Violencia laboral contra las mujeres: una deuda pendiente en el sector público

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- La violencia laboral contra las mujeres sigue siendo una realidad incómoda y persistente en las instituciones públicas. Aunque Costa Rica ha avanzado en marcos legales y compromisos internacionales, los hechos demuestran que aún existen prácticas normalizadas que vulneran derechos, deterioran el clima institucional y afectan de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas que ejercen liderazgos o funciones de representación.

El reciente caso de Rebeca Céspedes Alvarado, funcionaria municipal y presidenta de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Goicoechea, vuelve a colocar este tema en la agenda pública. El pasado lunes 26 de enero, Céspedes interpuso una denuncia administrativa formal contra el director jurídico municipal, por hechos que, según su testimonio, constituyen una agresión verbal ocurrida durante su jornada laboral.

Más allá del desenlace que tenga este proceso, el hecho de que una funcionaria recurra a los canales formales de denuncia debe ser leído como una señal de alerta institucional. La violencia laboral no se limita a agresiones físicas. Incluye gritos, humillaciones, descalificaciones, intimidaciones, acoso psicológico y abuso de autoridad, conductas que muchas veces se minimizan o se etiquetan erróneamente como “conflictos administrativos”, invisibilizando su verdadero impacto.

Especialistas y organismos internacionales han advertido que las mujeres enfrentan mayores riesgos de violencia y acoso en entornos con estructuras jerárquicas marcadas, como las instituciones públicas. Estas situaciones suelen manifestarse cuando existe una relación de poder desigual, particularmente desde puestos de autoridad hacia funcionarias, o bien contra mujeres que ocupan espacios de fiscalización, liderazgo o representación sindical. En estos casos, la violencia puede operar como un mecanismo de intimidación o silenciamiento.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido clara al señalar que las mujeres sindicalistas y defensoras de derechos laborales se encuentran entre los grupos más expuestos a este tipo de prácticas. No es casualidad que, en 2019, la OIT aprobara el Convenio 190 —ratificado recientemente por Costa Rica como Ley de la República—, que reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

Este convenio define la violencia laboral como cualquier comportamiento que cause o pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico, y establece la obligación de los Estados y de los empleadores de prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Además, reconoce que la violencia laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres, e insta a las instituciones públicas a contar con protocolos claros, medidas preventivas y mecanismos efectivos de protección para las personas denunciantes.

Sin embargo, la realidad demuestra que denunciar sigue siendo un proceso complejo y riesgoso para muchas mujeres. El temor a represalias, la revictimización, la lentitud de los procesos administrativos y la ausencia de medidas cautelares oportunas continúan siendo obstáculos recurrentes. Estas barreras no solo desalientan la denuncia, sino que perpetúan una cultura de silencio e impunidad.

Por ello, organizaciones sindicales y de derechos humanos insisten en que estos casos deben abordarse con debida diligencia, enfoque de género y una perspectiva preventiva. La violencia laboral no es un hecho aislado ni un problema individual: es una falla institucional que requiere respuestas claras, oportunas y transparentes.

La violencia laboral contra las mujeres no solo afecta a quienes la padecen directamente. También deteriora el clima institucional, debilita la confianza ciudadana y compromete principios fundamentales de la función pública, como el respeto, la igualdad y la legalidad. En el ámbito local, donde la cercanía entre autoridades y personal es mayor, la rendición de cuentas resulta aún más relevante.

Visibilizar estos casos no implica condenar anticipadamente, sino reconocer que existe un desafío pendiente. La municipalidad de Goicoechea, como cualquier otra institución pública del país, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que los derechos laborales y la dignidad de las mujeres no son negociables.

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La vivienda que crece con la familia: una oportunidad para Purral y Goicoechea en general

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En América Latina, millones de familias han aprendido a construir su hogar paso a paso. No por capricho, sino por necesidad. Frente al alto costo de la vivienda formal y al limitado acceso al crédito, la región ha desarrollado una respuesta propia y realista: la vivienda evolutiva o progresiva.

Este modelo, que ya es mayoría en países como Perú y México, parte de una idea sencilla pero poderosa: la casa no es un producto terminado, sino un proceso. Se inicia con un módulo básico —sala, cocina, baño y uno o dos dormitorios— y, conforme la familia mejora sus ingresos o cambian sus necesidades, la vivienda se amplía de manera planificada, segura y técnicamente prevista desde el diseño original.

