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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Gobierno de la República anunció una serie de condiciones clave para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, centradas no solo en el monto de los recursos, sino en el impacto que estos deben generar en el desarrollo del país.
Durante la primera sesión de discusión, las autoridades expusieron el contexto macroeconómico nacional, marcado por una inflación negativa y restricciones fiscales, lo que —según indicaron— obliga a maximizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la educación superior.
En este escenario, el Ejecutivo propuso una serie de lineamientos concretos para orientar la asignación del FEES. Entre ellos destacan el aumento de becas para estudiantes en condición de pobreza, una distribución más equitativa de los fondos entre universidades y la promoción de carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).
Asimismo, el Gobierno planteó la necesidad de reducir los tiempos de graduación y fortalecer la inversión en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin de ampliar las oportunidades educativas en todo el territorio nacional.
Otro de los puntos señalados fue la exigencia de una rendición de cuentas más rigurosa por parte de las universidades públicas, particularmente en relación con los compromisos asumidos en el año 2025.
En la sesión también se abordaron temas estratégicos vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Entre estos, se incluyen aspectos relacionados con la Ley Marco de Empleo Público y el Sistema Nacional de Inversión Pública.
La próxima reunión para continuar con la negociación del FEES 2027 está programada para el 7 de abril en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), donde se espera que tanto el Gobierno como las universidades presenten sus propuestas formales.
Con este planteamiento inicial, el Ejecutivo busca orientar la discusión hacia resultados medibles en equidad, acceso y pertinencia de la educación superior, en un contexto económico que exige mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
