Contraloría detecta graves irregularidades en el Comité de Deportes de Goicoechea y ordena corregirlas

El órgano contralor señala cobros sin tarifas aprobadas, exoneraciones sin criterios objetivos, un reglamento desactualizado y deficiencias en la prevención de conflictos de interés. La Municipalidad deberá presentar una propuesta de reforma antes del 31 de marzo de 2027
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Contraloría General de la República (CGR) puso bajo la lupa la administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG) y emitió una orden de acatamiento obligatorio para corregir una serie de irregularidades relacionadas con el cobro por el uso de instalaciones deportivas, el otorgamiento de beneficios, la administración de ingresos y la prevención de conflictos de interés.
Los hallazgos, contenidos en el oficio DFOE-LOC-1661, del 3 de noviembre de 2026, evidencian importantes debilidades en los mecanismos de control y supervisión de los recursos administrados por el Comité, así como atrasos en la actualización de su normativa interna.
La investigación, iniciada en enero de este año, incluyó una inspección de diferentes instalaciones deportivas del cantón, entre ellas la Piscina Municipal, el Gimnasio Municipal, el Polideportivo La Facio de Ipis y las canchas de Nazareno, Mozotal y Ana Frank.
Los resultados fueron comunicados el pasado 3 de noviembre a representantes de la Municipalidad y del Comité de Deportes.
Un reglamento que debió actualizarse hace diez meses
Uno de los principales señalamientos de la Contraloría es el incumplimiento del plazo legal para actualizar el reglamento que regula el funcionamiento del Comité.
La Ley para el Fortalecimiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, N.° 10626, estableció un período de un año para que las municipalidades adecuaran sus reglamentos a las nuevas disposiciones legales.
Ese plazo venció el 17 de enero de 2026. Sin embargo, diez meses después, Goicoechea continúa sin contar con la actualización correspondiente.
Actualmente, la propuesta de reforma permanece en la Comisión Especial de Estudio y Creación de Reglamentos del Concejo Municipal, sin una fecha definida para su resolución.
Esta situación provoca que el Comité continúe funcionando con un reglamento aprobado en 2022 y reformado en 2023, que no se ajusta plenamente a las exigencias de la legislación vigente.
Según los hallazgos del órgano contralor, la normativa actual presenta vacíos importantes en aspectos como la administración de ingresos, el establecimiento de tarifas, la rendición de cuentas y la prevención de conflictos de interés.
Cobros por instalaciones deportivas sin aprobación municipal
Uno de los aspectos más delicados de la investigación está relacionado con los ingresos que recibe el Comité por el alquiler y utilización de instalaciones deportivas.
La Contraloría determinó que durante 2025 y 2026 se realizaron cobros sin contar con tarifas formalmente aprobadas por el Concejo Municipal ni con estudios técnicos de costos que respaldaran adecuadamente los montos establecidos.
Aunque en 2024 se presentó un estudio de mercado relacionado con las tarifas, el Concejo Municipal únicamente tomó nota del documento, sin aprobar formalmente los cobros.
Pese a ello, la Junta Directiva del Comité estableció por su cuenta tarifas para el uso de la Piscina Municipal y aprobó internamente un estudio relacionado con el alquiler de instalaciones.
De acuerdo con el criterio del órgano fiscalizador, esas decisiones carecen de eficacia jurídica al no haber sido sometidas a la aprobación del Concejo Municipal, instancia competente para autorizar las tarifas.
La situación se agrava con una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal, según la cual no existe ningún acuerdo municipal que autorice el cobro de entradas al público, la colocación remunerada de publicidad o el otorgamiento de exoneraciones.
Esto plantea interrogantes sobre los procedimientos utilizados para recaudar y administrar recursos provenientes de las instalaciones deportivas cantonales.
Cobros de taquilla no reportados y publicidad sin ingresos para el Comité
La investigación también identificó situaciones particulares en el Gimnasio Municipal de Goicoechea.
Durante 2026 se detectaron cobros de entradas al público que, según los hallazgos de la Contraloría, no fueron reportados por la administración del Comité.
Asimismo, se identificó una valla publicitaria instalada dentro del gimnasio por la cual el CCDRG no recibió ingresos.
Ambas situaciones ponen de manifiesto debilidades en el control sobre las actividades comerciales y la utilización de espacios deportivos municipales.
Los hallazgos también generan preguntas sobre la supervisión de los ingresos, los responsables de autorizar estas actividades y los mecanismos utilizados para garantizar que los recursos derivados del aprovechamiento de bienes públicos sean debidamente registrados.
El oficio, según la información examinada, no establece un monto total de los recursos involucrados.
Uso gratuito de instalaciones y tarifas diferenciadas sin criterios claros
Otro de los señalamientos está relacionado con las decisiones adoptadas por la Junta Directiva para permitir el uso de instalaciones deportivas bajo condiciones especiales.
