Organizaciones de consumidores piden frenar créditos irresponsables y facilitar el regreso de miles de costarricenses al sistema financiero

OMERCON y APRODECO presentaron ante la Asamblea Legislativa cinco propuestas para combatir el sobreendeudamiento, proteger a los consumidores y evitar que más familias terminen recurriendo a préstamos informales conocidos como “gota a gota”
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El creciente endeudamiento de las familias costarricenses y las dificultades que enfrentan miles de personas para acceder al crédito formal volvieron al centro del debate legislativo. Dos organizaciones defensoras de los consumidores advirtieron que aumentar las tasas máximas de interés no solucionará la exclusión financiera y, por el contrario, podría agravar la situación económica de numerosos hogares.
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO) comparecieron el pasado 17 de noviembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde presentaron cinco propuestas orientadas a transformar las condiciones del crédito en Costa Rica.
En la audiencia participaron Jaime Mora y Yeikol Zúñiga, representantes de OMERCON, así como Luis Vives, representante de APRODECO.
Las organizaciones sostienen que el principal problema del sistema financiero no radica en los límites establecidos para las tasas de interés, sino en la falta de mecanismos efectivos para impedir que las entidades otorguen préstamos a personas sin suficiente capacidad económica para pagarlos.
Cerca de 776.000 expedientes de cobro judicial reflejan la magnitud del problema
Uno de los datos más preocupantes expuestos por las organizaciones es la existencia de aproximadamente 776.000 expedientes activos de cobro judicial en Costa Rica, cifra mencionada en el comunicado y que evidencia, según sus representantes, las dimensiones del problema del endeudamiento.
Detrás de estos procesos existen personas y familias que enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones financieras y que, en muchos casos, terminan excluidas de las opciones de financiamiento regulado.
Según OMERCON y APRODECO, parte del problema surge cuando las entidades financieras ofrecen nuevos créditos a consumidores que ya tienen comprometida una proporción importante de sus ingresos.
Esta práctica puede generar un círculo de endeudamiento difícil de superar: la persona solicita un préstamo, acumula obligaciones, deja de pagar, enfrenta procesos judiciales y finalmente pierde oportunidades de acceder nuevamente al crédito formal.
Las organizaciones advierten que esta situación puede empujar a algunos consumidores hacia prestamistas informales, incluidos los sistemas conocidos como “gota a gota”, que pueden representar riesgos adicionales para las familias.
Cinco propuestas para cambiar las reglas del crédito
Durante su comparecencia, las organizaciones plantearon cinco medidas que consideran prioritarias para fortalecer la protección de los consumidores financieros.
- Sancionar los préstamos otorgados sin verificar la capacidad de pago
La primera propuesta busca establecer consecuencias legales para las entidades que concedan créditos sin comprobar adecuadamente la solvencia económica del solicitante.
Según el planteamiento, cuando una entidad incumpla esa obligación, debería perder el derecho a cobrar intereses sobre el préstamo otorgado.
La intención es trasladar parte de la responsabilidad del sobreendeudamiento a quienes ofrecen financiamiento sin evaluar suficientemente los riesgos.
- Facilitar la eliminación de antecedentes crediticios por deudas prescritas
La segunda iniciativa pretende permitir que los jueces declaren de oficio la prescripción de determinadas deudas, sin necesidad de que el consumidor deba iniciar gestiones legales adicionales para solicitarla.
Las organizaciones señalan que muchas personas mantienen antecedentes negativos en el Centro de Información Crediticia (CIC) relacionados con obligaciones que consideran legalmente prescritas.
La medida buscaría facilitar la recuperación del historial crediticio de esos consumidores y reducir la cantidad de procesos que permanecen en los tribunales.
- Crear un Sistema Nacional de Avales para créditos de consumo
La tercera propuesta consiste en establecer un mecanismo de garantías públicas que facilite préstamos responsables para necesidades familiares, como educación, emergencias médicas, compra de electrodomésticos y gastos imprevistos del hogar.
