LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Carlos Luis Murillo Rodríguez, regidor y vicepresidente municipal de Goicoechea, manifestó su respaldo a la eliminación del permiso de uso de suelo aprobado para la Finca El Maderal, ubicada en Mata de Plátano.
Murillo fue enfático al referirse al tema tras ser consultado por La Voz de Goicoechea. “En lo personal creo que se debe eliminar el uso de suelo aprobado por el director de Ingeniería Municipal, Ing. Mario Iván Rojas, para la Finca El Maderal”, afirmó.
El regidor sostuvo que el terreno debe mantener una orientación ecológica y de protección ambiental, y que esa condición debe quedar claramente establecida en la actualización del Plan Regulador del cantón.
“Esa finca debe tener una dimensión ecológica y de protección al medio ambiente y que así conste en la actual actualización del Plan Regulador”, agregó.
Murillo subrayó que el Plan Regulador es una herramienta fundamental para el desarrollo ordenado de Goicoechea y para garantizar la protección de sus habitantes. En ese sentido, reiteró su apoyo al proceso de actualización de este instrumento técnico.
“El Plan Regulador es una necesidad para el buen desarrollo del cantón y de protección hacia sus habitantes, por lo que cuenta con mi apoyo”, indicó.
No obstante, reconoció que el documento puede requerir revisiones puntuales. “Hay algunas cosas en ese Plan Regulador que sí hay que analizarlas y corregir si fuese necesario, pero nunca dejar de contar con esa herramienta de desarrollo cantonal”, concluyó.
La posición del regidor municipl se suma al debate que actualmente se desarrolla en torno al futuro de la Finca El Maderal y al modelo de crecimiento que se proyecta para el cantón de Goicoechea.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad y ordena ejecutar la sentencia de la Sala Constitucional que ratifica el cálculo porcentual de las anualidades de los trabajadores municipales
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Concejo Municipal de Goicoechea aprobó por unanimidad un acuerdo que ordena a la Alcaldía cumplir, en un plazo máximo de 30 días, la sentencia N.° 2025-008201 de la Sala Constitucional relacionada con el cálculo de las anualidades del personal municipal.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del lunes 27 de julio, mediante una moción presentada por las regidoras Gloriana Carmona Seravalli y Johana Oviedo Mora, de la fracción del Partido Frente Amplio.
La resolución del órgano colegiado responde a la necesidad de garantizar la aplicación efectiva del fallo constitucional, luego de que no existiera información oficial sobre las acciones emprendidas por la administración municipal para acatar una sentencia que, por su naturaleza, es de cumplimiento obligatorio e inmediato.
La sentencia de la Sala Constitucional analizó la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación con el pago de anualidades, rechazando la modificación que pretendía sustituir el cálculo porcentual del incentivo por antigüedad por un monto nominal fijo para los trabajadores amparados por la convención colectiva.
Acuerdo de cumplimiento obligatorio
El acuerdo municipal, declarado en firme, instruye a la Alcaldía para que, si aún no lo ha hecho, implemente en un plazo de 30 días todas las medidas administrativas, presupuestarias y de gestión de personal necesarias para cumplir la resolución de la Sala Constitucional, siempre dentro del marco legal y conforme a los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República.
Asimismo, una vez ejecutadas las acciones, la administración deberá presentar un informe final al Concejo Municipal, respaldado por los departamentos de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, en el que se certifique el cumplimiento integral de la sentencia.
El Concejo también dispuso que la Municipalidad informe de manera clara y oportuna a todos los funcionarios sobre las medidas adoptadas, con el propósito de garantizar transparencia y seguridad jurídica para el personal.
Se mantiene el cálculo porcentual
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la instrucción expresa de respetar la Convención Colectiva vigente, la cual establece que las anualidades deben calcularse como un porcentaje del salario y no mediante una suma fija.
Con ello, el Concejo reafirma que la administración municipal debe aplicar el régimen establecido en la convención colectiva y ajustarse a lo resuelto por la Sala Constitucional.
El acuerdo fue comunicado oficialmente a la Alcaldía, a la Dirección Administrativa Financiera, al Departamento de Recursos Humanos y a los medios de comunicación locales para su conocimiento y divulgación.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La fracción municipal de la Coalición Cambio Ciudadano (CCC) solicitó al alcalde Fernando Chavarría información detallada sobre el mantenimiento de la flotilla de recolección de residuos y el cumplimiento del contrato con el taller encargado de las reparaciones.
La fracción municipal de la Coalición Cambio Ciudadano (CCC) presentó un oficio ante la Alcaldía de Goicoechea para solicitar información relacionada con el mantenimiento de los camiones recolectores de basura, ante las constantes quejas de vecinos por atrasos y problemas en la prestación del servicio de recolección de residuos en distintos sectores del cantón.
El documento, fechado el 13 de julio y recibido por la Alcaldía al día siguiente, hace referencia al contrato vigente para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos de la Municipalidad, suscrito con el proveedor Dennis Madrigal Cervantes.
En la gestión, los regidores y representantes de la fracción solicitan que la Administración remita de manera inmediata información sobre la ejecución del contrato y el estado de las reparaciones realizadas a la flotilla municipal.
