Contraloría señala graves debilidades en la gestión del Comité de Deportes de Goicoechea

El CCDYR alcanzó apenas un 21 % de cumplimiento en los controles evaluados por la Contraloría General de la República. El informe advierte deficiencias en planificación, infraestructura, gestión de personal, contratación pública, inventarios, transparencia y supervisión municipal
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDYR) de Goicoechea presenta importantes debilidades en su gestión y alcanzó apenas un 21 % de cumplimiento en los aspectos de control evaluados por la Contraloría General de la República (CGR).
Así se desprende del Informe n.º DFOE-LOC-SGP-00003-2026, emitido el 3 de septiembre de 2026, que analizó la gestión de cuatro comités cantonales de deportes y recreación.
Goicoechea obtuvo el segundo resultado más bajo entre los comités examinados. El porcentaje de cumplimiento fue inferior al promedio de la evaluación, de un 38 %, y a los resultados obtenidos por Escazú (46 %) y Santa Ana (31 %). Únicamente Moravia registró un porcentaje menor, del 16 %.
El diagnóstico de la Contraloría apunta a un modelo de gestión principalmente reactivo y con debilidades de planificación, una situación que puede repercutir en la calidad y continuidad de los servicios deportivos y recreativos ofrecidos a la población.
Diez áreas concentran las principales debilidades
Uno de los primeros problemas señalados es la planificación estratégica. El CCDYR carece de una planificación que permita vincular sus objetivos con los recursos disponibles y las necesidades de la población del cantón. También se identifican carencias en los diagnósticos que deberían orientar la oferta de actividades deportivas y recreativas.
La infraestructura constituye otro punto crítico. De 14 instalaciones consideradas, solamente nueve se encuentran en condiciones aceptables. Entre los espacios con problemas se encuentra el Salón de San Francisco.
A esto se suma la ocupación de instalaciones por terceros sin la debida autorización, lo que limita su disponibilidad para los habitantes del cantón. Según la información consignada en el borrador a partir del informe contralor, una situación relacionada con el Polideportivo de San Francisco derivó en una condena judicial por ₡55,33 millones.
La Contraloría también encontró debilidades en la administración del recurso humano, entre ellas la falta de manuales de puestos actualizados, expedientes incompletos y deficiencias en las evaluaciones de desempeño.
En materia laboral, se reportan 25 demandas entre junio de 2023 y 2026, con condenas que en conjunto ascienden a ₡113,91 millones.
Otro de los aspectos cuestionados es la contratación pública. El análisis señala deficiencias relacionadas con los procedimientos de contratación, el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el análisis de precios y la verificación del cumplimiento de los contratos.
También se encontraron problemas en el control de inventarios y activos. El comité carece de normativa suficiente para gestionar adecuadamente el registro y ciclo de vida de sus bienes, no realiza inventarios completos y presenta debilidades en la asignación de responsables sobre los activos.
Las donaciones, transferencias y ayudas constituyen otra área de riesgo debido a la ausencia de una regulación integral que abarque todo el proceso y establezca controles para prevenir eventuales conflictos de interés.
Contraloría advierte debilidades en ética y transparencia
El informe también llama la atención sobre la gestión de la ética y la integridad institucional. Entre otros aspectos, señala la ausencia de un código de ética y conducta, así como debilidades en la valoración de riesgos y en los mecanismos destinados a prevenir conflictos de interés en las relaciones con proveedores y organizaciones.
En materia de transparencia y participación ciudadana, el CCDYR presenta carencias en la información periódica que brinda sobre su gestión, mantiene información digital desactualizada y carece de mecanismos efectivos para promover la participación de los habitantes del cantón.
La fiscalización ejercida por la Municipalidad de Goicoechea tampoco escapa a los cuestionamientos. La Contraloría señala debilidades en el acompañamiento y supervisión del comité, así como un seguimiento concentrado principalmente en aspectos presupuestarios.
Condenas superan los ₡169 millones
Uno de los datos de mayor impacto económico corresponde a las condenas judiciales relacionadas con situaciones señaladas en el análisis.
Las dos cifras consignadas —₡55,33 millones y ₡113,91 millones— suman ₡169,24 millones, recursos que evidencian las consecuencias financieras que pueden derivarse de una gestión institucional deficiente.
Marvin Hernández, miembro de la actual Junta Directiva del CCDYR, indicó que las pérdidas millonarias correspondientes a condenas judiciales se originaron en actuaciones de anteriores juntas directivas.
Esta precisión resulta relevante para distinguir los hallazgos sobre la situación institucional del comité de la responsabilidad que eventualmente corresponda a sus diferentes administraciones.
Contraloría plantea cambios en la gestión
Entre las acciones planteadas se encuentra avanzar hacia una planificación estratégica participativa, fortalecer los controles financieros y de talento humano, mejorar los mecanismos de ética, transparencia y rendición de cuentas y establecer una supervisión municipal más efectiva sobre el cumplimiento de objetivos y metas.
El diagnóstico coloca así al CCDYR de Goicoechea frente al reto de corregir debilidades que abarcan desde la administración interna hasta el estado y aprovechamiento de las instalaciones deportivas.
Para la población del cantón, el resultado de este proceso tendrá una consecuencia directa: la capacidad del Comité de Deportes de administrar adecuadamente los recursos públicos y ofrecer instalaciones, programas deportivos y actividades recreativas de calidad.
La Voz de Goicoechea continuará dando seguimiento a las acciones que adopten el CCDYR y la Municipalidad de Goicoechea a partir de los resultados del informe de la Contraloría General de la República.