LA VOZ DE GOICOECHEA( Redacción).- En un barrio de Goico hay un tata que por fin estrenó pantalla nueva. Una de esas planas, de las que hablan con uno y hasta recomiendan qué ver. Pero lo que nadie cuenta es que la pantalla llegó justo un día antes de las elecciones, en una troca blanca con logo de partido y sonrisa de candidato.
El tata, sin brete desde hace rato, se sintió querido como nunca. Le llegaban abrazos, promesas y hasta una canasta con arroz, frijoles y una lata de atún con más campaña que contenido. El candidato lo visitaba cada semana, hablándole bonito: “Cuando gane, usté será mi chofer, socio, confíe.”
Y el tata confió. Se compró una corbata para verse ejecutivo y ya hasta planeaba las vacaciones en la playa con el primer aguinaldo del nuevo trabajo.
Pero pasó lo que pasa siempre: el candidato ganó y se borró del mapa. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un ride al súper. Ahora el tata pasa viendo (Mira quién baila) y la mejenga del clásico, mientras la olla sigue vacía. La pantalla, que iba a traer progreso, se volvió el espejo del engaño.
Así que el plan cambió: vender la pantalla “inteligente”, porque en esta historia, papi, lo único que no fue inteligente… fue el voto.
Algún día, el barrio aprenderá a votar por quien menos promete y más hace.
Por quien trae ideas frescas, proyectos de progreso y no canastas de ocasión.
Por quien enseña a pescar, no solo reparte lo que sobra del banquete.
Porque las palabras las lleva el viento… pero las decisiones, esas se quedan en la mesa de cada familia.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por la Dirección).- En Costa Rica existe una constante que parece repetirse cada vez que la Sala Constitucional dicta una resolución de profundo impacto político: quien se siente afectado acusa al tribunal de dar un “golpe de Estado”, de “usurpar funciones” o de invadir competencias que corresponden a otros poderes de la República.
Hoy esas expresiones vuelven a ocupar titulares tras la resolución que ordenó a la Asamblea Legislativa reactivar el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes. Desde el oficialismo se habla de una Sala que pretende gobernar desde los tribunales. Pero la historia demuestra que ese discurso no nació con el actual Gobierno ni pertenece a una sola corriente política.
Costa Rica ya ha recorrido ese camino.
En 2003, cuando la Sala Constitucional anuló la reforma de 1969 que impedía la reelección presidencial consecutiva y abrió la puerta al regreso de Óscar Arias Sánchez, numerosos dirigentes políticos calificaron aquella sentencia como un “golpe de Estado constitucional”. El debate alcanzó tal magnitud que dio origen a libros, foros académicos y una de las discusiones constitucionales más intensas de nuestra historia reciente.
Las críticas no fueron únicamente políticas. La ANEP sostuvo entonces que se había producido un “golpe de Estado técnico” contra la Asamblea Legislativa, mientras otros sectores denunciaban que el tribunal había alterado el equilibrio institucional para favorecer determinados intereses.
Cuatro años después, la historia volvió a repetirse.
Cuando la Sala rechazó las consultas de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y permitió que el tema fuera sometido a referéndum, las manifestaciones frente al edificio de la Sala IV fueron multitudinarias. Hubo consignas que calificaban a los magistrados de vendidos, se habló nuevamente de ruptura del orden constitucional y dirigentes sindicales afirmaron que la separación de poderes había desaparecido.
El entonces secretario general de la ANEP llegó a afirmar que “los tres poderes quedaron unidos en uno”. Otros denunciaban una supuesta conspiración entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones y la propia Sala Constitucional.
Ninguna de esas acusaciones era muy distinta de las que hoy escuchamos.
Más adelante, durante las controversias relacionadas con Crucitas y otros proyectos de alto impacto nacional, las decisiones judiciales volvieron a provocar enfrentamientos entre quienes consideraban que la Sala protegía la Constitución y quienes sostenían que interfería en decisiones políticas y administrativas.
