Contraloría pone bajo la lupa al Comité de Deportes de Goicoechea por cobros irregulares, publicidad sin ingresos y débiles controles sobre conflictos de intereses

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Órgano contralor emitió una orden vinculante tras detectar incumplimientos legales y técnicos en la administración de instalaciones deportivas municipales. La Junta Directiva del Comité deberá responder por las debilidades señaladas y adoptar medidas para garantizar la transparencia y protección de los recursos públicos

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG) quedó bajo cuestionamiento luego de que la Contraloría General de la República (CGR) identificara una serie de incumplimientos legales y técnicos relacionados con el cobro de entradas a instalaciones deportivas municipales, la utilización de espacios públicos para publicidad comercial y la falta de controles efectivos para prevenir conflictos de intereses.

Los hallazgos motivaron la emisión de la orden vinculante N.° DFOE-LOC-ORD-00016-2026, del 3 de noviembre de 2026, mediante la cual el órgano fiscalizador exige atender las debilidades detectadas en la gestión del Comité.

El pronunciamiento del contralor plantea serias interrogantes sobre la forma en que se han administrado los bienes deportivos del cantón, la vigilancia ejercida por los integrantes de la Junta Directiva y los mecanismos utilizados para garantizar que las decisiones institucionales respondan al interés público.

Más allá de las deficiencias administrativas, los hallazgos ponen sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién está velando por el uso correcto de las instalaciones deportivas municipales y por los recursos que deberían beneficiar a los deportistas y comunidades de Goicoechea?

Cobros de entradas sin autorización municipal

Uno de los hallazgos más preocupantes se relaciona con el cobro de entradas al público para asistir a actividades deportivas realizadas en instalaciones municipales.

Según la investigación de la CGR, durante el periodo 2025-2026, el Concejo Municipal de Goicoechea no había autorizado tarifas, montos ni porcentajes que permitieran al Comité cobrar por el ingreso del público a estas actividades.

Pese a esta ausencia de autorización, el CCDRG informó que dos asociaciones deportivas realizaron cobros de entradas en instalaciones municipales.

Lo particularmente llamativo es que, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría, el Comité estableció una tarifa después de realizados los eventos.

Esta situación evidencia una debilidad importante en la administración de los espacios deportivos: la realización de cobros sin contar previamente con el respaldo normativo y tarifario correspondiente.

Pero el problema no termina ahí.

La CGR también identificó que durante 2026 se efectuaron cobros de taquilla en el Gimnasio Municipal que no fueron reportados por la administración del CCDRG.

Además, se concedió una exoneración de pago a una persona física sin contar con un tarifario aprobado ni con parámetros reglamentados que justificaran ese beneficio.

Estos hechos obligan a preguntar:

¿Quién autorizó o permitió que se cobraran entradas sin tarifas aprobadas?

¿Cuánto dinero se recaudó mediante esos cobros y quién administró los recursos?

¿Por qué la administración del Comité no reportó determinados ingresos de taquilla?

¿Bajo qué criterios se concedió una exoneración sin respaldo tarifario?

Son interrogantes que requieren respuestas documentadas por parte de las autoridades responsables.

Publicidad comercial en instalaciones municipales sin beneficio económico para el Comité

Otro hallazgo relevante se refiere al aprovechamiento de instalaciones deportivas municipales para colocar publicidad comercial.

La Contraloría determinó que el CCDRG carece de una regulación y de una estructura tarifaria aprobada por el Concejo Municipal para cobrar por la instalación de rótulos y vallas publicitarias.

Sin embargo, la Junta Directiva autorizó a una asociación deportiva a colocar elementos publicitarios en el Gimnasio Municipal sin que el Comité recibiera una retribución económica por ese aprovechamiento.

Este hecho merece especial atención porque involucra el uso de bienes públicos para actividades que pueden generar beneficios económicos a terceros.

La publicidad comercial tiene un valor económico. Por ello, su utilización en instalaciones municipales debería estar sujeta a reglas claras, transparentes y debidamente autorizadas.

La ausencia de estos mecanismos no solo representa una deficiencia administrativa, sino que también puede traducirse en oportunidades perdidas para obtener ingresos destinados al mantenimiento de instalaciones, la promoción deportiva y el desarrollo de programas recreativos.

