Alamedas son para peatones, no para vehículos

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Concejo Municipal de Goicoechea suspende acuerdo y abre diálogo con vecinos, pero cualquier decisión deberá respetar el carácter peatonal de estos espacios y lo establecido por la Sala Constitucional

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por La Dirección).- El Concejo Municipal de Goicoechea acordó este lunes por unanimidad dejar sin efecto el dictamen de la Comisión de Obras relacionado con las alamedas del cantón, luego de que decenas de vecinos acudieran a la sesión municipal para manifestar su preocupación por los posibles alcances de la medida.

La decisión abre ahora un periodo de análisis que deberá servir para ordenar una problemática que desde hace años genera diferencias entre vecinos de distintas urbanizaciones de Goicoechea.

El Concejo aprobó realizar un inventario técnico durante un periodo de ocho meses hábiles y efectuar un análisis individualizado de cada alameda, procurando tutelar adecuadamente los bienes de dominio público y promover una sana convivencia entre los habitantes.

Una vez concluido el inventario, este será trasladado a la comisión correspondiente para continuar con el análisis y posteriormente establecer mesas de trabajo con los vecinos.

La apertura al diálogo es positiva. Sin embargo, ese proceso deberá desarrollarse dentro de un marco que no puede ignorarse: las alamedas fueron concebidas como espacios de circulación peatonal y no como calles o estacionamientos para vehículos particulares.

El verdadero dilema de las alamedas

El conflicto surge principalmente cuando algunos vecinos utilizan las alamedas para ingresar o estacionar vehículos particulares, alterando su naturaleza peatonal y generando enfrentamientos con quienes solicitan que esos espacios sean protegidos conforme a su finalidad original.

El tránsito vehicular también puede representar riesgos para peatones, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de provocar daños en infraestructura superficial o subterránea que no necesariamente fue diseñada para soportar vehículos.

Así se forman dos posiciones claramente enfrentadas: quienes pretenden convertir o utilizar las alamedas como vías para vehículos y quienes exigen la intervención municipal para impedir ese tránsito y preservar su condición peatonal.

Pero este debate no comienza ni termina en Goicoechea.

La Sala Constitucional ya se pronunció

Existe un antecedente que las autoridades municipales deben considerar con especial atención.

En la resolución 2014012359, correspondiente al expediente 14-010918-0007-CO, la Sala Constitucional conoció un conflicto relacionado con alamedas en Heredia y respaldó las actuaciones dirigidas a mantener su utilización peatonal.

Ese precedente resulta particularmente relevante porque reafirma que los vecinos no pueden, por iniciativa propia, transformar la naturaleza de una alameda para utilizarla como calle o estacionamiento.

La resolución también validó la instalación de dispositivos para impedir el ingreso vehicular, preservando el espacio necesario para el tránsito de peatones.

En otras palabras, una alameda no puede convertirse de hecho en parqueo simplemente porque durante años algunos vehículos hayan ingresado a ella. Tampoco corresponde pavimentarla para facilitar el tránsito de automóviles particulares cuando esa intervención desnaturalice su finalidad peatonal.

Ese principio debe ocupar un lugar central en el análisis que ahora emprenderá la Municipalidad de Goicoechea.

Dialogar sí, pero dentro de la legalidad

La decisión del Concejo Municipal de escuchar a las comunidades y estudiar individualmente cada caso puede contribuir a disminuir un conflicto que afecta directamente la convivencia vecinal.

Sin embargo, las mesas de trabajo no deberían convertirse en un mecanismo para negociar aquello que el ordenamiento jurídico protege como bien de dominio público.

Los derechos y necesidades particulares deben ser escuchados y valorados, pero también deben ponderarse los derechos colectivos: el libre tránsito peatonal, la seguridad de las familias, la accesibilidad y la conservación de los espacios públicos.

El inventario anunciado representa además una oportunidad para que Goicoechea conozca finalmente cuántas alamedas existen, cuál es su condición jurídica y física, qué intervenciones han sufrido, dónde existe ingreso irregular de vehículos y cuáles requieren acciones municipales.

Una decisión que exige responsabilidad

Corresponderá ahora al Concejo Municipal, a la administración y a la comisión encargada estudiar los reclamos de los vecinos con seriedad, transparencia y estricto apego al ordenamiento jurídico.

