La actividad se realizará el próximo viernes 24 de julio en la Universidad Católica de Costa Rica y está abierta a toda la comunidad
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Randall López Ríos).- La Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Calle Blancos invita a estudiantes, padres de familia, egresados, vecinos y público en general a participar en el Gran Bingo, una actividad benéfica cuyo objetivo es recaudar fondos para impulsar proyectos institucionales y mejorar las condiciones educativas del centro de enseñanza.
El evento se llevará a cabo el viernes 24 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, en las instalaciones de la Universidad Católica de Costa Rica, donde los asistentes podrán disfrutar de una jornada de entretenimiento, convivencia familiar y la oportunidad de ganar diversos premios.
De acuerdo con la Junta Administrativa, los recursos obtenidos durante la actividad serán destinados al fortalecimiento de iniciativas y mejoras que beneficiarán directamente a la población estudiantil del CTP de Calle Blancos.
“Con tu participación no solo pasarás un momento agradable, sino que estarás invirtiendo en el futuro de la educación técnica de nuestra comunidad”, destacaron los organizadores.
Además del tradicional bingo, la actividad busca fortalecer el vínculo entre la institución educativa y la comunidad, promoviendo la participación ciudadana en apoyo a la formación de los jóvenes.
La organización hizo un llamado a sumarse a esta iniciativa solidaria. “Queremos invitar a todas las personas a compartir con nosotros una tarde llena de diversión y solidaridad. Cada cartón adquirido representa un aporte para seguir construyendo mejores oportunidades para nuestros estudiantes”, señalaron.
El Gran Bingo constituye una de las principales actividades de recaudación de fondos del CTP de Calle Blancos y representa una oportunidad para que la comunidad contribuya con el desarrollo de la educación técnica en el cantón de Goicoechea.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El director del medio digital Goicoechea Informa, Manel Pizarro López, denunció este martes haber sido víctima de una agresión física por parte de tres sujetos desconocidos, un hecho que, según afirmó, estaría relacionado con las denuncias públicas y el trabajo informativo que desarrolla desde ese medio.
De acuerdo con el comunicado difundido por Pizarro, en un primer momento creyó que se trataba de un intento de asalto; sin embargo, durante el incidente concluyó que el ataque habría sido dirigido en su contra al percatarse de que los agresores actuaban de manera coordinada.
“Son muy valientes al atacar juntos a una persona, incluso cuando me ven con bastón, pero no soy alguien que se deje intimidar”, expresó el comunicador en su declaración.
Pizarro señaló que recibió múltiples patadas en el estómago y la espalda y que los atacantes huyeron al notar que varias personas se acercaban al lugar. Indicó, además, que tras recibir ayuda de quienes presenciaron la situación y comprobar que no presentaba lesiones de gravedad, llegó a la conclusión de que no se trató de un hecho fortuito.
En su mensaje, el director de Goicoechea Informa vinculó la agresión con su labor periodística y las denuncias que ha realizado públicamente.
“Esto es una señal clara de que mis denuncias y declaraciones les están asustando y doliendo mucho. Pero les prometo que seguiré adelante: no me van a callar ni con golpes ni con humillaciones”, manifestó. Asimismo, recordó un episodio anterior en el que, según denunció, fue objeto de burlas por parte del padre del alcalde de Goicoechea debido a su condición de discapacidad.
Pizarro concluyó su comunicado reiterando que continuará ejerciendo su labor informativa.
“Hay Pizarro para rato. Hoy veo esto solo como una pequeña zancadilla; lo que me define es que siempre me levanto ante las adversidades, y ningún maleante logrará silenciarme”, afirmó.
La Voz de Goicoechea condena cualquier acto de violencia
Desde La Voz de Goicoechea expresamos nuestro más enérgico repudio a cualquier acto de violencia o intimidación contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, independientemente de su línea editorial.
La libertad de prensa, el derecho a la libre expresión y la integridad física de quienes ejercen la labor de informar constituyen pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Cualquier denuncia de agresiones contra comunicadores debe ser investigada por las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar que prevalezca el Estado de derecho.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El cierre de servicios nocturnos en San José centro y la reducción del personal habrían concentrado la atención de detenidos de tres circuitos judiciales en un solo edificio, según denuncian funcionarios. La situación impactaría a la Fuerza Pública, a las víctimas de violencia doméstica y a las condiciones de detención.