La propia Contraloría advierte que estas debilidades generan el riesgo de que terceros obtengan beneficios económicos mediante el aprovechamiento de bienes de dominio público, mientras el Comité deja de percibir recursos necesarios para cumplir sus objetivos.

¿Por qué se permitió utilizar espacios municipales para publicidad comercial sin una contraprestación económica? ¿Qué criterios utilizó la Junta Directiva para aprobar esa autorización?

Son preguntas que la ciudadanía tiene derecho a plantear.

Conflictos de intereses: una debilidad que compromete la transparencia

Quizás uno de los aspectos más delicados del informe del contralor sea la identificación de importantes debilidades en la prevención y gestión de posibles conflictos de interés dentro del CCDRG.

La Contraloría determinó que no se acreditaron mecanismos suficientes para identificar, prevenir y atender oportunamente estas situaciones en procesos especialmente sensibles, como:

Contrataciones públicas y selección de personal.

Otorgamiento de donaciones y beneficios.

Transferencias y asignación de recursos.

Relaciones con asociaciones deportivas y terceros.

Decisiones relacionadas con el aprovechamiento de instalaciones municipales.

Tampoco se acreditaron actividades sistemáticas de capacitación en ética pública e integridad dirigidas a los funcionarios y miembros de la Junta Directiva.

Estas carencias adquieren especial importancia porque el Comité está integrado por representantes de organizaciones deportivas, comunales y juveniles del cantón.

Aunque esa representación constituye una característica legítima de su organización, también exige controles rigurosos para evitar que los intereses particulares de una asociación o agrupación puedan interferir en las decisiones que deben adoptarse en beneficio de toda la comunidad.

La responsabilidad de un directivo no consiste únicamente en representar al sector que lo eligió, sino también en actuar conforme al interés público cuando ejerce funciones dentro del Comité.

Directivos se abstienen de votar, pero participan en las discusiones

Uno de los señalamientos más significativos de la Contraloría tiene que ver con la forma en que la Junta Directiva ha aplicado el deber de abstención.

De acuerdo con la información analizada por el órgano fiscalizador, cuando existe una situación que puede comprometer la imparcialidad de un directivo, el mecanismo utilizado consiste en que este se abstenga de votar.

Sin embargo, el directivo continúa participando en la presentación de propuestas y en la discusión de los asuntos.

Para la Contraloría, esta práctica constituye una implementación incorrecta del deber de abstención, porque la influencia sobre una decisión no ocurre únicamente en el momento de votar.

Un integrante de la Junta Directiva puede incidir en el resultado mediante sus intervenciones, argumentos o propuestas, incluso cuando posteriormente no participe en la votación.

Por esa razón, el órgano contralor advierte que permanece el riesgo de condicionar, influir o comprometer la decisión final.

Abstenerse de votar no necesariamente significa apartarse de una decisión en la que existe un conflicto de intereses.

Este hallazgo plantea la necesidad de revisar las actuaciones de la Junta Directiva y establecer procedimientos formales que permitan identificar, documentar y gestionar correctamente estas situaciones.

La Junta Directiva tiene responsabilidades que no puede eludir

Los señalamientos de la Contraloría no pueden interpretarse únicamente como problemas operativos o errores administrativos aislados.

El CCDRG cuenta con una Junta Directiva responsable de adoptar decisiones dentro de sus competencias, velar por el adecuado funcionamiento institucional y procurar que la utilización de los recursos públicos se ajuste al ordenamiento jurídico.

Por ello, resulta indispensable que sus integrantes expliquen las actuaciones relacionadas con los cobros de taquilla, las autorizaciones para publicidad comercial y los procedimientos utilizados para prevenir conflictos de intereses.

La responsabilidad de los directivos no se limita a aprobar acuerdos. También implica actuar con diligencia, exigir información suficiente, verificar el cumplimiento de las normas y promover medidas correctivas cuando se detectan debilidades.

Esto no significa que la Contraloría haya determinado automáticamente responsabilidades personales o sanciones contra cada integrante de la Junta Directiva. Sin embargo, los hallazgos sí justifican un examen riguroso de las decisiones adoptadas, de quiénes participaron en ellas y de las acciones emprendidas para corregir los incumplimientos.