La discusión tampoco debería contaminarse con intereses políticos o cálculos electorales. El tema de las alamedas afecta la seguridad, el patrimonio público y la convivencia cotidiana de numerosas familias de Goicoechea.

Escuchar a todas las partes es indispensable. Buscar soluciones particulares cuando jurídicamente sean posibles también lo es.

Pero el punto de partida debe quedar claro: las alamedas son espacios de naturaleza peatonal. No son parqueos privados, no deben convertirse unilateralmente en calles y ninguna intervención puede desnaturalizar su finalidad para favorecer el ingreso de vehículos particulares.

El diálogo que ahora comienza debe servir para encontrar soluciones, no para legitimar situaciones irregulares.

Goicoechea tiene ante sí la oportunidad de resolver un problema acumulado durante años con criterios técnicos y jurídicos, protegiendo el espacio público y, sobre todo, devolviendo a las alamedas la función para la cual fueron concebidas: ser espacios seguros para las personas, no para los automóviles.

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Editorial Noticia

Cuando la Justicia elige Bando: Una Amenaza para la Democracia

Los encuentros entre altas figuras del Poder Judicial y representantes políticos merecen explicaciones claras. La independencia de la Justicia no solo debe existir: también debe ser visible y generar confianza ciudadana

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por el Director).- El principio más elemental del Estado de derecho descansa sobre una premisa que no admite concesiones: la Justicia debe actuar con independencia. Independencia frente a las presiones del poder político, frente a intereses partidarios y frente a cualquier circunstancia capaz de sembrar dudas razonables sobre la imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Por eso, los encuentros entre figuras de alto nivel del Poder Judicial y representantes de partidos políticos no deberían tratarse como un asunto menor. Mucho menos cuando alrededor de esas reuniones surgen interrogantes sobre su contenido, sus propósitos o el grado de transparencia con que fueron comunicadas a la ciudadanía.

Las reuniones atribuidas a figuras del Poder Judicial, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la magistrada Patricia Solano, con representantes del Frente Amplio, requieren una explicación pública suficiente. Si, como se ha señalado, el objeto de las conversaciones fueron proyectos de ley, corresponde informar con precisión qué asuntos se discutieron, quiénes participaron y en qué condición lo hicieron.

No afirmamos que una reunión, por sí misma, demuestre la existencia de un acuerdo político indebido. Hacerlo sin pruebas sería irresponsable. Pero tampoco corresponde ignorar las preguntas que este tipo de encuentros puede provocar.

La confianza también forma parte de la Justicia

La independencia judicial no es un adorno institucional. Es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia.

Los magistrados y jerarcas judiciales pueden tener razones institucionales legítimas para conversar con diputados sobre legislación relacionada con el funcionamiento de la Justicia. Precisamente por eso, esas relaciones deben manejarse con reglas claras y con la mayor transparencia posible.

No basta con ser independiente. En una democracia, las instituciones también deben cuidar la apariencia de independencia.

Cuando un ciudadano empieza a preguntarse si una resolución judicial podría estar condicionada por afinidades políticas, la confianza pública comienza a deteriorarse. Y recuperar esa confianza resulta mucho más difícil que prevenir su pérdida.

De ahí que resulte particularmente delicado trasladar las sospechas al funcionamiento futuro de la Sala Constitucional. Sería improcedente afirmar, sin evidencia, que la Sala IV bloqueará iniciativas del Poder Ejecutivo por motivos ideológicos. Pero es igualmente legítimo exigir condiciones institucionales que impidan que semejante sospecha pueda echar raíces.

Las resoluciones de los tribunales deben poder defenderse mediante argumentos constitucionales y jurídicos, no mediante simpatías partidarias reales o supuestas.

Los partidos también deben rendir cuentas

El episodio abre además una discusión sobre la actuación de los partidos políticos.

El Frente Amplio, como cualquier otra agrupación, tiene derecho a impulsar sus posiciones, negociar proyectos y dialogar con distintos sectores institucionales dentro de los límites establecidos por nuestro ordenamiento. Pero ese derecho no elimina la obligación de explicar públicamente el alcance de sus encuentros con altas autoridades judiciales cuando estos despiertan un interés legítimo de la ciudadanía.