Las noches en el Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, se han convertido en un escenario de creciente presión operativa. Funcionarios judiciales consultados por La Voz de Goicoechea, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguran que una serie de decisiones administrativas implementadas por el Poder Judicial provocaron un aumento significativo en la carga de trabajo, saturación de las celdas y demoras que repercuten tanto en la seguridad ciudadana como en la atención de personas detenidas y víctimas.
Según las fuentes, el origen del problema se remonta a una reforma impulsada por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, mediante la cual se cerró la atención física nocturna, de madrugada y durante fines de semana del Turno Extraordinario y del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José. El objetivo de la medida habría sido reducir el pago de horas extraordinarias y optimizar recursos, pero en la práctica toda la atención de esos casos pasó a concentrarse en las instalaciones de Goicoechea.
Menos personal para atender más casos
De acuerdo con la información suministrada por funcionarios judiciales, actualmente los detenidos provenientes de los circuitos judiciales de San José, Pavas-Desamparados y Goicoechea son trasladados al mismo centro de atención durante las noches.
Las fuentes indican que, pese al incremento de la demanda, la planilla nocturna se redujo de aproximadamente 48 a 24 funcionarios.
Asimismo, señalan que un único juez de turno debe atender las audiencias de medidas cautelares y solicitudes de prisión preventiva de los tres circuitos judiciales. Además, ese mismo funcionario debe desplazarse cuando se requieren diligencias como levantamientos de cadáveres o allanamientos urgentes, dejando temporalmente sin atención el despacho judicial.
A ello se suma, según los denunciantes, la reducción de la jornada nocturna de ocho a seis horas, lo que habría generado dificultades durante los cambios de turno entre el personal nocturno y diurno.
Celdas sobrepasadas
Funcionarios consultados afirman que la infraestructura del edificio fue diseñada para albergar entre 55 y 60 personas privadas de libertad, pero con frecuencia recibe más de 20 ingresos adicionales en pocas horas.
La situación, explican, se agrava debido a las normas obligatorias de segregación que exigen separar a menores de edad, personas con trastornos mentales, pacientes con enfermedades contagiosas, personas con riesgo suicida o con conductas violentas.
Como consecuencia, algunas celdas permanecen ocupadas por uno o dos detenidos, aunque tengan capacidad para albergar a doce personas, reduciendo significativamente el espacio disponible para el resto de la población detenida.
Las fuentes sostienen que este panorama provoca retrasos en la tramitación de casos de flagrancia, los cuales deberían resolverse con rapidez. En algunos casos, afirman, personas detenidas permanecen entre cuatro y cinco días a la espera de que se defina su situación jurídica, para posteriormente recuperar la libertad.
También denuncian que algunos detenidos pasan ocho o más horas esposados en áreas de espera o en el sótano del edificio mientras se habilita un espacio disponible, con acceso limitado a servicios sanitarios y alimentación. Al tratarse de celdas transitorias, quienes permanecen allí durante fines de semana tampoco reciben visitas ni artículos básicos de higiene personal.
Menos policías en las calles
Las consecuencias del congestionamiento también alcanzarían a los cuerpos policiales.
Según los funcionarios, la normativa exige que cada persona detenida permanezca bajo la custodia de dos oficiales. Debido a las largas esperas para formalizar el ingreso al sistema judicial, decenas de oficiales de la Fuerza Pública, policías municipales y agentes de Tránsito deben permanecer durante horas dentro del edificio.
Incluso, aseguran que se han registrado casos en los que un mismo detenido ha requerido hasta cuatro relevos consecutivos de oficiales durante más de 24 horas, reduciendo la disponibilidad de patrullas para atender emergencias en las comunidades.
Preocupación por víctimas de violencia doméstica
Los funcionarios también expresan preocupación por el impacto que esta situación tendría sobre las víctimas de violencia doméstica y violencia de género.
Explican que los protocolos interinstitucionales para la valoración del riesgo en estos casos requieren entrevistas y evaluaciones que pueden extenderse entre tres y ocho horas. La acumulación de expedientes y la escasez de personal provocarían esperas prolongadas durante la noche.
Las fuentes advierten que estas demoras podrían aumentar el riesgo de que algunas víctimas abandonen el proceso antes de concluir las diligencias y regresen a convivir con sus presuntos agresores.
Alertas previas
De acuerdo con los funcionarios consultados, la situación había sido advertida antes de la entrada en vigor de los cambios administrativos.
Aseguran que organizaciones gremiales, la Sección de Cárceles y la Auditoría Interna del Poder Judicial emitieron observaciones sobre los riesgos operativos que implicaban las modificaciones, las cuales —según indican— no fueron acogidas por la Dirección de Planificación.
