Poder Judicial: nueva Ley de Ejecución de la Pena establece reglas claras para el sistema penitenciario
Iniciativa fue trabajada conjuntamente con el Ministerio de Justicia y legisladores
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, este jueves 19 de febrero, la Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas (expediente N.° 24.019), una normativa que establece un marco jurídico integral para regular el funcionamiento del sistema penitenciario costarricense.
Con esta aprobación, el país salda una deuda histórica de más de cinco décadas, luego de que la Sala Constitucional señalara la necesidad de contar con reglas claras y precisas en materia de ejecución de la pena.
La iniciativa fue impulsada y trabajada técnicamente por un equipo de profesionales del Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz y con el acompañamiento de legisladores de distintas fracciones, con el objetivo de dotar al país de un marco moderno, equilibrado y acorde con los estándares constitucionales.
Durante su elaboración se consultó a diversas instituciones vinculadas con la temática, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Además, se desarrollaron mesas de trabajo en la Presidencia de la República y en la Asamblea Legislativa, lo que permitió construir un texto consensuado y con respaldo técnico.
El proyecto recibió dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el apoyo de todas las fracciones representadas en ese órgano legislativo.
Reglas claras, sin flexibilización de penas
De acuerdo con el Poder Judicial, la nueva ley no implica una flexibilización de las penas ni establece tratos más favorables para las personas privadas de libertad. Por el contrario, ordena y clarifica los derechos, deberes y procedimientos que deben observar tanto las personas sentenciadas como las autoridades penitenciarias y judiciales.
La normativa refuerza la seguridad jurídica al disponer que cualquier beneficio penitenciario, modificación en la modalidad de cumplimiento de la pena o resolución sobre libertad condicional deberá estar debidamente fundamentado y podrá ser impugnado mediante los recursos correspondientes.
Acceso a la justicia y supervisión judicial
Uno de los ejes centrales de la ley es el fortalecimiento del papel de los Juzgados de Ejecución de la Pena, que se consolidan como instancia clave para garantizar el acceso a la justicia de las personas sentenciadas, bajo estricta supervisión judicial.
Entre las nuevas disposiciones, se establece la obligación de que las juezas y jueces visiten los centros penales al menos cada seis meses, con el fin de verificar el respeto de los derechos fundamentales y, de ser necesario, ordenar medidas correctivas ante eventuales vulneraciones o situaciones de hacinamiento.
Enfoque en rehabilitación y reinserción
La normativa también incorpora un enfoque orientado a la rehabilitación y la reinserción social, con el propósito de atender las causas del delito y reducir la reincidencia.
Para ello, promueve procesos estructurados de atención técnica, responsabilidad personal y justicia restaurativa. Esta última podrá aplicarse en la fase de ejecución de la pena, en casos de penas alternativas o incidentes de libertad condicional, siempre que medie el consentimiento de la víctima.
Con la entrada en vigencia de esta ley, Costa Rica avanza hacia un sistema de ejecución de la pena más claro, transparente y equilibrado, que armoniza derechos y deberes, fortalece el control judicial y brinda mayor seguridad jurídica en beneficio de toda la ciudadanía.