El Partido Liberación Nacional, por su parte, atraviesa desde hace años un proceso de pérdida de respaldo electoral y redefinición política. Si establece coincidencias o alianzas con otras agrupaciones, deberá explicarlas a sus electores y asumir las consecuencias políticas correspondientes. Las alianzas son parte de la democracia; la opacidad no debería serlo.

El problema central, por tanto, no consiste en que dos actores políticos conversen o alcancen acuerdos. La política democrática necesita diálogo. El problema aparece cuando las fronteras entre actividad partidaria e independencia de los poderes públicos se vuelven difíciles de distinguir.

Transparencia antes que sospechas

Desde La Voz de Goicoechea creemos que el periodismo local también tiene una responsabilidad cívica frente a los grandes asuntos nacionales. Defender la institucionalidad no significa defender a un gobierno, un partido o una corriente ideológica. Significa exigir las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas para todos.

Por esa misma razón, tampoco debemos convertir sospechas en hechos ni preguntas legítimas en condenas anticipadas.

Lo responsable es exigir respuestas.

¿Quién solicitó esos encuentros? ¿Cuál fue su agenda? ¿Qué proyectos de ley fueron discutidos? ¿Existen actas, registros o comunicaciones oficiales sobre las reuniones? ¿Qué normas regulan este tipo de contactos entre magistrados y representantes partidarios? ¿Considera la Corte que deben hacerse públicos estos encuentros?

Responder esas preguntas contribuiría mucho más a fortalecer la institucionalidad que permitir que prosperen versiones, especulaciones y enfrentamientos.

Costa Rica ha construido buena parte de su estabilidad democrática sobre la fortaleza de sus instituciones. Esa tradición no las coloca por encima del escrutinio; al contrario, obliga a examinarlas con especial cuidado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer con quién se reúnen sus altas autoridades, sobre qué asuntos conversan y bajo qué reglas se producen esos contactos. Y cuando se trata del Poder Judicial, esa exigencia adquiere todavía mayor importancia, porque la confianza en la imparcialidad de los jueces constituye un patrimonio democrático que debemos proteger.

La respuesta frente a las dudas no debe ser el silencio ni la descalificación.

Debe ser la transparencia.

La Voz de Goicoechea: periodismo al servicio de la comunidad

Editorial

Editorial: La Sala IV y la Democracia que Incomoda

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- En Costa Rica existe una constante que parece repetirse cada vez que la Sala Constitucional dicta una resolución de profundo impacto político: quien se siente afectado acusa al tribunal de dar un “golpe de Estado”, de “usurpar funciones” o de invadir competencias que corresponden a otros poderes de la República.

Hoy esas expresiones vuelven a ocupar titulares tras la resolución que ordenó a la Asamblea Legislativa reactivar el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes. Desde el oficialismo se habla de una Sala que pretende gobernar desde los tribunales. Pero la historia demuestra que ese discurso no nació con el actual Gobierno ni pertenece a una sola corriente política.

Costa Rica ya ha recorrido ese camino.

En 2003, cuando la Sala Constitucional anuló la reforma de 1969 que impedía la reelección presidencial consecutiva y abrió la puerta al regreso de Óscar Arias Sánchez, numerosos dirigentes políticos calificaron aquella sentencia como un “golpe de Estado constitucional”. El debate alcanzó tal magnitud que dio origen a libros, foros académicos y una de las discusiones constitucionales más intensas de nuestra historia reciente.

Las críticas no fueron únicamente políticas. La ANEP sostuvo entonces que se había producido un “golpe de Estado técnico” contra la Asamblea Legislativa, mientras otros sectores denunciaban que el tribunal había alterado el equilibrio institucional para favorecer determinados intereses.

Cuatro años después, la historia volvió a repetirse.

Cuando la Sala rechazó las consultas de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y permitió que el tema fuera sometido a referéndum, las manifestaciones frente al edificio de la Sala IV fueron multitudinarias. Hubo consignas que calificaban a los magistrados de vendidos, se habló nuevamente de ruptura del orden constitucional y dirigentes sindicales afirmaron que la separación de poderes había desaparecido.