De acuerdo con las estimaciones planteadas por las organizaciones, este sistema podría permitir que determinados créditos actualmente ofrecidos con tasas cercanas al 51 % accedan a condiciones de financiamiento de entre el 15 % y el 17 %.
Se trata de una proyección de los proponentes, cuya viabilidad dependería del diseño y financiamiento del mecanismo.
- Impulsar un plan nacional de refinanciamiento de deudas
La cuarta iniciativa plantea ofrecer alternativas a quienes mantienen obligaciones vencidas que todavía no han prescrito.
Entre las posibilidades se incluyen reducir las tasas de interés, ampliar los plazos de pago y eliminar determinados cargos legales e intereses moratorios acumulados.
El objetivo sería que las personas puedan negociar cuotas acordes con su capacidad económica, cumplir sus compromisos y recuperar gradualmente su acceso al sistema financiero.
- Aprobar una Ley de Defensa del Consumidor Financiero
Finalmente, OMERCON y APRODECO proponen impulsar una legislación específica que fortalezca los derechos de quienes utilizan productos y servicios financieros.
La iniciativa tomaría como referencia estándares y buenas prácticas de protección al consumidor aplicados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
¿Subir las tasas de interés solucionaría el problema?
Uno de los principales puntos de discusión gira alrededor de la posibilidad de modificar los límites máximos de interés establecidos para los créditos.
Las organizaciones cuestionan la idea de que elevar esos límites permitiría automáticamente ampliar el acceso al financiamiento formal.
Desde su perspectiva, facilitar préstamos más costosos sin reforzar los controles sobre la capacidad de pago podría incrementar el sobreendeudamiento.
También señalan que países como Francia, Italia y Japón mantienen mecanismos para regular los intereses y proteger a los consumidores.
Para OMERCON y APRODECO, la prioridad debería ser promover prácticas responsables de otorgamiento de crédito y crear alternativas que permitan reincorporar al sistema financiero a quienes actualmente permanecen excluidos.
Una discusión que también interesa a las familias de Goicoechea
Aunque las propuestas tienen alcance nacional, el debate resulta relevante para los habitantes de Goicoechea y sus distritos de Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho Redondo y Purral.
El acceso al crédito influye directamente en la economía de los hogares, el funcionamiento de pequeños negocios y la posibilidad de enfrentar gastos extraordinarios sin comprometer excesivamente los ingresos familiares.
Para las personas que mantienen deudas atrasadas o dificultades para obtener financiamiento, las reformas propuestas podrían representar nuevas alternativas de negociación y eventual reincorporación al sistema crediticio formal, siempre que sean aprobadas y se establezcan mecanismos efectivos para su aplicación.
Sin embargo, las iniciativas todavía forman parte de los planteamientos presentados por las organizaciones y no constituyen cambios legales aprobados.
El desafío de equilibrar el acceso al crédito y la protección del consumidor
La discusión legislativa plantea un desafío importante: cómo ampliar las oportunidades de financiamiento sin exponer a los consumidores a obligaciones que superen su capacidad económica.
OMERCON y APRODECO consideran que la solución pasa por exigir mayor responsabilidad a las entidades prestamistas, revisar el tratamiento de las deudas prescritas y desarrollar mecanismos que permitan refinanciar obligaciones en condiciones más favorables.
El debate también abre interrogantes sobre el papel que deben desempeñar las entidades financieras, los organismos reguladores y el Estado para prevenir situaciones de endeudamiento excesivo.
Por ahora, las propuestas quedan sobre la mesa de discusión legislativa, mientras miles de familias costarricenses continúan enfrentando las consecuencias de sus compromisos financieros.
La pregunta de fondo es si Costa Rica debe facilitar el acceso al crédito mediante tasas de interés más elevadas o apostar por un modelo que combine financiamiento accesible, evaluación responsable de los préstamos y mayor protección para los consumidores.