La libertad de expresión no se negocia: protestar es un derecho, informar también
La denuncia de una presunta agresión contra el comunicador Donnie Duarte durante una manifestación en San José obliga a reflexionar sobre el respeto a las libertades fundamentales, la tolerancia política y el derecho de la ciudadanía a recibir información sin intimidaciones ni violencia
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por La Dirección).- Costa Rica ha construido buena parte de su identidad democrática sobre principios que no deberían estar sujetos a negociación: la libertad de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente, el respeto a las diferencias y la posibilidad de ejercer el periodismo sin amenazas ni agresiones.
Sin embargo, estos valores se ponen a prueba precisamente cuando las opiniones incomodan, las posiciones políticas se enfrentan y las pasiones ideológicas amenazan con imponerse sobre la razón.
La denuncia presentada públicamente por el comunicador y creador de contenido Donnie Duarte, quien asegura haber sido agredido físicamente mientras documentaba una manifestación realizada este domingo en San José por sectores que defendían a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constituye un episodio preocupante que merece atención, esclarecimiento y una reflexión profunda.
Según lo denunciado por Duarte, un participante de la movilización le habría lanzado una patada mientras realizaba su cobertura informativa. El comunicador sostiene que el incidente quedó registrado en video y posteriormente identificó en sus redes sociales a quien considera responsable.
Aunque las circunstancias completas del altercado todavía requieren verificación independiente y corresponde a las autoridades determinar las eventuales responsabilidades, existe un principio que debe quedar absolutamente claro: ninguna persona puede atribuirse el derecho de agredir a otra por sus opiniones políticas, por su línea editorial o por ejercer una actividad informativa en un espacio público.
El derecho a protestar merece respeto, pero no autoriza la violencia
Defender a la Caja Costarricense de Seguro Social es una causa legítima. También lo es cuestionar las políticas gubernamentales, exigir mejores servicios públicos, expresar inconformidad con las autoridades y organizar movilizaciones ciudadanas.
En una democracia, la protesta pacífica no es una concesión del poder político, sino una manifestación de las libertades ciudadanas.
Por eso, quienes participan en marchas, concentraciones y movimientos sociales deben contar con garantías para expresar sus demandas sin sufrir persecución, censura o intimidación.
Pero ese mismo respeto debe extenderse a quienes piensan diferente.
La libertad de manifestación no otorga licencia para silenciar al discrepante, hostigar al comunicador incómodo ni convertir una concentración pública en un territorio donde solamente determinadas voces tienen derecho a expresarse.
Resultaría profundamente contradictorio reclamar derechos democráticos mientras se desconoce el derecho de otras personas a ejercerlos.
Y sería igualmente injusto responsabilizar a todos los participantes de una manifestación por la conducta individual de una persona. La eventual actuación violenta de un manifestante no desacredita automáticamente la legitimidad de una causa ni representa necesariamente a quienes la respaldan.
La democracia exige distinguir entre la protesta legítima y los actos individuales que puedan vulnerar la ley.
La prensa no necesita permiso ideológico para informar
Uno de los aspectos más delicados de este caso es el mensaje intimidatorio que podría transmitir una agresión contra alguien que documenta acontecimientos de interés público.
Un periodista, comunicador independiente o creador de contenido no tiene la obligación de compartir las ideas de quienes participan en una manifestación para poder cubrirla.
Tampoco necesita la aprobación política de sus protagonistas.
Su función es observar, registrar, preguntar, contrastar y comunicar hechos que permitan a la ciudadanía formarse su propio criterio.
La audiencia podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con sus comentarios. Podrá cuestionar su objetividad, criticar sus interpretaciones o rechazar sus posiciones editoriales.
Todo eso forma parte del debate democrático.
Lo que no puede aceptarse es que las diferencias se resuelvan mediante golpes, amenazas o intimidaciones.
La libertad de prensa no existe únicamente para proteger a los comunicadores con quienes simpatizamos. Su verdadera importancia se demuestra cuando protege también a quienes expresan ideas que rechazamos.
Este principio debe aplicarse sin distinción de tendencias políticas.
Ni la izquierda, ni la derecha, ni los sectores oficialistas, ni los grupos opositores pueden reclamar para sí el monopolio de la libertad de expresión.
Los derechos fundamentales no tienen color partidario.
La Constitución protege tanto la palabra como la manifestación pacífica
Nuestra Constitución Política establece garantías esenciales para la convivencia democrática.
El artículo 29 reconoce la libertad de comunicar pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades que establezca la ley.
Por su parte, el artículo 26 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, así como las condiciones constitucionales para las reuniones y manifestaciones en espacios públicos.
Ambas garantías deben coexistir.
