LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Un total de 76 funcionarios municipales de diversas regiones del país concluyeron exitosamente el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública , un programa de formación clave para la modernización de la gestión local en Costa Rica.
Este diplomado fue impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Costa Rica) y contó con el financiamiento del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Impulso a la profesionalización local
Los 76 participantes fueron becados en su totalidad por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), institución que adquirió los espacios académicos con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los gobiernos locales.
La graduación se llevó a cabo en el auditorio del parque La Libertad, ubicado en el distrito de Patarrá, del cantón de Desamparados, San José.
La presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, destacó la importancia de este esfuerzo formativo:
“Estas becas representan una oportunidad real para fortalecer las capacidades técnicas en los municipios. La formación es un puente directo hacia una gestión más ágil, más informada y más cercana a las necesidades de las comunidades”.
Contenido y proyectos de alto impacto
El diplomado, con una duración de seis meses , abordó una variedad de temas cruciales para la gestión pública municipal:
Innovación y gobernanza
Análisis de datos
Políticas locales
Desarrollo territorial
Economía circular
Movilidad sostenible
Introducción a la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos
La metodología combinó teoría y práctica, permitiendo a los participantes desarrollar proyectos orientados a resolver desafíos reales de sus cantones. Además del título, los graduandos recibieron una certificación en la metodología Design Thinking, un enfoque centrado en las personas para generar soluciones innovadoras a problemas públicos.
FLACSO subrayó que la calidad de los proyectos desarrollados en esta edición evidencia el compromiso de los funcionarios con el mejoramiento de los servicios públicos locales y la búsqueda de soluciones innovadoras.
Rumbo a un Bootcamp Internacional
Durante la ceremonia de clausura, se anunció que varios proyectos realizados por los funcionarios fueron preseleccionados por FLACSO y el CAF. Estas iniciativas tendrán la oportunidad de competir por un espacio en un bootcamp internacional, una fase de profundización técnica en la que se analizarán iniciativas con potencial de convertirse en modelos replicables de gestión pública local. Solo 20 proyectos a nivel regional participarán en este bootcamp.
Con esta cuarta edición, el diplomado se consolida como un espacio académico de referencia para la modernización de la gestión municipal en Costa Rica, gracias a la colaboración entre instituciones internacionales, centros académicos y el IFAM.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha puesto los puntos sobre las íes y, con el escrutinio definitivo, nos ha entregado la fotografía oficial del Congreso que nos acompañará entre 2026 y 2030. Una fotografía donde, por primera vez, las mujeres son mayoría (31 de 57) y donde el color predominante es el del Partido Pueblo Soberano, con una bancada de 31 diputados que no se veía desde 1982.
En esa marea de rostros nuevos que llegarán al hemiciclo, hay uno que, para el gran público nacional, sigue siendo una interrogante con nombre y apellido: Kattia Calvo Cruz, diputada electa por la provincia de Limón.
¿Quién es Kattia Calvo? Por ahora, la respuesta la define más el contexto que su trayectoria. Mientras que otras figuras de Pueblo Soberano arrastran consigo el reflector de haber sido ministros, jerarcas o candidatos de alto perfil, Calvo aparece en las listas oficiales como una de las cartas del caribe costarricense, una región que suele reclamar, con razón, que se le presta atención solo cada cuatro años.
Su elección no es un hecho menor. Calvo es una de las dos diputadas propietarias por Limón para la fracción oficialista, acompañando en la papeleta a Kristel Ward y compartiendo curul con figuras como Osvaldo Artavia y Reynaldo Arias. En una provincia históricamente compleja, golpeada por el desempleo, la desigualdad y la fragilidad de su infraestructura, la ausencia de un récord público previo ampliamente documentado puede ser una espada de doble filo.
Por un lado, la ciudadanía limonense, hastiada de los políticos tradicionales, podría ver en ella la posibilidad de un “cuerpo fresco” no contaminado por las viejas prácticas. En la era de la información, llegar al Congreso sin un expediente público claro es un lujo que pocos pueden permitirse y una responsabilidad enorme para con el elector que marcó la papeleta.
Lo que sí sabemos es el peso que cargará. La “caribeñidad” no es un simple eslogan turístico; es una forma de sentir el abandono estatal en carne propia. Kattia Calvo tendrá la responsabilidad de ser la voz de una provincia que exige soluciones concretas para la actividad portuaria, el desempleo juvenil y la mejora de sus comunidades. Formar parte de la bancada más grande de la Segunda República implica que, si Limón no es prioridad en la agenda legislativa, la responsabilidad ya no podrá achacarse a las minorías o a la falta de cupos.
