Segunda entrega:  De Solís a Alvarado – del anuncio del cambio al colapso del sistema

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Si durante la primera década del siglo XXI la infraestructura vial costarricense se deterioró lentamente, entre 2014 y 2022 el país entró en una crisis abierta de ejecución, corrupción y abandono estructural.

Los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado enfrentaron el mismo dilema: un aparato estatal incapaz de construir con eficiencia y un país que ya no soportaba más parches.

Luis Guillermo Solís (2014–2018): el gobierno del “ya casi”

El presidente Luis Guillermo Solís llegó al poder prometiendo limpiar la corrupción y destrabar los proyectos viales heredados.

Su administración tuvo una oportunidad histórica: el país exigía resultados, y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) ya era sinónimo de ineficiencia.

Durante su gestión se reactivaron proyectos emblemáticos como:

Circunvalación Norte, iniciada después de 40 años de espera. Ruta 32 hacia Limón, en convenio con China Harbour Engineering Company. Carretera a San Carlos, que seguía sin finalizar a pesar de haberse iniciado en 2005.

Sin embargo, los avances fueron lentos y las promesas, excesivas.

Las auditorías de la Contraloría revelaron malas planificaciones, diseños incompletos y falta de supervisión.

La administración Solís fue el gobierno del “ya casi”: muchos proyectos comenzaron, pero pocos concluyeron.

Y mientras tanto, los ciudadanos seguían atrapados entre conos, cierres y desvíos.

Carlos Alvarado (2018–2022): los sobrecostos del cemento y el colapso del sistema

El gobierno de Carlos Alvarado heredó un sistema colapsado: obras sin terminar, concesiones en conflicto y un MOPT fragmentado.

Su respuesta fue impulsar una visión de infraestructura moderna, priorizando proyectos estratégicos bajo financiamiento internacional, entre ellos:

Puente Binacional de Sixaola, ampliación de la Ruta 32, circunvalación Norte (Tramos 1–4), intervención de 100 puentes y pasos a desnivel, programa de Obra Pública por Contrato (MOPT-BID).

Sin embargo, el contexto económico y la pandemia golpearon con fuerza.

El déficit fiscal, los cierres sanitarios y el alza global en materiales paralizaron la ejecución.

Alvarado logró inaugurar algunas obras simbólicas, pero la Ruta 27 volvió a saturarse, la San Carlos siguió inconclusa, y el país mantuvo el 70% de su red cantonal en mal estado.

Además, el gobierno enfrentó la herencia del caso “Cochinilla”: una red de sobornos y corrupción en contratos viales que involucró a altos funcionarios y empresarios.

Este escándalo terminó de sepultar la confianza ciudadana en el sistema de obra pública.

Ambos gobiernos coincidieron en el diagnóstico: Costa Rica necesitaba reconstruirse.

Pero también compartieron el mismo obstáculo: un sistema público tan lento y fragmentado que convierte cada obra en un viacrucis.

De Solís a Alvarado, Costa Rica no avanzó sobre asfalto, sino sobre promesas.

Las carreteras se convirtieron en escenarios de frustración colectiva, donde cada cinta de inauguración escondía años de atraso.

El país apostó por la modernización, pero sin reformar la estructura institucional que la ejecuta.

Y mientras los gobiernos hablaban de kilómetros construidos, los ciudadanos solo veían los mismos huecos de siempre.

El cemento nunca fue el problema. El verdadero agujero está en la gestión.