El entonces secretario general de la ANEP llegó a afirmar que “los tres poderes quedaron unidos en uno”. Otros denunciaban una supuesta conspiración entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones y la propia Sala Constitucional.

Ninguna de esas acusaciones era muy distinta de las que hoy escuchamos.

Más adelante, durante las controversias relacionadas con Crucitas y otros proyectos de alto impacto nacional, las decisiones judiciales volvieron a provocar enfrentamientos entre quienes consideraban que la Sala protegía la Constitución y quienes sostenían que interfería en decisiones políticas y administrativas.

La diferencia entre aquellos episodios y el actual es únicamente el color político de quienes hoy formulan las críticas.

Ese dato resulta fundamental porque desmonta una narrativa peligrosa: la de presentar el conflicto actual como un hecho excepcional.

No lo es.

La Sala Constitucional ha sido cuestionada por gobiernos liberacionistas, administraciones de otras fuerzas políticas, sindicatos, movimientos sociales, empresarios, juristas y organizaciones civiles. Cuando sus resoluciones favorecen una posición, suele ser presentada como garante de los derechos fundamentales; cuando afectan intereses políticos, aparece el discurso de la extralimitación y del supuesto “golpe constitucional”.

Sin embargo, el verdadero problema no radica en que exista crítica hacia la Sala. En una democracia madura, todas las instituciones están sujetas al escrutinio ciudadano.

Lo preocupante surge cuando el debate abandona el terreno jurídico para instalarse en el de la deslegitimación institucional.

La Sala Constitucional no fue creada para agradar a los gobiernos ni para satisfacer a las oposiciones. Fue concebida como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y ejercer control sobre los demás poderes del Estado cuando estos exceden los límites constitucionales.

Esa función, por naturaleza, genera fricciones.

Desde su creación en 1989, la Sala IV ha transformado profundamente el derecho costarricense. Ha fortalecido el recurso de amparo hasta convertirlo en uno de los mecanismos de protección de derechos más efectivos de América Latina; consolidó el derecho a la salud obligando a la Caja Costarricense de Seguro Social a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo; reconoció el derecho a un ambiente sano; amplió el acceso a la información pública y la transparencia administrativa; declaró inconstitucionales leyes incompatibles con la Carta Magna; fortaleció los derechos de grupos históricamente discriminados y abrió el camino para el reconocimiento del matrimonio igualitario conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Cada una de esas resoluciones provocó debates intensos.

Cada una recibió aplausos y condenas.

Pero ninguna puede entenderse fuera de la misión que la propia Constitución le asignó al tribunal.

Es legítimo discutir si una sentencia está correctamente fundamentada o si una interpretación constitucional resulta excesivamente amplia. Ese debate fortalece la democracia. Lo que no fortalece a las instituciones es sustituir los argumentos jurídicos por consignas políticas o acusaciones que terminan erosionando la confianza ciudadana en los órganos encargados de controlar el poder.

Porque conviene recordar una verdad elemental: en un Estado constitucional todos los poderes tienen límites.

También el Ejecutivo.

También el Legislativo.

Y, por supuesto, también la Sala Constitucional.

Precisamente por eso existen mecanismos legales para cuestionar sus resoluciones, disentir de sus interpretaciones e impulsar reformas cuando la sociedad considera necesario redefinir competencias.

Lo que no debería convertirse en práctica habitual es presentar cada fallo incómodo como una ruptura del orden democrático.

La historia enseña que esa narrativa aparece una y otra vez, cambia de protagonistas según quién ocupe el poder y desaparece cuando las resoluciones benefician a quienes antes criticaban al tribunal.

Costa Rica ha construido durante décadas una democracia basada en pesos y contrapesos. Esa arquitectura institucional puede generar tensiones, retrasos e incluso decisiones impopulares, pero constituye el mejor antídoto contra la concentración del poder.

Los gobiernos pasan.

Las mayorías legislativas cambian.

Las coyunturas políticas se transforman.

Las instituciones, en cambio, deben permanecer.

