LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Un total de 76 funcionarios municipales de diversas regiones del país concluyeron exitosamente el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública , un programa de formación clave para la modernización de la gestión local en Costa Rica.
Este diplomado fue impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Costa Rica) y contó con el financiamiento del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Impulso a la profesionalización local
Los 76 participantes fueron becados en su totalidad por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), institución que adquirió los espacios académicos con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los gobiernos locales.
La graduación se llevó a cabo en el auditorio del parque La Libertad, ubicado en el distrito de Patarrá, del cantón de Desamparados, San José.
La presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, destacó la importancia de este esfuerzo formativo:
“Estas becas representan una oportunidad real para fortalecer las capacidades técnicas en los municipios. La formación es un puente directo hacia una gestión más ágil, más informada y más cercana a las necesidades de las comunidades”.
Contenido y proyectos de alto impacto
El diplomado, con una duración de seis meses , abordó una variedad de temas cruciales para la gestión pública municipal:
Innovación y gobernanza
Análisis de datos
Políticas locales
Desarrollo territorial
Economía circular
Movilidad sostenible
Introducción a la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos
La metodología combinó teoría y práctica, permitiendo a los participantes desarrollar proyectos orientados a resolver desafíos reales de sus cantones. Además del título, los graduandos recibieron una certificación en la metodología Design Thinking, un enfoque centrado en las personas para generar soluciones innovadoras a problemas públicos.
FLACSO subrayó que la calidad de los proyectos desarrollados en esta edición evidencia el compromiso de los funcionarios con el mejoramiento de los servicios públicos locales y la búsqueda de soluciones innovadoras.
Rumbo a un Bootcamp Internacional
Durante la ceremonia de clausura, se anunció que varios proyectos realizados por los funcionarios fueron preseleccionados por FLACSO y el CAF. Estas iniciativas tendrán la oportunidad de competir por un espacio en un bootcamp internacional, una fase de profundización técnica en la que se analizarán iniciativas con potencial de convertirse en modelos replicables de gestión pública local. Solo 20 proyectos a nivel regional participarán en este bootcamp.
Con esta cuarta edición, el diplomado se consolida como un espacio académico de referencia para la modernización de la gestión municipal en Costa Rica, gracias a la colaboración entre instituciones internacionales, centros académicos y el IFAM.
LA VOZ DE GOICOECHEA POR Isaí Jara, periodista).- Vecinos de distintas comunidades del cantón de Goicoechea enfrentan en las últimas semanas una creciente ola de robos y manipulaciones de medidores de agua potable, situación que mantiene en alerta tanto a la ciudadanía como al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La institución emitió este sábado un llamado urgente a la población para reforzar la vigilancia y denunciar cualquier actividad sospechosa, ante el aumento de casos relacionados con la sustracción de hidrómetros, dispositivos esenciales para el control del consumo de agua.
Según advirtió el AyA mediante un comunicado oficial, estos equipos son propiedad de la institución, por lo que su robo o alteración constituye un delito penado por el Código Penal. Además del perjuicio legal, estas acciones generan interrupciones en el suministro del servicio y provocan desperdicio del recurso hídrico.
“Los hidrómetros son propiedad del AyA, por lo que su robo o manipulación representan un daño al bien público”, indicó la entidad.
El llamado de las autoridades es claro: cualquier situación sospechosa debe ser reportada de inmediato al sistema de emergencias 911, única vía habilitada para canalizar este tipo de denuncias.
En paralelo, organizaciones comunales han solicitado un incremento en los patrullajes nocturnos, especialmente en zonas donde se ha detectado mayor incidencia de estos delitos.
Los vecinos afectados no solo enfrentan la reposición del equipo robado —lo que implica un costo económico adicional—, sino también cortes prolongados en el servicio de agua potable, afectando a decenas de familias.
El AyA reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para frenar esta problemática. “Cuidar el agua es tarea de todos”, concluye el pronunciamiento.
La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad comunitaria y la respuesta institucional, en un contexto donde el acceso al agua potable resulta vital para la calidad de vida de la población.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara).- Las autoridades costarricenses han encendido nuevamente las alertas ante el resurgimiento de estafas telefónicas tipo “call center”, que presuntamente se estarían coordinando desde centros penitenciarios del país.