La diferencia entre aquellos episodios y el actual es únicamente el color político de quienes hoy formulan las críticas.
Ese dato resulta fundamental porque desmonta una narrativa peligrosa: la de presentar el conflicto actual como un hecho excepcional.
No lo es.
La Sala Constitucional ha sido cuestionada por gobiernos liberacionistas, administraciones de otras fuerzas políticas, sindicatos, movimientos sociales, empresarios, juristas y organizaciones civiles. Cuando sus resoluciones favorecen una posición, suele ser presentada como garante de los derechos fundamentales; cuando afectan intereses políticos, aparece el discurso de la extralimitación y del supuesto “golpe constitucional”.
Sin embargo, el verdadero problema no radica en que exista crítica hacia la Sala. En una democracia madura, todas las instituciones están sujetas al escrutinio ciudadano.
Lo preocupante surge cuando el debate abandona el terreno jurídico para instalarse en el de la deslegitimación institucional.
La Sala Constitucional no fue creada para agradar a los gobiernos ni para satisfacer a las oposiciones. Fue concebida como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y ejercer control sobre los demás poderes del Estado cuando estos exceden los límites constitucionales.
Esa función, por naturaleza, genera fricciones.
Desde su creación en 1989, la Sala IV ha transformado profundamente el derecho costarricense. Ha fortalecido el recurso de amparo hasta convertirlo en uno de los mecanismos de protección de derechos más efectivos de América Latina; consolidó el derecho a la salud obligando a la Caja Costarricense de Seguro Social a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo; reconoció el derecho a un ambiente sano; amplió el acceso a la información pública y la transparencia administrativa; declaró inconstitucionales leyes incompatibles con la Carta Magna; fortaleció los derechos de grupos históricamente discriminados y abrió el camino para el reconocimiento del matrimonio igualitario conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cada una de esas resoluciones provocó debates intensos.
Cada una recibió aplausos y condenas.
Pero ninguna puede entenderse fuera de la misión que la propia Constitución le asignó al tribunal.
Es legítimo discutir si una sentencia está correctamente fundamentada o si una interpretación constitucional resulta excesivamente amplia. Ese debate fortalece la democracia. Lo que no fortalece a las instituciones es sustituir los argumentos jurídicos por consignas políticas o acusaciones que terminan erosionando la confianza ciudadana en los órganos encargados de controlar el poder.
Porque conviene recordar una verdad elemental: en un Estado constitucional todos los poderes tienen límites.
También el Ejecutivo.
También el Legislativo.
Y, por supuesto, también la Sala Constitucional.
Precisamente por eso existen mecanismos legales para cuestionar sus resoluciones, disentir de sus interpretaciones e impulsar reformas cuando la sociedad considera necesario redefinir competencias.
Lo que no debería convertirse en práctica habitual es presentar cada fallo incómodo como una ruptura del orden democrático.
La historia enseña que esa narrativa aparece una y otra vez, cambia de protagonistas según quién ocupe el poder y desaparece cuando las resoluciones benefician a quienes antes criticaban al tribunal.
Costa Rica ha construido durante décadas una democracia basada en pesos y contrapesos. Esa arquitectura institucional puede generar tensiones, retrasos e incluso decisiones impopulares, pero constituye el mejor antídoto contra la concentración del poder.
Los gobiernos pasan.
Las mayorías legislativas cambian.
Las coyunturas políticas se transforman.
Las instituciones, en cambio, deben permanecer.
Por eso, más allá de simpatías o diferencias con una sentencia específica, la discusión que hoy vive el país debería servir para recordar una lección que la historia ha repetido desde hace más de veinte años: la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos entre sus poderes, sino por la capacidad de resolverlos dentro del marco de la Constitución y con absoluto respeto al Estado de Derecho.
Ese ha sido, hasta ahora, el principal patrimonio institucional de Costa Rica. Conviene no olvidarlo cuando el debate político amenaza con convertir las diferencias jurídicas en confrontaciones contra las instituciones que sostienen nuestra democracia.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Luis Carlos Araya Monge, columnista).- Esta es la esencia del sentir de los ciudadanos: enojo y a la vez solidaridad con la señora presidenta doña Laura Fernández, con don Rodrigo Chaves y con la fracción de gobierno.
