Condenan a exsubjefe de Fuerza Pública por utilizar patrullas y policías para asuntos personales
El exfuncionario fue sentenciado a tres años de prisión por tres delitos de peculado de uso. Además, deberá pagar más de ₡4,3 millones al Estado por daño social, costas procesales y honorarios profesionales
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Un exsubjefe de la Fuerza Pública del cantón de Flores, en Heredia, de apellidos Solís Blanco, fue condenado a tres años de prisión tras comprobarse que utilizó patrullas oficiales y personal policial bajo su mando para realizar diligencias de carácter personal.
La sentencia fue dictada el 19 de octubre de 2026 por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción demostró la responsabilidad del exfuncionario en tres delitos de peculado de uso.
Además de la condena, el Tribunal le impuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos, empleos o funciones públicas.
No obstante, los jueces le concedieron el beneficio de ejecución condicional de la pena por el mismo período, por lo que no tendrá que ingresar a prisión siempre que cumpla las condiciones establecidas y no cometa un nuevo delito.
Utilizó patrullas para ir a un hotel, trasladarse desde su casa y recoger unos lentes
Durante el proceso judicial se acreditó que Solís Blanco aprovechó su posición jerárquica dentro de la Fuerza Pública para disponer de vehículos oficiales y ordenar a policías subordinados que atendieran necesidades ajenas al servicio público.
La investigación permitió identificar tres situaciones concretas en las que el exsubjefe utilizó recursos institucionales en beneficio propio.
En una de ellas, empleó una unidad policial para trasladarse a una reunión privada en un hotel ubicado en Santo Domingo de Heredia.
En otra ocasión, solicitó que oficiales de la Fuerza Pública lo recogieran en su vivienda, situada en la provincia de Alajuela.
El tercer hecho ocurrió cuando utilizó recursos policiales para desplazarse hasta su casa con el propósito de recoger unos lentes de uso personal.
Para el Tribunal, estas actuaciones constituyeron un uso indebido de bienes y servicios del Estado, debido a que los vehículos y el personal policial fueron destinados a actividades que no tenían relación con las funciones de seguridad ciudadana.
Los jueces también determinaron que el condenado se aprovechó de su autoridad sobre otros oficiales para disponer de recursos humanos y materiales que debían estar al servicio de la población.
Según lo establecido en el fallo, estas conductas vulneraron los principios de probidad, legalidad y correcta administración de los recursos públicos.
Deberá pagar más de ₡4,3 millones al Estado
La sentencia también contempla una responsabilidad económica para el exfuncionario.
El Tribunal declaró con lugar la demanda civil resarcitoria presentada por el Estado, al considerar que las actuaciones del condenado ocasionaron un daño social que trascendió el uso irregular de las patrullas.
De acuerdo con la resolución judicial, destinar recursos policiales a intereses particulares perjudicó la imagen institucional del Ministerio de Seguridad Pública y afectó la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de garantizar el orden y la seguridad.
Por esta razón, Solís Blanco deberá pagar un total de ₡4.326.000, monto que se distribuye de la siguiente manera:
₡3.000.000 por concepto de daño social.
₡600.000 por costas personales.
₡726.000 por honorarios profesionales de la querella.
A estas cantidades deberán sumarse los intereses legales correspondientes.
Uso de recursos públicos para fines privados constituye delito
La Fiscalía recordó que el delito de peculado de uso se configura cuando una persona funcionaria pública utiliza bienes o servicios del Estado para fines particulares, aunque no exista una apropiación definitiva de esos recursos.
En este caso, la responsabilidad penal se fundamentó en la utilización de patrullas y personal policial para atender necesidades privadas, aprovechando las facultades que el condenado tenía por su cargo.
La resolución también pone de manifiesto la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de garantizar que los vehículos, equipos y recursos humanos asignados a las instituciones sean utilizados exclusivamente para cumplir sus funciones.
El proceso judicial se tramitó bajo el expediente 24-000005-1880-PE, ante las autoridades judiciales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.