En un Congreso con 30 mujeres, el reto de Calvo será pasar del anonimato relativo a ser una legisladora con peso específico. Por ahora, es una página en blanco, pero con el poder de escribir con su voto el destino de un millón de costarricenses. Ojalá que, cuando leamos su historia al final de este período, podamos decir que fue una digna representante de una tierra brava y hermosa que clama por justicia.
Que su voz, hasta ahora silenciada en los titulares, no sea un eco de la sumisión, sino el rugido que Limón necesita en el Congreso.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado contra el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, normativa que regula la comercialización y control de los vapeadores en Costa Rica, fortaleciendo así las medidas de salud pública en torno a estos dispositivos.
De acuerdo con la resolución, el recurso fue desestimado de forma inmediata al no encontrarse evidencia de que el reglamento vulnere derechos constitucionales, lo que permite mantener vigente la normativa impulsada por las autoridades sanitarias.
El reglamento establece una serie de disposiciones obligatorias para los líquidos de vapeo, tanto importados como fabricados en el país, incluyendo controles sobre su composición, etiquetado, publicidad, disposición de residuos y vigilancia sanitaria.
Medidas para proteger la salud pública
Entre los principales alcances de la normativa destaca la prohibición de sabores, aromas y presentaciones atractivas para menores de edad, especialmente aquellos asociados a frutas, dulces o elementos lúdicos, con el objetivo de reducir el interés de adolescentes en el consumo de estos productos.
Asimismo, se fija un límite máximo de nicotina de 20 miligramos por mililitro (2%), medida que busca disminuir los riesgos de adicción y posibles daños a la salud, incluyendo afectaciones neurológicas y cardiovasculares.
El reglamento también establece restricciones en el diseño de los empaques, los cuales no podrán incluir personajes, símbolos deportivos ni elementos que simulen juguetes o artículos escolares.
Otra de las disposiciones relevantes es la limitación del volumen de los envases a un máximo de 10 mililitros con nicotina, lo que reduce el riesgo de consumo excesivo.
Sin publicidad y con mayor control
La normativa prohíbe completamente la publicidad, promoción y patrocinio de los vapeadores y sus líquidos, en un intento por evitar la normalización de su consumo en la población.
Además, se contempla un sistema de fiscalización más riguroso, que incluye la toma aleatoria de muestras en puntos de venta y bodegas para verificar el cumplimiento de la regulación.
En cuanto a los ingredientes permitidos, el reglamento autoriza únicamente 16 compuestos químicos, todos con sabor a tabaco, y prohíbe cualquier otro aroma que pueda resultar atractivo para niños y adolescentes.
Un respaldo a la regulación sanitaria
El rechazo del recurso por parte de la Sala IV representa un respaldo jurídico a las políticas públicas orientadas a reducir el impacto del vapeo en la salud, especialmente entre poblaciones jóvenes.
Las autoridades consideran que esta regulación marca un paso importante en la protección de la salud pública, al establecer límites claros y controles más estrictos sobre estos productos.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Gobierno de la República anunció una serie de condiciones clave para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, centradas no solo en el monto de los recursos, sino en el impacto que estos deben generar en el desarrollo del país.
Durante la primera sesión de discusión, las autoridades expusieron el contexto macroeconómico nacional, marcado por una inflación negativa y restricciones fiscales, lo que —según indicaron— obliga a maximizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la educación superior.
En este escenario, el Ejecutivo propuso una serie de lineamientos concretos para orientar la asignación del FEES. Entre ellos destacan el aumento de becas para estudiantes en condición de pobreza, una distribución más equitativa de los fondos entre universidades y la promoción de carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).
Asimismo, el Gobierno planteó la necesidad de reducir los tiempos de graduación y fortalecer la inversión en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin de ampliar las oportunidades educativas en todo el territorio nacional.
Otro de los puntos señalados fue la exigencia de una rendición de cuentas más rigurosa por parte de las universidades públicas, particularmente en relación con los compromisos asumidos en el año 2025.
En la sesión también se abordaron temas estratégicos vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Entre estos, se incluyen aspectos relacionados con la Ley Marco de Empleo Público y el Sistema Nacional de Inversión Pública.
La próxima reunión para continuar con la negociación del FEES 2027 está programada para el 7 de abril en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), donde se espera que tanto el Gobierno como las universidades presenten sus propuestas formales.
Con este planteamiento inicial, el Ejecutivo busca orientar la discusión hacia resultados medibles en equidad, acceso y pertinencia de la educación superior, en un contexto económico que exige mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
