Municipalidad de Goicoechea pide Cuatro Años más para Ejecutar Desalojos en Asentamientos de Purral
Alcaldía advierte a la Sala Constitucional que una ejecución inmediata podría generar desplazamientos desordenados y riesgos ambientales
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Municipalidad de Goicoechea solicitó a la Sala Constitucional una ampliación de cuatro años para ejecutar el desalojo definitivo de los asentamientos informales ubicados en el distrito de Purral, en cumplimiento de la Sentencia N.° 2025-030968.
La petición fue presentada junto con otras instituciones recurridas y se sustenta en un informe técnico municipal al que La Voz de Goicoechea tuvo acceso, donde se expone la complejidad social, jurídica y territorial que implica intervenir estas comunidades.
El documento, suscrito por el director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, Mario Iván Rojas Sánchez, mediante el oficio MG-AG-DI-01183-2026, señala que los asentamientos Los Castores, Las Amelias 1 y Las Amelias 2 se encuentran en terrenos municipales catalogados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como zonas de alto riesgo por deslizamientos.
Según el informe, dichos terrenos estaban originalmente destinados a parques, áreas comunales y espacios recreativos.
Plan de intervención escalonado
La Municipalidad planteó una ruta de intervención progresiva para ejecutar los desalojos y procesos de recuperación de terrenos:
Los Castores: entre 2026 y 2027
Las Amelias 1: entre 2027 y 2028
Las Amelias 2: entre 2028 y 2029
El gobierno local sostiene que el proceso no puede ejecutarse en menos de cuatro años debido a la necesidad de realizar estudios sociales, evaluaciones técnicas de riesgo, planes de reubicación temporal y operativos escalonados que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las familias afectadas.
“No es un desalojo simple”
En el informe remitido a los magistrados, el alcalde Fernando Chavarría Quirós aseguró que la situación requiere una “reingeniería territorial” y no únicamente una orden de desalojo convencional.
El jerarca advirtió que una ejecución inmediata podría provocar un desplazamiento humano desordenado, así como consecuencias ambientales y sociales difíciles de controlar.
Además, indicó que el presupuesto municipal vigente ya se encuentra comprometido en proyectos de infraestructura vial incluidos en el Plan Operativo Anual (POA), aprobado por la Contraloría General de la República.
Chavarría señaló que redireccionar recursos sin el debido procedimiento podría exponer a la administración municipal a eventuales responsabilidades por malversación o desvío de poder.
La Municipalidad también citó jurisprudencia constitucional, específicamente el Voto N.° 2014-006871, donde la Sala reconoce que algunas obligaciones relacionadas con vivienda y ambiente deben ejecutarse de manera progresiva cuando existe una alta complejidad técnica y financiera.
Coordinación con instituciones del Estado
El informe destaca que, tras la notificación de la sentencia, se conformó una Comisión de Asentamientos Informales y se han realizado al menos ocho sesiones de trabajo interinstitucional.
En estas mesas participan entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Fuerza Pública.
Según la Municipalidad, la solución definitiva requiere una intervención estructural y coordinada entre múltiples instituciones del Estado.
Sala deberá resolver
Ahora corresponderá a la Sala Constitucional definir si concede o no la prórroga solicitada por la Municipalidad de Goicoechea y las demás instituciones involucradas.
De acuerdo con los informes remitidos al expediente, tanto el IMAS como el Ministerio de Salud y el SINAC respaldan la necesidad de ampliar el plazo inicialmente establecido de ocho meses.
Mientras tanto, el gobierno local reiteró su disposición de cumplir con la sentencia, aunque insistió en que el proceso debe desarrollarse bajo un cronograma “realista, progresivo y respetuoso de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”.