Entre los datos requeridos figuran:
El detalle de todos los trabajos adicionales que hayan surgido tras el desarme de las unidades cuando las fallas no fueron detectadas inicialmente.
La certificación del taller que acredite el cumplimiento del plazo de cinco días hábiles para iniciar las reparaciones una vez emitida la orden de compra.
Copias de las facturas emitidas por la Administración Municipal al contratista.
El desglose de los costos correspondientes a mano de obra, repuestos y materiales utilizados en cada reparación.
La constancia física de los repuestos sustituidos para verificar su reemplazo.
Informes sobre desperfectos detectados durante las reparaciones que no hubieran sido reportados al inicio.
Información sobre la aplicación de la cláusula penal que establece una multa del 1,5% del valor del servicio por cada día hábil de atraso en la entrega de las unidades.
Un reporte sobre eventuales sanciones o multas aplicadas al proveedor por incumplimientos contractuales.
La solicitud se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de petición, así como en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El oficio fue suscrito por los regidores Melissa Valdivia Zúñiga, Luis Carlos Barquero Araya y Sixto Araya Araya, además del síndico Estiven Arias Garro y la regidora suplente Rosaura Castellón Navarro.
Según los firmantes, el deterioro y las fallas que presentan los camiones recolectores afectan directamente la continuidad y la calidad del servicio que reciben los habitantes del cantón, por lo que consideran indispensable conocer cómo se están administrando los recursos destinados al mantenimiento de la flotilla.
La fracción de la Coalición Cambio Ciudadano indicó que espera una respuesta oportuna por parte de la Alcaldía para esclarecer el manejo del contrato y determinar si se han aplicado los mecanismos de control y las sanciones previstas en caso de incumplimientos, con el fin de garantizar un servicio de recolección de residuos eficiente y continuo para la población de Goicoechea.
Este medio buscará la reacción de la alcaldía municipal y la estará dando a conocer.
Más de la mitad de los residuos generados en el país son orgánicos. Un proyecto impulsado por instituciones públicas y organismos internacionales demuestra que tratarlos adecuadamente puede reducir emisiones, disminuir costos municipales y fortalecer la economía circular
LA VOZ DE GOICOECHEA ( María Fernanda Lobo Regidor).- Más del 50 % de los residuos ordinarios que se generan anualmente en Costa Rica corresponde a materia orgánica. Sin embargo, cuando estos desechos terminan en rellenos sanitarios sin un tratamiento adecuado, se convierten en una importante fuente de emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto sobre el cambio climático.
Con el objetivo de revertir esta situación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el apoyo de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y la ejecución técnica de CEGESTI, desarrollan el proyecto “Implementar una hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica”, una iniciativa que ya brinda herramientas a 11 municipalidades del país para transformar estos residuos en un recurso de valor.
Costa Rica produce cada año más de 3,4 millones de toneladas de residuos ordinarios, de las cuales más de la mitad son de origen orgánico. Como parte del proyecto, se elaboró una Guía Técnica para la Planificación de la Gestión Municipal de Residuos Orgánicos, diseñada para integrarse a los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMGIRS).
Esta guía permite a los gobiernos locales realizar diagnósticos, establecer metas, definir indicadores y dar seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el manejo de estos materiales.
Además, el proyecto desarrolló diez estrategias municipales y diez estudios de prefactibilidad que evaluaron distintas alternativas de tratamiento, entre ellas el compostaje en pilas, sistemas cerrados y bioceldas, considerando aspectos como costos, eficiencia y las condiciones particulares de cada territorio.
“Transformar los residuos orgánicos en un recurso es una de las acciones más concretas que podemos impulsar para enfrentar el cambio climático desde lo local. Este proyecto demuestra que con planificación, colaboración y conocimiento técnico es posible reducir emisiones, fortalecer la gestión municipal y generar valor para la ciudadanía”, señaló Gabriela Román, gestora de proyectos.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que, en la mayoría de los casos analizados, procesar los residuos orgánicos resulta más económico que mantener el modelo tradicional de recolección, transporte y disposición final en rellenos sanitarios, lo que confirma la viabilidad económica de estas iniciativas para los gobiernos locales.
En conjunto, las soluciones identificadas permitirían procesar más de 18.800 toneladas de residuos orgánicos al año y evitar la emisión de aproximadamente 4.596 toneladas de metano durante un período de 20 años, lo que equivale a una reducción de más de 370.000 toneladas de dióxido de carbono.
El proyecto también fortaleció las capacidades locales mediante la capacitación de más de 300 funcionarios municipales y actores comunitarios, quienes ahora cuentan con mayores herramientas para implementar modelos de gestión sostenible de residuos.
Los responsables de la iniciativa destacan que no existe una solución única para todos los cantones. Cada municipalidad debe adaptar sus estrategias a su realidad territorial, considerando factores como la cantidad de residuos generados, la disponibilidad de recursos y las características geográficas de cada comunidad.
Para los cantones del Gran Área Metropolitana, esta experiencia representa una oportunidad para avanzar hacia modelos de economía circular, reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y contribuir al cumplimiento de las metas nacionales de acción climática.
Con iniciativas como esta, Costa Rica continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad, demostrando que una adecuada gestión de los residuos orgánicos no solo beneficia al ambiente, sino que también representa una inversión en comunidades más saludables, resilientes y eficientes.
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