El aviso se refuerza tras un caso reciente en el que un sujeto intentó engañar a un ciudadano mediante una llamada con aparentes fines fraudulentos. Según se reportó, el individuo interrumpió la comunicación de forma inmediata al notar que la víctima comenzaba a sospechar del engaño.
Este tipo de modalidad delictiva consiste en llamadas masivas realizadas por privados de libertad —o personas vinculadas a ellos— que se hacen pasar por funcionarios de instituciones públicas, entidades bancarias o empresas privadas, con el objetivo de obtener dinero o información confidencial.
Ante este escenario, las autoridades hacen un fuerte llamado a la población a cuidarse de llamadas telefónicas de desconocidos, recordando que ninguna institución oficial solicita datos personales, bancarios o códigos de verificación por esta vía.
“Es fundamental no brindar información sensible a través de llamadas inesperadas”, reiteraron voceros, quienes insisten en que la prevención ciudadana es clave para frenar este tipo de delitos.
Entre las principales recomendaciones destacan:
Desconfiar de llamadas inesperadas que soliciten dinero o datos confidenciales.
Verificar directamente con la institución antes de realizar cualquier trámite.
Colgar de inmediato si detecta inconsistencias o presión en la llamada.
Denunciar cualquier intento de estafa ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este nuevo incidente pone en evidencia que las estafas telefónicas continúan evolucionando y afectando a ciudadanos en todo el país, por lo que mantenerse informado y actuar con cautela resulta esencial para evitar ser víctima.
Entidad advierte que iniciativa abriría portillo para la mercantilización de datos personales y debilitaría el control público
LA VOZ DE GOICOECHEA, (por Isaí Jara, periodista).- El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) lanzó una advertencia sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley N.º 24.374, que busca regular la información crediticia en Costa Rica. Según la organización, la propuesta podría generar riesgos significativos para la privacidad de la ciudadanía y favorecer el uso comercial de datos personales sensibles.
En un pronunciamiento dirigido a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, OMERCON señaló que, pese a su enfoque en la protección de datos, el proyecto abre “un portillo estructural para la mercantilización de la información personal financiera” de los costarricenses.
La entidad advirtió que existe una contradicción central en la iniciativa: mientras plantea salvaguardar los datos personales, permitiría su circulación en el ámbito privado sin mecanismos institucionales suficientes que garanticen su protección efectiva.
Datos sensibles y riesgos de seguridad
El organismo destacó que los historiales crediticios contienen información altamente sensible, como ingresos, niveles de endeudamiento, relaciones con fiadores y patrones financieros. En un contexto de aumento de la criminalidad, estos datos podrían ser utilizados por estructuras delictivas para actividades como extorsión o fraude.
Además, OMERCON subrayó que la experiencia internacional demuestra que filtraciones en burós de crédito privados han sido utilizadas para delitos a gran escala, lo que incrementa la preocupación sobre la apertura propuesta en el proyecto.
Críticas al modelo propuesto
El Observatorio cuestionó que la iniciativa limite el uso de datos por parte de entidades públicas como la SUGEF o el Banco Central, mientras amplía su acceso a actores privados sin el mismo nivel de fiscalización.
“Menos control público y más poder privado implica un mayor riesgo para la ciudadanía”, advierte el documento, que también considera innecesaria la creación de registros privados al no evidenciarse fallas estructurales en el actual sistema público de información crediticia.
Impacto en los consumidores
Entre los posibles efectos negativos, OMERCON mencionó el aumento de trámites para corregir errores en historiales crediticios, el riesgo de daños reputacionales por registros incorrectos y la perpetuación del sobreendeudamiento al no responsabilizar a las entidades que otorgan crédito sin evaluar la capacidad de pago.
Propuesta alternativa
Frente a este escenario, la organización propuso fortalecer el Centro de Información Crediticia de la SUGEF, endurecer sanciones por uso indebido de datos, prohibir su comercialización y avanzar en la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor Financiero.
Asimismo, recomendó mantener la gestión de los historiales crediticios dentro del ámbito público, siguiendo modelos internacionales que priorizan el control estatal sobre este tipo de información.
El proyecto de ley continúa en análisis en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde OMERCON reiteró su disposición a participar en el debate técnico.