Esto no es carbón, ni lo quiera Dios. Pero sí es una advertencia más para quienes creen que estamos veinte años atrás.
_Se debe entender con claridad_: ya este país no quiere más abusos. No quiere más vacas sagradas. No quiere más corrupción y privilegios.
Es hora de sentarnos a hablar civilizadamente. Ojalá así lo comprendan los partidos políticos de oposición.
Con el Frente Amplio no vamos a cambiar nunca. Son la izquierda comunista de ayer. Hoy siguen siendo los representantes de esa izquierda, solo que ahora defienden el mundo progre, ambientalismos trasnochados, los privilegios de las universidades públicas, el feminismo extremo.
En fin… no estorban mucho. Que se queden ahí, en ese mundo, sobreviviendo y añorando la imagen de los Ortega-Murillo, Maduro y los Castro. Abrazados de Albino Vargas y ese sindicalismo desconsiderado con un país que quiere salir adelante.
Porque mientras una clase privilegiada de prebendas y arreglos por debajo carcome el erario público, Costa Rica no avanza.
_Ojalá, lo repito: que los demócratas de este país entiendan que ha llegado la hora de conversar. _
No se equivoquen más creyendo que sus partidos van a sobrevivir defendiendo el _status quo_.
El pueblo ya habló en las urnas. Quiere cambio, quiere resultados, quiere que se respeten los 31 diputados que eligió.
Si no lo entienden hoy, lo van a entender en las próximas elecciones. Pero para entonces ya habremos perdido mucho tiempo todos.
Pongamos esta noche la cabeza en la almohada y empecemos a soñar con la nueva Costa Rica.
Dejamos la exigencia, sí. Tendamos puentes. Depongan el egoísmo y el error de defender lo que ya feneció. Detengan la actitud de oponerse a todo y juntémonos.
Eso es lo que más le conviene a Costa Rica. Permítanle a doña Laura gobernar y empecemos todos juntos a tejer los cambios que el país requiere.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El funcionamiento del Concejo Municipal de Goicoechea representa un gasto superior a los ₡19 millones mensuales, de acuerdo con estimaciones elaboradas por La Voz de Goicoechea a partir del presupuesto municipal de 2026. El monto contempla el pago de dietas a los regidores propietarios, salarios de ocho asesores políticos, personal administrativo de apoyo, gastos operativos y un contrato de asesoría jurídica externa.
Las cifras han reavivado la discusión sobre la eficiencia de la estructura de apoyo con que opera el órgano deliberativo, particularmente por la coexistencia de asesores políticos y un bufete jurídico contratado para brindar asesoría legal al Concejo, mientras el cantón enfrenta necesidades de inversión en infraestructura, mantenimiento vial, seguridad y otros servicios públicos.
Cada sesión representa un gasto cercano a los ₡3,2 millones
El Concejo Municipal realiza mensualmente cuatro sesiones ordinarias y hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas.
Con base en los costos asociados a dietas, asesorías, personal de apoyo y operación administrativa, cada sesión representa un gasto aproximado de ₡3,2 millones, para un costo mensual cercano a los ₡19,2 millones.
Solo por concepto de dietas, cada regidor propietario recibe ₡164.712,56 por sesión. Si asiste al máximo permitido de seis sesiones al mes, puede percibir hasta ₡988.275 mensuales.
Con nueve regidores propietarios, el pago de dietas alcanza aproximadamente ₡8,9 millones por mes, sin considerar las remuneraciones correspondientes a regidores suplentes y síndicos que también participan en las sesiones.
Ocho asesores y un contrato de asesoría jurídica externa
Además de las dietas, el Concejo cuenta con una estructura integrada por ocho asesores políticos: uno asignado a cada fracción política representada en el órgano, además de asesores para la Presidencia y la Vicepresidencia del Concejo.
