Goicoechea, entre el desarrollo y la desafección partidista
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Purral: cuando la politiquería se antepone a la justicia constitucional
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Consejo Editorial).- La situación de los asentamientos informales y la ocupación de terrenos públicos en Purral, particularmente en sectores como Los Cuadros, no nació ayer. Es un problema acumulado durante años, conocido por las instituciones y postergado demasiadas veces hasta convertirse en una crisis social, territorial y política.
Ahora, una resolución de la Sala Constitucional vuelve a colocar el tema donde corresponde: en el terreno de las responsabilidades públicas y del cumplimiento de la ley.
La sentencia N.° 2025-030968, correspondiente al expediente N.° 25-022056-0007-CO, declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Municipalidad de Goicoechea por la falta de actuación frente a ocupaciones de propiedades públicas y municipales.
La resolución obliga a las autoridades competentes a coordinar acciones para atender la situación. Ya no estamos, por tanto, ante una discusión que pueda prolongarse indefinidamente entre oficinas, administraciones y discursos políticos. Existe una orden constitucional y corresponde cumplirla.
Una resolución que exige responsabilidades
Una sentencia de la Sala Constitucional no es una sugerencia.
Cuando el máximo tribunal constitucional determina que existió una omisión de las autoridades y ordena actuar, las instituciones involucradas tienen el deber de ejecutar lo dispuesto dentro de los términos establecidos.
Esto resulta especialmente importante porque durante años problemas como el de Purral han transitado por una zona gris en la que distintas instituciones se trasladan responsabilidades entre sí mientras las consecuencias recaen sobre las comunidades.
Ese círculo debe terminar.
Las autoridades del IMAS y la Municipalidad de Goicoechea deben explicar públicamente qué acciones les corresponden, cuáles han ejecutado, cuáles están pendientes y en qué plazos serán realizadas. La ciudadanía tiene derecho a conocer esa información y a exigir rendición de cuentas.
Un problema con múltiples responsabilidades
Reducir esta crisis a buenos y malos sería tan cómodo como irresponsable.
Existen personas que ocuparon terrenos públicos sin contar con un derecho legítimo sobre ellos. También deben investigarse las denuncias sobre personas que habrían comercializado supuestos “derechos” sobre propiedades que no les pertenecían, aprovechándose de familias necesitadas de vivienda.
Pero existe una tercera responsabilidad que tampoco puede ignorarse: la de las instituciones que conocieron durante años la existencia del problema y no consiguieron ofrecer una respuesta efectiva y oportuna.
Cuando una ocupación irregular se consolida durante años, aparecen viviendas, servicios improvisados, familias y nuevas generaciones, cualquier solución posterior se vuelve mucho más compleja y dolorosa.
Precisamente por eso la responsabilidad del Estado no comienza el día de un eventual desalojo. Comienza mucho antes: con prevención, fiscalización, políticas de vivienda, protección del patrimonio público y atención temprana de las situaciones de vulnerabilidad.
Permitir que un problema crezca y pretender resolverlo únicamente cuando resulta insostenible constituye un fracaso de la gestión pública.
La politiquería no puede sustituir las soluciones
También resulta preocupante que una situación humana y jurídicamente compleja pueda convertirse nuevamente en combustible electoral.
Las familias de Purral no necesitan dirigentes buscando fotografías, culpables convenientes o réditos políticos. Necesitan información cierta sobre lo que ocurrirá, garantías de que las instituciones actuarán conforme a derecho y respuestas responsables para quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad.
Tampoco corresponde presentar el cumplimiento de una sentencia constitucional como una decisión antojadiza de una administración determinada. Si existe una orden de la Sala Constitucional, la discusión pública debe partir de ese hecho.
Eso no exime al Gobierno Central, al IMAS ni a la Municipalidad de sus respectivas responsabilidades. Al contrario: obliga a cada institución a asumirlas.
Y tampoco impide cuestionar las decisiones políticas adoptadas durante años por administraciones nacionales y municipales de diferentes signos.
Lo que resulta inaceptable es utilizar la incertidumbre de las familias como instrumento de confrontación electoral.
Durante demasiado tiempo, los problemas habitacionales han sido terreno fértil para promesas, intermediarios y discursos políticos. Purral necesita romper ese ciclo.
Recuperar lo público sin abandonar lo humano
Cumplir la ley y atender la dimensión social del problema no son objetivos incompatibles.
El Estado debe proteger los terrenos públicos y evitar que nuevas ocupaciones irregulares se consoliden. Pero también debe determinar, caso por caso, cuáles familias enfrentan condiciones reales de vulnerabilidad y qué alternativas legalmente disponibles pueden ofrecerse.
No todas las personas se encuentran en la misma situación y, por ello, tampoco debería pretenderse una respuesta indiscriminada.
La recuperación de propiedades públicas debe acompañarse de censos transparentes, información verificable, coordinación institucional y atención social para quienes legítimamente la requieran. Asimismo, cualquier eventual comercialización ilegal de terrenos públicos debe investigarse y, cuando corresponda, ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.
La peor alternativa sería repetir la historia: improvisar hoy para volver a abandonar el problema mañana.
Goicoechea merece una solución definitiva
Desde La Voz de Goicoechea consideramos que llegó el momento de sustituir los discursos por resultados.
La Municipalidad, el IMAS y las demás instituciones involucradas deben cumplir estrictamente lo dispuesto por la Sala Constitucional, informar a la ciudadanía sobre el avance de las medidas y garantizar que todo procedimiento respete tanto el ordenamiento jurídico como la dignidad de las personas afectadas.
También corresponde investigar a quienes eventualmente hayan lucrado mediante la venta ilegal de terrenos o supuestos derechos sobre propiedades públicas.
Y a la dirigencia política, de gobierno y de oposición, le corresponde algo igualmente importante: actuar con responsabilidad.
Purral no puede continuar siendo un problema que se recuerda durante las campañas electorales y se archiva cuando terminan las elecciones.
La justicia constitucional ya habló.
Ahora corresponde a las instituciones cumplir, a la ciudadanía fiscalizar y a la política demostrar que todavía puede servir para solucionar problemas en lugar de aprovecharse de ellos.
Goicoechea merece soluciones reales. Purral también.