Asociación apela fallo y acusa a Tribunal de frenar demanda por aceras en Goicoechea
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Una asociación civil acusa a la Municipalidad de Goicoechea de incumplir su deber legal de construir aceras en una calle pública del cantón, exponiendo a peatones, niños, adultos mayores y personas con discapacidad a un riesgo constante. La organización presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenara incluir a propietarios privados en el proceso judicial, decisión que, según la asociación, “atrasaría aún más este proceso” y violaría el derecho constitucional a una “justicia pronta y cumplida”.
El origen de la disputa
La “Asociación por defensa de recuperación de espacios públicos… Valle Verde de Costa Rica” demandó a la Municipalidad de Goicoechea bajo el argumento de “responsabilidad objetiva por omisión”, señalando que el gobierno local ha incumplido su obligación de construir aceras peatonales en un tramo de la calle pública del Barrio Esquivel Bonilla.
La acción legal se ampara en varias normativas, entre ellas la Ley 7600 (Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad), la Ley 9976 (Movilidad peatonal) y la Ley General de Caminos Públicos, que establece un ancho mínimo de 14 metros para las vías públicas.
La resolución del Tribunal
Mediante la Resolución No. 2025-009787, del 10 de octubre de 2025, el TCA ordenó integrar a las sociedades Inversiones Romu KGZP del Pacífico S.A. y Corporación El Potrero Nacional del Este S.A. como partes del proceso, argumentando que, para cumplir con el ancho de la calle y construir las aceras, podría requerirse una “posible expropiación” de terrenos colindantes.
El Tribunal justificó su decisión al señalar que su exclusión podría derivar en una “sentencia inútil”, al no involucrar a los propietarios que podrían resultar afectados por una eventual obra pública.
Los reclamos de la Asociación
La apelación, presentada por el abogado Saddy Guzmán Obando, señala varios agravios y acusa al Tribunal de haber realizado una “indebida interpretación de la ley”.
Entre los principales argumentos destacan:
Demanda clara y directa: La acción judicial está dirigida únicamente contra la Municipalidad por su omisión, no solicita expropiaciones ni afecta derechos privados.
Potestad administrativa: La forma en que el municipio ejecute una eventual sentencia —sea mediante expropiación o cualquier otro mecanismo— corresponde a decisiones administrativas posteriores, no al juicio actual.
Competencia y procedimiento: Cualquier eventual proceso de expropiación debería tramitarse ante un Juzgado Contencioso Administrativo, no en el Tribunal de Juicio.
Violación del principio de preclusión: El abogado señala que el tema de la integración de partes ya había sido resuelto en la audiencia preliminar, por lo que reabrirlo “rompe la seguridad jurídica del proceso”.
Falta de fundamentación: La resolución impugnada es calificada como “confusa y contradictoria”, al no explicar de forma clara la relación jurídica entre las empresas privadas y el objeto de la demanda.
Además, la apelación cita jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde se ha ordenado a múltiples municipalidades construir aceras sin incluir a los propietarios colindantes en los juicios respectivos.
Peatones en riesgo
El recurso enfatiza que la ausencia de aceras en el tramo de 23,67 metros lineales constituye un “peligro inminente y constante” para las personas que transitan la zona, especialmente población vulnerable como adultos mayores, personas con discapacidad y escolares.
El escrito cita el voto constitucional 5051-07, en el que la Sala IV reiteró que los gobiernos locales tienen la obligación de fiscalizar, construir y mantener aceras seguras, señalando que la falta de presupuesto o las eventuales dificultades administrativas no eximen a las municipalidades de su deber legal.
Solicitud al Tribunal de Apelaciones
La asociación solicita que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo revoque la resolución del TCA y permita que el proceso judicial continúe exclusivamente contra la Municipalidad de Goicoechea, con el fin de obtener una sentencia que obligue al gobierno local a cumplir su deber en materia de accesibilidad y seguridad vial.
Este caso refleja una vez más la tensión entre la gestión municipal y las demandas ciudadanas por entornos accesibles, seguros y respetuosos de los derechos humanos, donde la infraestructura peatonal debería ser una prioridad, no un trámite judicial prolongado.
