¡Qué peligroso se vuelve un Poder Judicial cuando pierde su independencia y credibilidad!

Published by Isaí Jara on

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- La corrupción es peligrosa en cualquier institución del Estado, pero cuando logra penetrar en el Poder Judicial, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Porque cuando quienes deben impartir justicia dejan de actuar con independencia, rectitud y transparencia, la democracia comienza a perder uno de sus principales pilares.

Un país puede enfrentar gobiernos deficientes, diputados irresponsables, funcionarios corruptos e incluso organizaciones criminales poderosas. Pero mientras exista un Poder Judicial verdaderamente independiente, imparcial e incorruptible, la sociedad conserva una herramienta fundamental para exigir responsabilidades y defender sus derechos.

El verdadero peligro comienza cuando la corrupción encuentra protección, complicidad o impunidad dentro de las instituciones encargadas de combatirla.

El crimen organizado no solamente necesita dinero, armas o estructuras clandestinas para expandir su influencia. También busca debilitar los controles del Estado, comprar voluntades, intimidar funcionarios y, especialmente, conseguir que sus delitos permanezcan impunes.

Por eso, una eventual infiltración del crimen organizado en la administración de justicia representa una de las amenazas más graves contra cualquier democracia.

La justicia no puede tener color político ni precio

El Poder Judicial tiene una responsabilidad que no admite negociaciones: garantizar justicia pronta, cumplida, independiente y apegada a la Constitución Política y las leyes de la República.

La justicia debe ser ciega ante el poder económico, las influencias políticas, los apellidos, las amistades y los intereses particulares.

No puede existir una justicia para los poderosos y otra para los ciudadanos comunes. No puede haber una justicia complaciente con quienes tienen influencia y despiadada con quienes carecen de recursos para defenderse.

Un juez no debe resolver según sus simpatías políticas. Un fiscal no debe investigar según las conveniencias de determinados sectores. Ningún funcionario judicial puede colocar sus intereses personales por encima de la ley.

La justicia tampoco puede convertirse en instrumento de persecución política, venganza personal o protección de grupos privilegiados.

Su única lealtad debe ser con la Constitución, el ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales y la verdad que resulte demostrada mediante el debido proceso.

Cuando falla la justicia, ¿quién protege al ciudadano?

Esta es la pregunta que debería preocupar profundamente a todos los costarricenses.

¿A quién puede acudir un ciudadano cuando sospecha que las instituciones encargadas de proteger sus derechos han sido comprometidas por intereses ajenos a la justicia?

¿Quién enfrenta la corrupción política si los mecanismos judiciales encargados de investigarla pierden credibilidad?

¿Quién detiene al crimen organizado si este consigue influir sobre quienes deben perseguir y sancionar sus delitos?

Cuando la justicia se corrompe, el ciudadano queda expuesto a uno de los mayores peligros de una sociedad democrática: la indefensión frente al abuso del poder.

Y cuando la población comienza a perder la confianza en sus tribunales, fiscales y jueces, se deteriora algo mucho más profundo que la imagen de una institución: se debilita la confianza en el Estado de derecho.

Una democracia no puede sostenerse únicamente mediante elecciones periódicas. Necesita instituciones fuertes, controles efectivos, funcionarios honestos y una justicia que no se arrodille ante nadie.

Costa Rica no puede darse el lujo de una justicia debilitada

Nuestro país ha construido buena parte de su identidad democrática sobre el respeto a las instituciones, la división de poderes y la defensa de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, ninguna institución está por encima del escrutinio público.

El Poder Judicial tampoco.

Su independencia debe ser defendida frente a presiones políticas y económicas, pero esa independencia jamás debe confundirse con inmunidad ante la crítica, ausencia de controles o privilegios para sus funcionarios.

Defender al Poder Judicial no significa guardar silencio frente a sus posibles errores, irregularidades o actos de corrupción. Significa exigir que se investiguen con rigor, transparencia y sin privilegios.

Las denuncias deben examinarse con pruebas y respeto al debido proceso. Las responsabilidades deben establecerse mediante procedimientos legítimos. Y cuando se demuestre que un funcionario judicial traicionó la confianza pública, deben aplicarse las consecuencias correspondientes, sin importar su cargo o jerarquía.

Porque la independencia judicial no es un beneficio personal de los jueces y magistrados. Es una garantía de todos los habitantes de la República.

¡La justicia no puede convertirse en refugio de la impunidad!

Desde La Voz de Goicoechea consideramos indispensable levantar la voz en defensa de una justicia independiente, transparente y sometida a los más altos estándares éticos.

No podemos normalizar la corrupción. No podemos aceptar que los intereses políticos o económicos pretendan influir en las decisiones judiciales. Tampoco podemos permitir que la ciudadanía pierda la esperanza de encontrar justicia en las instituciones de su propio país.

Es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización, garantizar investigaciones independientes, exigir rendición de cuentas y proteger a los funcionarios judiciales honestos que cumplen su deber con valentía.

Porque también debemos reconocerlo: dentro del Poder Judicial existen profesionales comprometidos con la legalidad y el servicio público. Su integridad merece protección frente a cualquier intento de corrupción, intimidación o manipulación.

La crítica responsable no debe buscar destruir la institución, sino impedir que sus principios sean traicionados.

Un llamado de atención que Costa Rica no debe ignorar

El Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo crea las leyes y el Poder Judicial tiene la trascendental responsabilidad de aplicarlas y resolver los conflictos conforme al derecho. Los tres poderes son fundamentales para la democracia, pero la justicia constituye una garantía indispensable frente a los abusos de cualquiera de ellos.

Por eso, la corrupción judicial resulta especialmente peligrosa: puede destruir los mecanismos que una sociedad necesita para combatir la corrupción en todos los demás ámbitos.

Costa Rica debe comprender que la justicia no puede ser un instrumento del poder político, del dinero ni de los intereses particulares.

La justicia debe servir al pueblo, no a los poderosos. Debe proteger derechos, no privilegios. Debe perseguir delitos, no encubrirlos. Y debe inspirar confianza, no temor ni sospecha.

Desde este medio hacemos un llamado firme a las autoridades judiciales, a los organismos de control, a los demás poderes de la República y a la ciudadanía para que defiendan la independencia judicial, exijan transparencia y rechacen cualquier manifestación de corrupción o impunidad.

Porque cuando la corrupción llega a quienes tienen el deber de juzgarla, el daño puede ser mucho mayor que un escándalo institucional.

Es la democracia misma la que queda en peligro.

Y si algún día la justicia deja de ser el último refugio del ciudadano frente a los abusos del poder, tendremos que hacernos una pregunta verdaderamente alarmante:

¿Quién nos defenderá cuando quienes deben impartir justicia sean precisamente quienes la traicionen?

La Voz de Goicoechea

Un medio comprometido con la democracia, la transparencia, la libertad de expresión y la defensa de los derechos ciudadanos.

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