La ciudadanía merece conocer qué decisiones tomó la Junta Directiva, quiénes las respaldaron y qué medidas se adoptarán para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

Concejo Municipal y Alcaldía también deben ejercer sus competencias

La Contraloría señala que corresponde al CCDRG adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias identificadas.

No obstante, también recuerda que el Concejo Municipal y la Alcaldía de Goicoechea deben ejercer las atribuciones que legalmente les corresponden en materia de organización, regulación y funcionamiento del Comité, sin sustituir las responsabilidades propias de este órgano.

Este señalamiento es particularmente importante porque las instalaciones deportivas municipales forman parte del patrimonio público del cantón.

La ausencia de tarifas aprobadas, la falta de regulación para publicidad comercial y las deficiencias en los mecanismos de control institucional requieren una respuesta coordinada dentro del marco de las competencias de cada autoridad.

El Concejo Municipal deberá prestar especial atención a las necesidades regulatorias señaladas, mientras que la administración municipal tendrá que ejercer las funciones que le correspondan legalmente.

La fiscalización y la rendición de cuentas no deberían comenzar únicamente cuando interviene la Contraloría.

¿Qué pierde Goicoechea cuando fallan los controles?

Detrás de estos hallazgos existe una consecuencia que no debe pasar inadvertida: los recursos y las oportunidades que podrían beneficiar a los deportistas del cantón.

Cada ingreso que el Comité deja de percibir por falta de regulación o por deficiencias administrativas representa una oportunidad potencialmente desaprovechada para fortalecer los programas deportivos y recreativos.

Goicoechea necesita instalaciones adecuadas, programas accesibles, apoyo a las diferentes disciplinas deportivas y oportunidades de participación para niños, jóvenes, adultos mayores y comunidades.

La correcta administración de los bienes públicos es indispensable para alcanzar esos objetivos.

Por eso, las deficiencias señaladas por la Contraloría no deben reducirse a una discusión entre autoridades municipales y dirigentes deportivos.

Se trata de un asunto de interés público que afecta la confianza ciudadana en la gestión de una institución creada para promover el deporte y la recreación.

Una orden vinculante que exige respuestas y acciones

La orden emitida por la Contraloría representa una advertencia institucional sobre la necesidad de corregir los incumplimientos legales y técnicos identificados.

El Comité deberá fortalecer sus controles, establecer mecanismos adecuados para gestionar conflictos de intereses y garantizar que el aprovechamiento económico de las instalaciones deportivas municipales cuente con el respaldo jurídico correspondiente.

Pero además de cumplir formalmente con las medidas ordenadas, resulta necesario que las autoridades expliquen públicamente las causas de las deficiencias y las acciones que adoptarán para evitar su repetición.

La transparencia no consiste únicamente en disponer de reglamentos o aprobar acuerdos. También exige demostrar que las decisiones se toman con criterios objetivos, que los recursos públicos están protegidos y que ningún interés particular prevalece sobre el bienestar colectivo.

La Voz de Goicoechea: la ciudadanía merece explicaciones

Los hallazgos de la Contraloría General de la República deben marcar un punto de inflexión en la administración del deporte cantonal.

La Junta Directiva del CCDRG tiene ante sí la responsabilidad de demostrar que está dispuesta a corregir las deficiencias, fortalecer los controles y rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas.

El Concejo Municipal y la Alcaldía, por su parte, deben ejercer sus respectivas competencias para contribuir a que la gestión deportiva se desarrolle dentro de un marco de legalidad y transparencia.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo pudieron realizarse cobros sin tarifas aprobadas, autorizarse publicidad comercial sin ingresos para el Comité y mantenerse mecanismos insuficientes para prevenir conflictos de intereses?

La respuesta no puede limitarse a señalar que se corregirán los procedimientos.

Es necesario esclarecer las circunstancias en que se adoptaron las decisiones, identificar las responsabilidades que correspondan y garantizar que los bienes públicos se administren exclusivamente en función del interés general.

El deporte de Goicoechea necesita recursos, instalaciones y oportunidades. Pero también necesita una dirigencia que rinda cuentas, respete la legalidad y coloque el interés de la comunidad por encima de cualquier beneficio particular.

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