No se trata de improvisación. A diferencia de la autoconstrucción informal que muchas veces vemos en asentamientos precarios, la vivienda evolutiva contempla desde el inicio los puntos estructurales, eléctricos y sanitarios para futuras ampliaciones. Es decir, permite crecer sin comprometer la seguridad ni la calidad de vida.

En Argentina, iniciativas como Fábrica Social TECHO, apoyadas por organismos internacionales, han demostrado que es posible ofrecer viviendas sostenibles, accesibles y ampliables mediante créditos sociales. En Perú, siete de cada diez casas se construyen progresivamente. El Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD reconocen este modelo como una de las estrategias más efectivas para enfrentar el déficit habitacional en la región.

¿Y qué tiene que ver esto con Goicoechea?

Mucho.

En distritos como Purral, donde existen asentamientos consolidados, pero con limitaciones estructurales, hacinamiento y falta de planificación urbana, el modelo de vivienda evolutiva podría representar una alternativa concreta y digna. En lugar de pensar únicamente en erradicaciones o soluciones habitacionales que tardan años en concretarse, se podría apostar por esquemas de mejora progresiva asistida.

Imagínese un programa municipal o nacional que ofrezca:

Diseño técnico base para ampliaciones seguras.

Asesoría en construcción por etapas.

Acceso a microcréditos o financiamiento escalonado.

Acompañamiento social y comunitario.

En muchos hogares de Purral ya existe el espíritu de la vivienda evolutiva: familias que levantan un cuarto más cuando un hijo crece, que techan un espacio adicional cuando mejora el ingreso. La diferencia está en hacerlo con planificación, apoyo técnico y respaldo institucional, para evitar riesgos estructurales y garantizar condiciones dignas.

La vivienda evolutiva rompe con una visión rígida del desarrollo urbano. Entiende que las familias cambian, que los ingresos fluctúan y que el sueño de la casa propia no siempre puede pagarse de una sola vez. En vez de exigir una solución completa e inmediata —que para muchos resulta inalcanzable— propone avanzar por etapas, con seguridad y previsión.

Para Goicoechea, esto abre una conversación necesaria. Ahora que el síndico suplente de Purral, Anibal Picado, ha puesto sobre la mesa la discusión de este tema ¿Podría el cantón liderar un plan piloto de vivienda progresiva asistida? ¿Podrían las alianzas público-privadas y las cooperativas jugar un rol más activo? ¿Es momento de adaptar la normativa para facilitar ampliaciones planificadas en lugar de castigar la necesidad?

Más que un techo, la vivienda evolutiva representa dignidad, estabilidad y oportunidad. Es permitir que una familia construya patrimonio a su ritmo, sin endeudarse de por vida y sin resignarse a la informalidad.

Si América Latina ya encontró en este modelo una herramienta eficaz para enfrentar el déficit habitacional, quizá ha llegado el momento de que Purral y Goicoechea miren ese espejo con atención.

Porque el sueño de la casa propia no debería terminar el día de la entrega de llaves. Debería empezar ahí.

Editorial

Cuando la crítica incomoda… y se responde atacando la vida privada

Táctica de desviación en la función pública

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En el ejercicio de la función pública existe una práctica tan antigua como preocupante: cuando alguien señala un posible incumplimiento del deber, en lugar de responder con transparencia y datos, algunos optan por cambiar el foco. No se responde a la crítica: se busca al crítico.

La mecánica es conocida. Se revisa su vida personal, se indagan errores pasados, se intenta sembrar duda sobre su capacidad intelectual, su honestidad, sus estudios, su carácter y hasta su lugar de residencia. El debate, que debió ser institucional, se convierte en un lodazal personal.

Esta estrategia no es nueva. Cuando no se puede desmentir un señalamiento con informes, datos o rendición de cuentas, se intenta desacreditar a quien cuestiona. Es una forma de evasión y, en ocasiones, de intimidación encubierta.

Pero hay algo que conviene recordar con claridad: la crítica a un funcionario público no es un ataque a su vida privada. Es un cuestionamiento a su desempeño en un cargo que ejerce con recursos públicos y bajo el deber legal de probidad, transparencia y responsabilidad. En democracia, lo público se fiscaliza; lo privado se respeta.

Un comunicador o periodista no es funcionario público. No administra fondos del Estado, no ejerce potestades públicas ni toma decisiones con impacto institucional. Su rol es distinto: informar, analizar, cuestionar y, cuando corresponda, denunciar. Como todo profesional, responde por su ética. Si se equivoca en una información, debe rectificar. Si incurre en un error profesional, debe asumirlo. Pero su vida privada —su relación familiar, personal o espiritual— no forma parte del control ciudadano ni es materia de debate político.