Por eso, más allá de simpatías o diferencias con una sentencia específica, la discusión que hoy vive el país debería servir para recordar una lección que la historia ha repetido desde hace más de veinte años: la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos entre sus poderes, sino por la capacidad de resolverlos dentro del marco de la Constitución y con absoluto respeto al Estado de Derecho.

Ese ha sido, hasta ahora, el principal patrimonio institucional de Costa Rica. Conviene no olvidarlo cuando el debate político amenaza con convertir las diferencias jurídicas en confrontaciones contra las instituciones que sostienen nuestra democracia.

Editorial

El Concejo Municipal Tiene la Palabra: el Parque Santiago Jara no Puede Quedar Inconcluso

LA VOZ DE GOICOECHEA (La Dirección).- La suspensión y posterior terminación del contrato para la reconstrucción del Parque Santiago Jara han abierto un debate que trasciende una simple diferencia administrativa. Lo que hoy está en juego no es únicamente el futuro de una obra que ya registraba cerca del 45 % de avance, sino el respeto al marco jurídico que rige la administración municipal, la correcta utilización de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

La decisión adoptada de forma unilateral por el alcalde Fernando Chavarría, sin un pronunciamiento previo del Concejo Municipal, plantea interrogantes que no pueden ser ignorados. El contrato con el Consorcio Progresa-Hemeca, superior a los ₡900 millones, fue autorizado por el propio Concejo, por lo que cualquier modificación sustancial, suspensión o terminación debe ser analizada con estricto apego al ordenamiento jurídico, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas.

El gobierno local no descansa en una sola figura. La Constitución Política y el Código Municipal establecen un modelo de pesos y contrapesos en el que el alcalde dirige la administración, mientras el Concejo Municipal ejerce la dirección política, aprueba contratos, autoriza recursos y fiscaliza la legalidad de los actos administrativos. Esa separación de funciones no es un formalismo: constituye una garantía para proteger el interés público.

Por ello, el Concejo Municipal tiene hoy una responsabilidad ineludible. No basta con recibir explicaciones; corresponde ejercer plenamente su función de control. Esto implica requerir el expediente completo, escuchar a todas las partes involucradas —incluidos los representantes de la empresa contratista y los equipos técnicos— y determinar si la decisión adoptada respetó los procedimientos establecidos por la ley.

Si del análisis se desprende que hubo actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, el Concejo debe adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad, corregir el procedimiento y evitar que decisiones administrativas comprometan una inversión pública de gran importancia para el cantón. De igual manera, deberá garantizar que los recursos presupuestados para el Parque Santiago Jara permanezcan destinados exclusivamente a esa obra y no sean desviados hacia otros proyectos mientras persista la incertidumbre sobre su ejecución.

Pero la discusión no puede quedarse en el ámbito jurídico. El objetivo principal debe ser asegurar que la reconstrucción del parque continúe. Ya sea mediante la reanudación del contrato, la corrección del procedimiento o la definición de una nueva ruta administrativa, la comunidad necesita certezas, plazos claros y un compromiso firme para concluir un proyecto largamente esperado por las familias de Guadalupe y de todo Goicoechea.

Asimismo, si durante el proceso se identifican posibles excesos en el ejercicio de las competencias, omisiones o actuaciones negligentes, corresponde activar los mecanismos institucionales de control, incluyendo auditorías internas y, de ser necesario, la intervención de órganos como la Contraloría General de la República u otras instancias competentes. La transparencia no puede ser una opción; es una obligación inherente al servicio público.

El Parque Santiago Jara representa mucho más que una obra de infraestructura. Es un espacio de convivencia, recreación e identidad para el cantón. Permitir que quede inconcluso significaría desperdiciar recursos públicos, frustrar las expectativas de la ciudadanía y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de administrar el patrimonio común.

La audiencia convocada por el Concejo Municipal será una prueba de su capacidad para ejercer el papel que la ley le asigna. La ciudadanía espera respuestas, pero sobre todo espera decisiones responsables, fundamentadas y oportunas.

Hoy, el Concejo Municipal tiene la palabra. Y con ella, la responsabilidad de garantizar que el Parque Santiago Jara no se convierta en otro proyecto inconcluso, sino en un ejemplo de que el Estado de Derecho y el interés público prevalecen por encima de cualquier decisión unilateral.

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