicas que protegen a cualquier persona sometida a un proceso penal.
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