La Contraloría documentó que el Comité autorizó el uso gratuito de instalaciones a una persona física y estableció tarifas diferenciadas para dos organizaciones.
El problema señalado por el órgano contralor es que estas decisiones se adoptaron sin contar con parámetros objetivos previamente establecidos en el reglamento.
La ausencia de reglas claras abre espacios para decisiones discrecionales y dificulta garantizar que todas las personas y organizaciones reciban un trato equitativo al solicitar instalaciones deportivas públicas.
Incluso, según recoge la investigación, la propia presidencia del Comité reconoció que el estudio tarifario utilizado para sustentar parte de estas decisiones “careció de la rigurosidad técnica requerida”.
Este reconocimiento refuerza las preocupaciones sobre la forma en que se han determinado los montos cobrados y los beneficios otorgados a determinados usuarios.
Conflictos de interés: abstenerse de votar no es suficiente
La Contraloría también encontró importantes debilidades en los mecanismos destinados a prevenir conflictos de interés dentro de la Junta Directiva del Comité.
Según el informe, la institución carece de procedimientos formales para identificar, declarar y gestionar situaciones en las que los intereses personales de sus directivos puedan interferir con sus responsabilidades públicas.
Tampoco se han desarrollado procesos de capacitación en integridad y ética pública dirigidos al personal administrativo y a los integrantes de la Junta Directiva.
Además, no se han evaluado adecuadamente los riesgos de conflictos de interés en áreas sensibles como contrataciones, donaciones, nombramientos de personal y transferencias de recursos.
Uno de los hallazgos más relevantes se refiere al procedimiento utilizado cuando un directivo tiene algún interés particular en un asunto sometido a conocimiento de la Junta.
La Contraloría identificó que, aunque los integrantes pueden abstenerse de votar, continúan participando en la presentación de propuestas y en las discusiones previas.
Esto significa que una persona con intereses particulares podría influir en una decisión, aun cuando finalmente no participe en la votación.
Para el órgano contralor, este mecanismo resulta insuficiente para garantizar la imparcialidad y transparencia de las decisiones administrativas.
Contraloría fija plazo al alcalde y al Concejo Municipal
Ante las deficiencias identificadas, la Contraloría emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a las autoridades municipales.
El alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría Quirós, deberá presentar ante el Concejo Municipal, a más tardar el 31 de marzo de 2027, una propuesta de actualización del reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
La reforma deberá incorporar disposiciones claras relacionadas con la administración de donaciones, la prevención de conflictos de interés, el deber de abstención de los directivos, el cobro de cuotas al público, la explotación de espacios publicitarios y la aprobación municipal de tarifas.
Por su parte, el Concejo Municipal tendrá un plazo máximo de dos meses, contado a partir de la recepción de la propuesta, para resolver lo correspondiente.
La Contraloría también advierte que el incumplimiento injustificado de sus órdenes puede generar responsabilidades administrativas, incluyendo la suspensión o destitución de los funcionarios responsables, conforme al marco legal aplicable.
Autoridades municipales y deportivas fueron notificadas
El oficio fue dirigido a la presidenta del Concejo Municipal, Gloriana Carmona Seravalli; al alcalde Fernando Chavarría Quirós; al presidente de la Junta Directiva del CCDRG, Jonathan Flores Jiménez; y a la asesora administrativa del Comité, Carmen Zamora Solís.
También se remitió copia a la auditora interna municipal, Gisella Vargas López, para su conocimiento y seguimiento en el ámbito de sus competencias.
La intervención de la Contraloría coloca sobre las autoridades municipales y deportivas la responsabilidad de corregir las debilidades detectadas y establecer mecanismos efectivos de control sobre los recursos y las instalaciones deportivas del cantón.
Transparencia y rendición de cuentas, una deuda pendiente
Más allá de las disposiciones administrativas, los hallazgos plantean un problema de fondo: la necesidad de garantizar que los recursos públicos y los ingresos generados por las instalaciones deportivas de Goicoechea sean administrados bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad.
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación cumple una función esencial en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física para niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores del cantón.
Por ello, las deficiencias en su gestión no constituyen únicamente un asunto de procedimientos internos, sino también un tema de interés público que merece atención y seguimiento.
La investigación no equivale, por sí misma, a una determinación de responsabilidad penal o de apropiación indebida de recursos. Sin embargo, sí evidencia fallas administrativas que deben ser corregidas y cuya atención corresponde a las autoridades competentes.
El desafío para la Municipalidad, el Concejo Municipal y el Comité de Deportes será demostrar que las órdenes de la Contraloría se traducen en cambios reales y verificables, y no únicamente en una reforma reglamentaria sobre el papel.
Para la ciudadanía de Goicoechea, el asunto central es que las instalaciones deportivas públicas se administren con reglas claras, cobros debidamente autorizados y decisiones transparentes que garanticen igualdad de oportunidades para todos sus usuarios.