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Proyecto de ley permitiría el ingreso de vehículos a alamedas bajo condiciones especiales
La iniciativa del diputado Rafael Ángel Vargas Brenes, del PLN, busca que las municipalidades puedan autorizar el acceso vehicular temporal a viviendas ubicadas en alamedas que no cumplen con el ancho reglamentario para una calle pública. Los permisos tendrían una vigencia máxima de tres años y podrían revocarse
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Un proyecto de ley presentado por el diputado Rafael Ángel Vargas Brenes, del Partido Liberación Nacional (PLN), bajo el expediente 25892, propone establecer un procedimiento especial para que las municipalidades puedan autorizar, de manera excepcional y temporal, el ingreso de vehículos a alamedas existentes que no cuentan con el ancho mínimo requerido para ser consideradas calles ordinarias.
La iniciativa busca ofrecer una alternativa a los propietarios de viviendas ubicadas en estas zonas, quienes enfrentan dificultades para ingresar con sus vehículos a los estacionamientos construidos dentro de sus propiedades.
Sin embargo, la propuesta establece que estas autorizaciones no serán automáticas, sino que deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y legales destinados a garantizar la seguridad de los peatones y preservar la naturaleza de las alamedas.
Municipalidades deberán evaluar cada solicitud
De acuerdo con el proyecto, los gobiernos locales podrán conceder los permisos únicamente cuando exista un interés público prevalente que justifique la medida y se demuestre que no hay otra alternativa de acceso que genere un menor impacto en la zona.
Además, será indispensable contar con un estudio técnico favorable que garantice que el ingreso de vehículos no comprometerá la seguridad de las personas peatones, quienes deberán mantener la prioridad de circulación.
De esta manera, la propuesta pretende atender situaciones particulares en comunidades ya consolidadas, sin que esto implique una autorización general para convertir las alamedas en vías de tránsito vehicular.
Permisos tendrán una vigencia máxima de tres años
Uno de los principales aspectos de la iniciativa es el carácter temporal de las autorizaciones.
Según el texto propuesto, los permisos podrán otorgarse por un plazo máximo de tres años, con posibilidad de renovación, siempre bajo las condiciones establecidas.
Asimismo, las municipalidades tendrán la facultad de revocar las autorizaciones en cualquier momento, sin que esta decisión genere derecho a indemnización para las personas beneficiarias.
El proyecto también establece que el permiso no permitirá estacionar vehículos sobre la alameda ni utilizarla como vía de paso hacia otros destinos. Su finalidad será exclusivamente facilitar el ingreso a los estacionamientos de las propiedades autorizadas.
Otro punto importante es que la autorización no modificará la condición jurídica de la alameda ni la convertirá en una calle pública destinada al tránsito ordinario de vehículos.
Propietarios asumirán costos de las obras
La propuesta legislativa dispone que cualquier obra necesaria para habilitar el acceso vehicular deberá ser financiada por las personas beneficiarias del permiso.
Esto significa que los propietarios interesados tendrán que asumir los costos de las adecuaciones requeridas para permitir el ingreso de sus vehículos, de conformidad con las condiciones técnicas que correspondan.
Con esta disposición, la iniciativa busca evitar que los gastos derivados de las autorizaciones especiales recaigan sobre los presupuestos municipales.
Prioridad peatonal deberá mantenerse
Aunque el proyecto abre la posibilidad de permitir el ingreso de vehículos a determinadas alamedas, establece como condición fundamental que se mantenga la prioridad y seguridad de quienes transitan a pie.
La propuesta plantea así un mecanismo excepcional para atender problemas de accesibilidad en zonas residenciales consolidadas, sin modificar el uso peatonal que caracteriza a estos espacios públicos.
De aprobarse, la iniciativa brindaría a las municipalidades una herramienta legal para analizar y resolver solicitudes particulares de acceso vehicular, mediante autorizaciones limitadas, sujetas a estudios técnicos y con posibilidad de revocación.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa, por lo que las condiciones planteadas dependerán de su eventual aprobación y entrada en vigencia.
