Gobierno Presenta Seis Proyectos de Ley para Endurecer el Combate contra el Crimen Organizado
Las iniciativas incluyen una reforma constitucional para ampliar la extradición de costarricenses por delitos graves y cambios al Código Procesal Penal para agilizar los procesos judiciales
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Gobierno de la República presentó este lunes un paquete de seis proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y reducir la impunidad mediante reformas al sistema judicial y al marco legal costarricense.
Las iniciativas fueron anunciadas por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien aseguró que las propuestas responden a un análisis de las debilidades normativas que, según el Poder Ejecutivo, han sido aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales.
“No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado, no vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico y no vamos a aflojar en señalar todo aquello que aleja a las familias costarricenses de vivir en un ambiente de paz”, afirmó la mandataria durante la presentación.
Reformas propuestas
El paquete contempla modificaciones en distintos ámbitos del sistema de justicia y seguridad pública.
Uno de los proyectos plantea una reforma al Código Procesal Penal para sustituir la audiencia preliminar por una única audiencia previa al juicio, con el propósito de concentrar el control de la acusación y reducir los tiempos de tramitación de los procesos judiciales, así como los costos operativos del Poder Judicial.
En materia constitucional, el Ejecutivo anunció que el próximo 3 de agosto presentará una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses en casos de delitos graves, entre ellos narcotráfico internacional, terrorismo, sicariato, trata de personas y ciberdelitos.
Otra de las iniciativas propone restringir los beneficios de ejecución de la pena para personas condenadas, sustituyendo medidas como la firma periódica por el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico, con el objetivo de fortalecer el control sobre quienes cumplen sentencias fuera de los centros penitenciarios.
El paquete también incorpora un proyecto para endurecer las sanciones contra la minería ilegal. La propuesta aumenta las penas de prisión de tres meses a diez años para quienes promuevan, financien o ejecuten esta actividad en áreas protegidas, además de autorizar el decomiso y la donación de la maquinaria utilizada.
Asimismo, el Gobierno impulsa una reforma para permitir el uso de tobilleras electrónicas en deudores de pensiones alimentarias, de manera que puedan mantenerse en libertad para trabajar y cumplir con sus obligaciones económicas, siempre que no registren antecedentes por violencia.
La sexta iniciativa busca estandarizar los rangos de los distintos cuerpos policiales mediante la adopción de nomenclaturas de uso internacional, como coronel, teniente y sargento. Según el Ejecutivo, el objetivo es facilitar la cooperación con cuerpos policiales extranjeros y fortalecer la profesionalización de la carrera policial mediante concursos públicos.
Cuestionamientos al Poder Judicial
Durante la actividad, la presidenta Fernández también cuestionó la ausencia de representantes del Poder Judicial en las mesas de trabajo convocadas previamente para discutir las propuestas.
“La respuesta a mi invitación al diálogo constructivo fue la ausencia. Las sillas quedaron vacías, pero el compromiso del Gobierno se mantiene incólume”, manifestó.
La mandataria también criticó las actuales medidas de ejecución de la pena, al considerar que permiten que personas condenadas permanezcan fuera de prisión con controles insuficientes, y sostuvo que el país requiere un sistema más riguroso para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias.
Finalmente, el Poder Ejecutivo informó que ya trabaja en un tercer paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, el cual será presentado en las próximas semanas como parte de la estrategia para fortalecer el marco jurídico contra la delincuencia organizada.