La Voz de Goicoechea consultó sobre esta situación a las autoridades correspondientes. Según la información suministrada por las fuentes, tanto el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han manifestado que no consideran que exista una afectación significativa en la prestación del servicio, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha remitido las consultas a ambos órganos sin emitir una posición directa sobre las denuncias.
Entretanto, funcionarios judiciales sostienen que las condiciones operativas durante las noches en los Tribunales de Goicoechea continúan deteriorándose y solicitan que las autoridades revisen las medidas implementadas para evitar un mayor impacto en el servicio judicial y en la atención de la ciudadanía.
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Consorcio Progresa-Hemeca, encargado de la construcción del parque Santiago Jara, conocido como parque de Guadalupe, solicitó al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) iniciar un proceso de conciliación, al considerar que existen irregularidades en la finalización del contrato por parte de la Municipalidad de Goicoechea.
La solicitud se ampara en el mecanismo de resolución de conflictos previsto en el cartel de licitación y en la Ley General de Contratación Pública.
El anuncio fue realizado durante una audiencia en el Concejo Municipal de Goicoechea, a la que fueron convocados el alcalde, Fernando Chavarría, y representantes del consorcio para explicar la situación del proyecto.
Durante la sesión, la empresa sostuvo que no se le garantizó el debido proceso ni el derecho de defensa antes de que se diera por concluido el contrato. Asimismo, declinó responder varias consultas de los regidores al indicar que esos temas deberán discutirse dentro del procedimiento de conciliación.
Tras la audiencia, el Concejo Municipal acordó convocar una nueva sesión de la Comisión de Gobierno y Administración para ampliar el análisis del caso, a la que eventualmente también sería invitado el consorcio.
Municipalidad mantiene que hubo incumplimiento
El alcalde Fernando Chavarría reiteró que la decisión de finalizar el contrato obedeció al incumplimiento del plazo establecido para ejecutar las obras.
La construcción del parque fue adjudicada el 22 de octubre de 2025 y la orden de inicio se emitió el 3 de noviembre del mismo año. Según el cronograma contractual, el proyecto debía concluir el 29 de junio de 2026.
Antes de esa fecha, el consorcio solicitó una prórroga para extender el plazo hasta el 3 de septiembre; sin embargo, la Municipalidad rechazó la petición.
El director de Ingeniería de la Municipalidad de Goicoechea, Mario Iván Rojas, informó que la obra presenta un avance aproximado del 47 % y que aún permanecen disponibles cerca de ₡500 millones para concluir el proyecto.
Rojas agregó que la administración prevé publicar una nueva licitación en un plazo cercano a dos meses para retomar las obras.
Consorcio atribuye atrasos a la Municipalidad
Por su parte, el Consorcio Progresa-Hemeca sostiene que los atrasos fueron provocados por decisiones y trámites atribuibles a la propia Municipalidad, por lo que considera ilegal la terminación del contrato.
La empresa afirmó que el parque podía concluirse en un plazo de dos meses adicionales y sin costo extra para el gobierno local.
Según el consorcio, agotó todas las herramientas administrativas contempladas en el contrato para advertir sobre las dificultades que enfrentaba la ejecución del proyecto, sin obtener respuesta.
Christian Brenes, representante de la empresa, señaló que uno de los principales obstáculos fue el retraso de casi cinco meses en la aprobación de los planos constructivos, entregados el 22 de diciembre de 2025.
Indicó que la Municipalidad nunca notificó formalmente su aprobación o rechazo y que el pago correspondiente a ese trámite se realizó cinco meses después, pese a que era un requisito indispensable para iniciar la construcción.
Además, el consorcio atribuyó las demoras a órdenes de cambio, permisos, otros trámites administrativos y retenciones de pagos, situaciones que —asegura— fueron comunicadas en múltiples ocasiones junto con propuestas para corregirlas.
La empresa también cuestionó declaraciones públicas del alcalde, al afirmar que difundió información falsa sobre las causas de los atrasos.
No obstante, Chavarría sostuvo que no existían justificaciones técnicas para conceder una prórroga y aseguró que la empresa no enfrentó impedimentos reales que explicaran el incumplimiento del cronograma establecido.
Con la solicitud de conciliación presentada ante el CFIA, el conflicto entre la Municipalidad de Goicoechea y el Consorcio Progresa-Hemeca entra ahora en una nueva etapa, mientras el futuro del proyecto permanece en suspenso.
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