Activista solicita al Gobierno garantías para migrantes vulnerables ante eventual acuerdo con EE.UU
Nicole Mesén Sojo pide claridad sobre protección de menores, embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- En medio del debate nacional por un eventual acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos para el traslado de personas migrantes deportadas desde terceros países, la activista de derechos humanos Nicole Mesén Sojo solicitó al Gobierno información detallada sobre las medidas de protección dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La gestión fue realizada mediante un oficio dirigido al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, y al director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla Solano.
En el documento, Mesén plantea interrogantes sobre si dentro del grupo de personas que eventualmente serían trasladadas al país se contemplan poblaciones como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo, solicitó información sobre los países de origen de estas personas.
La activista también consultó sobre la existencia de una articulación interinstitucional entre entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
“Se requiere conocer si existen protocolos, lineamientos o mecanismos específicos que garanticen una atención con enfoque de derechos humanos, discapacidad, género y el interés superior de la persona menor de edad”, señala el oficio.
Mesén añadió que, en caso de existir dichos protocolos, se le remita copia como parte de la respuesta oficial.
La solicitud se fundamenta en el derecho de petición y pronta respuesta establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, así como en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La activista enfatizó que la información requerida resulta clave para asegurar que cualquier decisión en materia migratoria se ejecute con respeto a la dignidad humana, la protección internacional y las garantías fundamentales.