Paralelamente, la Municipalidad mantiene vigente un contrato con un bufete de abogados externo por un monto de ₡45 millones anuales, destinado a brindar asesoría jurídica en la elaboración de mociones, dictámenes, proyectos de acuerdo y otros criterios legales requeridos por el órgano deliberativo.
La existencia simultánea de ambas estructuras ha generado cuestionamientos sobre un posible traslape de funciones en determinadas materias de asesoría.
Para Randall Mora, contador público consultado por La Voz de Goicoechea, resulta conveniente revisar el modelo desde la perspectiva del uso eficiente de los recursos públicos.
“Estamos pagando dos veces por servicios muy similares: uno emite el criterio jurídico institucional y otro vuelve a analizar los mismos expedientes. Con ocho asesores activos, el gasto aumenta sin que necesariamente exista una mejora proporcional en la calidad de las decisiones o en los resultados para la ciudadanía”, señaló.
Un debate sobre el alcance de las asesorías
El reglamento del Concejo Municipal permite que cada fracción política disponga de un asesor para apoyar la elaboración de propuestas, el análisis técnico y la preparación de intervenciones desde la perspectiva de cada agrupación política.
Por su parte, el contrato suscrito con el bufete jurídico contempla la emisión de criterios legales, revisión de reglamentos y asesoría jurídica para el Concejo Municipal.
Aunque ambas figuras cumplen funciones distintas en su naturaleza, especialistas consultados consideran pertinente revisar el alcance de cada servicio para evitar posibles duplicidades y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Especialistas plantean alternativas para reducir costos
Los expertos consultados por este medio consideran que existen medidas que podrían disminuir el gasto sin afectar la función deliberativa y fiscalizadora del Concejo Municipal.
Entre las recomendaciones destacan:
Reducir el número de asesores y distribuirlos por áreas técnicas, como originalmente se aprobó, en lugar de asignarlos por fracción política.
Delimitar con mayor claridad las funciones del bufete externo y de los asesores políticos.
Exigir informes mensuales de labores a cada asesor contratado.
Publicar de manera permanente los pagos efectuados y los productos entregados por cada contratación profesional.
Asimismo, plantean fortalecer el Departamento Jurídico de la Municipalidad para que asuma parte de las funciones actualmente contratadas de forma externa, con el objetivo de disminuir el gasto anual por asesoría legal.
Otra de las propuestas consiste en valorar la realización de sesiones híbridas o virtuales cuando la normativa lo permita, a fin de reducir costos operativos relacionados con logística, seguridad y viáticos.
La discusión trasciende la cantidad de asesores
Para el doctor Gabriel Ulate Céspedes, del Centro de Estudios Municipales de la Fundación para el Desarrollo Internacional (DSE), el análisis no debe limitarse únicamente al número de asesores contratados.
“La función fiscalizadora no se mide por la cantidad de asesores, sino por la calidad técnica y la independencia de sus criterios. En Goicoechea, el costo por sesión es elevado y la coexistencia de asesorías legales merece una revisión desde la perspectiva de la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.”
El especialista considera que cualquier eventual ajuste debe procurar mantener la capacidad técnica del Concejo sin generar gastos que puedan resultar innecesarios.
Municipalidad aún no responde consulta de este medio
Con el propósito de conocer la posición oficial sobre la estructura de asesorías del Concejo Municipal, el contrato con el bufete jurídico externo y el costo de funcionamiento del órgano deliberativo, La Voz de Goicoechea remitió una solicitud de información a la Oficina de Prensa de la Municipalidad de Goicoechea.
Al cierre de esta edición había transcurrido más de un mes desde el envío de la consulta sin que la Municipalidad remitiera una respuesta oficial, pese a las gestiones realizadas por este medio.
La Voz de Goicoechea mantiene abierta la posibilidad de incorporar la versión institucional en cuanto sea remitida por las autoridades municipales, en apego a los principios de equilibrio informativo, transparencia y derecho de respuesta.
Debe estar conectado para enviar un comentario.