Analista señala que solicitud del TSE de levantar inmunidad de Chaves ha creado una gravísima crisis institucional


LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El analista político Víctor Ramírez calificó como “el hecho más grave de nuestra historia electoral desde 1948” la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Según Ramírez, el accionar del TSE “viola flagrantemente la Constitución” y, además, “ha creado una gravísima e inédita crisis entre poderes por hechos absolutamente intrascendentes, justo en plena campaña electoral”.
El analista consideró que esta decisión ha desatado “un gran debate nacional que se prolongará inevitablemente durante al menos un mes más”, y advirtió que ello podría incidir directamente en el desarrollo del proceso electoral.
“Para que estén mejor informados sobre estos temas, los costarricenses deben saber que Costa Rica es el único país del mundo en el que se usa la palabra ‘beligerancia’ como sinónimo de parcialidad política”, explicó.
Ramírez subrayó que el término “beligerancia” tiene una connotación bélica, totalmente distinta de la idea de parcialidad política. “Sería interesante que los señores del Tribunal Supremo de Elecciones nos digan cuándo se comenzó a utilizar la palabra beligerancia en nuestro país”, cuestionó.
Además, recordó que “la palabra beligerancia no aparece en ningún artículo de la Constitución ni en el Código Electoral”, y que “la parcialidad política no es un delito, sino un ilícito administrativo, comparable con infracciones menores como no portar licencia o saltarse una señal de alto”.
Finalmente, Ramírez señaló que, pese a la gravedad de la situación, podría haber un aspecto positivo: “Lo único bueno de esta insensatez, de este desvarío en el que nos ha metido el TSE, es que quizá sirva para poner sobre la mesa algunas aberraciones que deben ser eliminadas de raíz de la vida electoral costarricense”.
El pronunciamiento del analista se suma a una ola de reacciones políticas y jurídicas que han surgido tras la solicitud del TSE, abriendo un intenso debate sobre los límites institucionales y la independencia de los poderes en medio del proceso electoral
