Ministro de Justicia defiende decreto que endurece reglas para reducción de penas

Published by Redacción on 13 mayo, 202613 mayo, 2026

Gabriel Aguilar asegura que la medida busca “cerrar portillos” y exigir trabajo o estudio supervisado para acceder a beneficios penitenciarios

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, defendió el decreto ejecutivo anunciado por la presidenta Laura Fernández sobre la ejecución del año carcelario de 360 días y aseguró que la medida pretende “poner orden” en el sistema penitenciario costarricense.

Según explicó el jerarca, el decreto no modifica la duración del año carcelario, sino que refuerza los requisitos para que las personas privadas de libertad puedan acceder a rebajas de condena y beneficios penitenciarios.

“El decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días, eso ya existe. Lo importante es otra cosa: venimos a cerrar portillos”, afirmó Aguilar.

El ministro señaló que el Código Penal establece que la reducción de penas debe obtenerse mediante trabajo real, con jornadas definidas, supervisión y controles formales. Sin embargo, aseguró que durante años se permitió que actividades artísticas, literarias y artesanales fueran utilizadas como mecanismo para descontar tiempo de prisión.

“Eso se acabó. El decreto en adelante se ajustará a la ley. Si un privado de libertad quiere que se le rebaje la condena, tiene que ganárselo”, sostuvo.

Aguilar indicó que las personas privadas de libertad podrán optar por rebajas únicamente a través de trabajo o estudio con horarios establecidos y bajo supervisión institucional.

“No queremos privados de libertad ociosos, una cárcel no es un hotel. Si el privado de libertad no quiere trabajar o estudiar, sencillamente tiene una opción: cumplir su condena día por día”, manifestó.

Regresa requisito de cumplir un tercio de la pena

El ministro también destacó que el decreto restablece el requisito de haber cumplido al menos una tercera parte de la condena para poder optar por el régimen de confianza.

De acuerdo con Aguilar, esta disposición había sido eliminada en administraciones anteriores y permitía que algunas personas condenadas accedieran a beneficios en plazos muy reducidos.

“Hoy una persona condenada a una pena de 12 años puede salir de la cárcel a los dos años. Eso es una barbaridad y no lo vamos a permitir más”, afirmó.

Con la nueva normativa, explicó, toda persona privada de libertad deberá cumplir como mínimo un tercio de su sentencia antes de solicitar un traslado al régimen de confianza. Además, cada caso será sometido a una evaluación para determinar si representa un riesgo para la sociedad.

“Las condenas son para cumplirse con orden y con autoridad. No van beneficios regalados, no más portillos, no más alcahueterías”, concluyó el ministro.

El anuncio del decreto ha generado reacciones y críticas por parte de distintos sectores, especialmente en torno a los alcances de los beneficios penitenciarios y las condiciones para la reinserción social de las personas privadas de libertad.