La rendición de cuentas es una obligación exclusiva de quien ejerce poder público. No puede invertirse la carga. No puede pretenderse que la crítica legítima se silencie mediante ataques personales. Confundir ambos planos es peligroso, porque cuando la fiscalización se castiga con intimidación, lo que se debilita no es una persona: es la democracia misma.

La crítica no es enemistad. Es control ciudadano. Y el control ciudadano no debería provocar persecución, sino mejora institucional.

Quienes hacemos “La Voz de Goicoechea” tenemos la conciencia tranquila. Nunca hemos sido ni seremos poco éticos. Siempre hemos representado —y así seguiremos— a la población, señalando los errores en el ejercicio de la función pública. Si la respuesta es la intimidación, que quede claro: no limitará nuestra tarea.

Si quieren llevar el debate al terreno de los ataques personales, existen otros espacios que prestan a ese tipo de prácticas. Aquí somos profesionales y éticos. Aunque conozcamos aspectos de la vida personal de muchos, siempre los respetaremos.

La exigencia no se negocia. La dignidad, tampoco.

Editorial

El precio de decir la verdad: La Voz de Goicoechea y el acoso de los que siempre callaron

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- En democracia, el periodismo no está para agradar al poder, sino para vigilarlo. Esa ha sido, desde su fundación, la convicción de La Voz de Goicoechea. Y es precisamente por ejercer ese deber —incómodo pero necesario— que hoy enfrentamos una campaña sistemática de acoso e intimidación.

Durante años, un reducido grupo de actores políticos se movió con comodidad en la opacidad. Decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía, denuncias ignoradas, silencios convenientes. Muchos sabían lo que ocurría; pocos se atrevían a contarlo. Este medio decidió hacerlo.

Bajo la dirección del periodista Lic. Isaí Jara Arias, asumimos una línea editorial clara: informar con rigor, dar espacio a las denuncias documentadas y poner nombre y contexto a hechos de interés público. Hemos publicado reportes sobre presunta violencia laboral en la municipalidad, sobre señalamientos de persecución sindical y sobre advertencias de regidores respecto a problemas de salud pública. No hemos inventado historias; hemos cumplido con nuestra responsabilidad de informar.

La reacción no ha sido el debate abierto ni la rendición de cuentas. Ha sido el hostigamiento.

Lo que enfrentamos no es una diferencia de criterio ni una crítica legítima —siempre bienvenida en una sociedad plural—, sino un patrón de descalificación, ataques personales e intentos de amedrentamiento que buscan algo muy concreto: silenciar la voz crítica. Se pretende deslegitimar al mensajero para evitar responder al mensaje.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. En distintos niveles, la prensa crítica ha sido objeto de discursos estigmatizantes y presiones que erosionan el clima de respeto indispensable para el ejercicio periodístico. Cuando se normaliza la intimidación contra un medio, no solo se afecta a sus periodistas: se debilita el derecho de toda la ciudadanía a estar informada.

En Goicoechea, esa lógica se replica a escala local. Se intenta instalar la idea de que cuestionar al poder es “atacar”, que fiscalizar es “perseguir” y que publicar denuncias fundamentadas es “desestabilizar”. Nada más lejos de la verdad. La función de la prensa es precisamente examinar la gestión pública y dar voz a quienes, de otro modo, quedarían relegados al silencio.

No nos mueve el ánimo de confrontar por confrontar. Nos mueve el compromiso con nuestros lectores y con el cantón. Creemos en el peso de la ley y en las vías institucionales. Por ello, hemos decidido acudir a las instancias correspondientes para que los actos de acoso e intimidación sean investigados conforme al marco legal vigente, incluyendo mecanismos de protección a la libertad de prensa.

A nuestros lectores les reiteramos: esta sigue siendo su voz. A quienes intentan intimidarnos, les recordamos que la crítica no se combate con ataques personales, sino con transparencia y argumentos.

La historia demuestra que cuando el poder busca acallar a la prensa, lo que realmente teme es la verdad. La Voz de Goicoechea seguirá cumpliendo su deber: informar con responsabilidad, fiscalizar con rigor y defender el derecho ciudadano a saber. Porque callar ante la intimidación sería traicionar la esencia misma del periodismo. Y ese es un precio que no estamos dispuestos a pagar.

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