No se trata de decidir cuál derecho merece mayor protección según la simpatía política del momento. Se trata de comprender que una sociedad verdaderamente libre necesita tanto ciudadanos capaces de manifestarse como periodistas y comunicadores capaces de informar sobre esas manifestaciones.
Una marcha puede ser cuestionada públicamente. Sus consignas pueden ser discutidas. Sus dirigentes pueden ser entrevistados críticamente y sus argumentos pueden ser sometidos al escrutinio ciudadano.
Esa fiscalización no constituye una agresión contra el movimiento social.
Es parte del funcionamiento normal de una democracia.
Del mismo modo, quienes realizamos coberturas informativas tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo, respetar la dignidad de las personas y evitar provocaciones innecesarias, sin que ello signifique renunciar a su derecho a informar.
Investigar los hechos también es defender la democracia
En relación con la denuncia de Donnie Duarte, corresponde actuar con responsabilidad.
El comunicador ha identificado públicamente a una persona como presunta responsable del incidente y ha anunciado la posibilidad de recurrir a las vías legales.
Sin embargo, esa identificación constituye, por ahora, una afirmación del denunciante que debe ser corroborada.
La persona señalada tiene derecho a ofrecer su versión, ejercer su defensa y contar con las garantías del debido proceso.
Condenar la violencia no significa anticipar culpabilidades.
Precisamente porque defendemos la libertad de expresión y el Estado de derecho, consideramos indispensable que los hechos sean esclarecidos mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a todas las partes involucradas.
Si se confirma que existió una agresión física injustificada, deberán establecerse las responsabilidades conforme a la legislación costarricense.
La impunidad frente a la violencia contra quienes informan puede generar un efecto intimidatorio que trasciende a la víctima directa: otros comunicadores podrían sentirse amenazados o desalentados a cubrir acontecimientos de interés público.
Y una sociedad donde informar produce temor es una sociedad cuya democracia comienza a debilitarse.
La intolerancia política no puede convertirse en costumbre
Costa Rica atraviesa un escenario de intensos debates sobre el futuro de sus instituciones, el funcionamiento de los servicios públicos y el rumbo político del país.
Es natural que existan posiciones encontradas.
Lo que no debería normalizarse es la creciente tendencia a considerar enemigos a quienes sostienen opiniones diferentes.
La descalificación personal, los insultos y la hostilidad ideológica deterioran la calidad de nuestra discusión pública.
Cuando la confrontación pasa de las palabras a la violencia física, el problema adquiere una dimensión todavía más grave.
La democracia no exige unanimidad. Exige convivencia entre personas que no necesariamente piensan igual.
Quien marcha tiene derecho a levantar su pancarta.
Quien discrepa tiene derecho a expresar su desacuerdo.
Quien informa tiene derecho a encender su cámara.
Y todos tienen la obligación de respetar los derechos de los demás.
No podemos exigir tolerancia para nuestras ideas mientras justificamos la intolerancia contra las ideas ajenas.
Nuestra posición editorial: ni censura, ni intimidación, ni violencia
Desde La Voz de Goicoechea reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.
Defendemos el derecho de los movimientos sociales a protestar, incluso cuando sus planteamientos sean controvertidos o sus posiciones políticas no coincidan con las nuestras.
Con la misma firmeza, defendemos el derecho de periodistas, comunicadores independientes y creadores de contenido a documentar esas actividades sin ser objeto de agresiones.
Rechazamos cualquier intento de justificar la violencia por razones ideológicas, venga del sector político que venga.
También hacemos un llamado a las autoridades competentes para que, si se formaliza la denuncia correspondiente, investiguen los hechos con objetividad, prontitud y pleno respeto al debido proceso.
Pero nuestro llamado va más allá de este incidente.
Está dirigido a dirigentes políticos, organizaciones sociales, manifestantes, periodistas y ciudadanos en general.
No permitamos que las diferencias ideológicas destruyan los espacios de convivencia democrática que tanto han distinguido a Costa Rica.
No convirtamos las calles en escenarios de intimidación ni las redes sociales en tribunales donde se condena sin escuchar a todas las partes.
Y, sobre todo, no aceptemos que la violencia se convierta en una respuesta tolerable frente a una cámara, una pregunta incómoda o una opinión contraria.
Porque una democracia donde solamente pueden hablar quienes piensan igual deja de ser una democracia verdaderamente libre.
La libertad de expresión no se defiende a conveniencia. Se defiende siempre.
El derecho a manifestarse no se cuestiona por diferencias ideológicas. Se respeta.
Y la labor de informar no puede depender de la autorización de quienes protagonizan los acontecimientos.
Protestar es un derecho. Informar también lo es. Agredir no es ninguno de los dos.
