LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El cierre de servicios nocturnos en San José centro y la reducción del personal habrían concentrado la atención de detenidos de tres circuitos judiciales en un solo edificio, según denuncian funcionarios. La situación impactaría a la Fuerza Pública, a las víctimas de violencia doméstica y a las condiciones de detención.

Las noches en el Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, se han convertido en un escenario de creciente presión operativa. Funcionarios judiciales consultados por La Voz de Goicoechea, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguran que una serie de decisiones administrativas implementadas por el Poder Judicial provocaron un aumento significativo en la carga de trabajo, saturación de las celdas y demoras que repercuten tanto en la seguridad ciudadana como en la atención de personas detenidas y víctimas.

Según las fuentes, el origen del problema se remonta a una reforma impulsada por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, mediante la cual se cerró la atención física nocturna, de madrugada y durante fines de semana del Turno Extraordinario y del Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José. El objetivo de la medida habría sido reducir el pago de horas extraordinarias y optimizar recursos, pero en la práctica toda la atención de esos casos pasó a concentrarse en las instalaciones de Goicoechea.

Menos personal para atender más casos

De acuerdo con la información suministrada por funcionarios judiciales, actualmente los detenidos provenientes de los circuitos judiciales de San José, Pavas-Desamparados y Goicoechea son trasladados al mismo centro de atención durante las noches.

Las fuentes indican que, pese al incremento de la demanda, la planilla nocturna se redujo de aproximadamente 48 a 24 funcionarios.

Asimismo, señalan que un único juez de turno debe atender las audiencias de medidas cautelares y solicitudes de prisión preventiva de los tres circuitos judiciales. Además, ese mismo funcionario debe desplazarse cuando se requieren diligencias como levantamientos de cadáveres o allanamientos urgentes, dejando temporalmente sin atención el despacho judicial.

A ello se suma, según los denunciantes, la reducción de la jornada nocturna de ocho a seis horas, lo que habría generado dificultades durante los cambios de turno entre el personal nocturno y diurno.

Celdas sobrepasadas

Funcionarios consultados afirman que la infraestructura del edificio fue diseñada para albergar entre 55 y 60 personas privadas de libertad, pero con frecuencia recibe más de 20 ingresos adicionales en pocas horas.

La situación, explican, se agrava debido a las normas obligatorias de segregación que exigen separar a menores de edad, personas con trastornos mentales, pacientes con enfermedades contagiosas, personas con riesgo suicida o con conductas violentas.

Como consecuencia, algunas celdas permanecen ocupadas por uno o dos detenidos, aunque tengan capacidad para albergar a doce personas, reduciendo significativamente el espacio disponible para el resto de la población detenida.

Las fuentes sostienen que este panorama provoca retrasos en la tramitación de casos de flagrancia, los cuales deberían resolverse con rapidez. En algunos casos, afirman, personas detenidas permanecen entre cuatro y cinco días a la espera de que se defina su situación jurídica, para posteriormente recuperar la libertad.

También denuncian que algunos detenidos pasan ocho o más horas esposados en áreas de espera o en el sótano del edificio mientras se habilita un espacio disponible, con acceso limitado a servicios sanitarios y alimentación. Al tratarse de celdas transitorias, quienes permanecen allí durante fines de semana tampoco reciben visitas ni artículos básicos de higiene personal.

Menos policías en las calles

Las consecuencias del congestionamiento también alcanzarían a los cuerpos policiales.

Según los funcionarios, la normativa exige que cada persona detenida permanezca bajo la custodia de dos oficiales. Debido a las largas esperas para formalizar el ingreso al sistema judicial, decenas de oficiales de la Fuerza Pública, policías municipales y agentes de Tránsito deben permanecer durante horas dentro del edificio.

Incluso, aseguran que se han registrado casos en los que un mismo detenido ha requerido hasta cuatro relevos consecutivos de oficiales durante más de 24 horas, reduciendo la disponibilidad de patrullas para atender emergencias en las comunidades.

Preocupación por víctimas de violencia doméstica

Los funcionarios también expresan preocupación por el impacto que esta situación tendría sobre las víctimas de violencia doméstica y violencia de género.

Explican que los protocolos interinstitucionales para la valoración del riesgo en estos casos requieren entrevistas y evaluaciones que pueden extenderse entre tres y ocho horas. La acumulación de expedientes y la escasez de personal provocarían esperas prolongadas durante la noche.

Las fuentes advierten que estas demoras podrían aumentar el riesgo de que algunas víctimas abandonen el proceso antes de concluir las diligencias y regresen a convivir con sus presuntos agresores.

Alertas previas

De acuerdo con los funcionarios consultados, la situación había sido advertida antes de la entrada en vigor de los cambios administrativos.

Aseguran que organizaciones gremiales, la Sección de Cárceles y la Auditoría Interna del Poder Judicial emitieron observaciones sobre los riesgos operativos que implicaban las modificaciones, las cuales —según indican— no fueron acogidas por la Dirección de Planificación.

La Voz de Goicoechea consultó sobre esta situación a las autoridades correspondientes. Según la información suministrada por las fuentes, tanto el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han manifestado que no consideran que exista una afectación significativa en la prestación del servicio, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha remitido las consultas a ambos órganos sin emitir una posición directa sobre las denuncias.

Entretanto, funcionarios judiciales sostienen que las condiciones operativas durante las noches en los Tribunales de Goicoechea continúan deteriorándose y solicitan que las autoridades revisen las medidas implementadas para evitar un mayor impacto en el servicio judicial y en la atención de la ciudadanía.