¡Preocupante! Actual administración de Goicoechea dispara los recursos de amparo por falta de respuesta y aceras malas
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Sala Constitucional reveló que, en menos de dos años, la municipalidad acumula 93 recursos resueltos. Aunque la cifra bruta es menor a la del periodo anterior, el ritmo de reclamos es proporcionalmente más alto, encendiendo las alarmas vecinales.
Un análisis comparativo de los datos emitidos por la Sala Constitucional (Sala IV) enciende las alarmas sobre la gestión de la actual administración municipal de Goicoechea. Según la oficina de prensa del tribunal, entre el 1.º de mayo de 2024 y el 25 de febrero de 2026 se han registrado 93 recursos de amparo resueltos en contra del gobierno local.
Si bien la cifra es inferior en número absoluto a los 154 recursos resueltos durante los cuatro años de la gestión anterior (mayo 2020 – abril 2024), encabezada por Rafael Ángel Vargas Brenes, la proporción en el tiempo es el verdadero foco de preocupación. La actual administración ha acumulado esta cantidad en apenas 22 meses, lo que evidencia un ritmo de judicialización de la gestión municipal significativamente más alto que en el pasado inmediato [data del borrador del lector].
Derecho a responder y derecho a caminar: los dos grandes pendientes
La Voz de Goicoechea consultó el detalle de los casos, y el patrón es recurrente. La mayoría de los amparos resueltos por la Sala IV comparten dos orígenes comunes que reflejan una problemática profunda en el aparato municipal:
El silencio administrativo: La principal causa de los reclamos es la omisión de los funcionarios municipales. Vecinos y comerciantes denuncian que las distintas oficinas de la municipalidad no contestan la correspondencia dirigida en el tiempo requerido por ley. Esta falta de respuesta obliga a los ciudadanos a acudir a la justicia constitucional para ejercer su derecho de petición y obtener una respuesta pronta.
Vías peatonales en abandono: En un segundo lugar, se encuentran los recursos interpuestos debido al mal estado de las aceras del cantón. Los vecinos denuncian estructuras destruidas, obstáculos en la vía pública y falta de mantenimiento, lo que vulnera el derecho al libre tránsito, especialmente de adultos mayores y personas con discapacidad.
¿Costo político o costo económico?
La cantidad de amparos no solo es un termómetro del malestar ciudadano, sino también un golpe a las finanzas municipales. Tal como lo señala el análisis de los datos, resulta preocupante “la cantidad de dinero de los contribuyentes que se asignan para pagar las costas de estos casos” [borrador del lector]. Cada recurso perdido implica no solo la orden de reparar la omisión, sino que en muchas ocasiones conlleva el pago de costas procesales y daños, recursos que podrían destinarse a obras comunales.
“Esto demuestra que algo no se está haciendo bien y es urgente poner atención”, señala el informe de base, haciendo un llamado directo a la administración del alcalde Fernando Chavarría Quirós para corregir el rumbo.
Un llamado a la eficiencia municipal
La función de la Sala Constitucional es proteger los derechos fundamentales, y en Goicoechea, el derecho a recibir una respuesta de las autoridades y a transitar por aceras seguras se ha convertido en la principal causa de litigio. La invitación de este medio es clara: se debe poner atención inmediata no solo por la imagen de la institución, sino para dejar de gastar dinero público en costas judiciales y empezar a invertirlo en solucionar los problemas de fondo que aquejan a los vecinos.
