Indignación ciudadana por uso de menor en acto político: señalan posible ilegalidad en actividad del PLN

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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Gabriela Umaña, periodista).- La utilización de su hija con apenas 8 años de edad en actividades proselitistas volvió a encender la polémica política y social en Costa Rica. Esta vez, la indignación ciudadana se desató tras un evento político realizado el pasado fin de semana, donde el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Alvaro Ramos, permitió que su hija menor de edad ofreciera un discurso durante una actividad pública de carácter electoral.

El hecho generó una fuerte reacción de distintos sectores de la sociedad, que califican la acción como ilegal y éticamente reprochable, al considerar que expone a una persona menor de edad a intereses políticos que podrían afectar su bienestar y desarrollo integral.

De acuerdo con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, está expresamente prohibido utilizar a menores de edad en discursos, propaganda o cualquier forma de promoción política que los instrumentalice o los coloque en una situación de vulnerabilidad. La normativa es clara: los niños, niñas y adolescentes no son herramientas de campaña.

Especialistas en derechos humanos y organizaciones defensoras de la niñez manifestaron su preocupación, advirtiendo que este tipo de prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también podrían acarrear consecuencias legales tanto para el candidato como para su partido político.

“Es fundamental respetar la dignidad y la voz de los menores. Su participación en espacios públicos debe darse únicamente en entornos seguros, libres de presión y sin fines electorales”, señaló una funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien solicitó mantener el anonimato.

La molestia ciudadana se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su rechazo. Comentarios como “no se vale usar a los niños para ganar votos” o “la política tiene límites, y uno de ellos son los menores” se multiplicaron, acompañados de llamados a que las autoridades electorales intervengan.

Ante la consulta de este medio, el PLN aseguró que revisará las circunstancias del evento y que tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan. No obstante, para muchos ciudadanos, la respuesta resulta insuficiente en un momento en el que la ética política está bajo la lupa.

Diversos sectores han solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a las instancias de protección de la niñez que se pronuncien con claridad y determinen si existió una violación a la ley.

A medida que el proceso electoral avanza, el episodio deja una pregunta incómoda pero necesaria sobre la mesa: ¿todo vale en campaña? Para una ciudadanía cada vez más vigilante, la respuesta parece clara: con los derechos de los menores, no se juega… ni siquiera en tarima.

*Imagen de la portada es con fines ilustrativos

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