Agresión en parqueo municipal: afectada rechaza sanción de un curso y exige justicia y videos
Una vecina de Rancho Redondo denuncia que un funcionario municipal la golpeó hasta dejarla inconsciente; cuestiona que la sanción impuesta sea solo un curso de manejo de la ira y exige acceso a las grabaciones de seguridad
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Una contribuyente de Rancho Redondo de Goicoechea hizo público, mediante un comunicado, su indignación con la respuesta institucional de la Municipalidad de Goicoechea tras haber sido presuntamente agredida físicamente por un funcionario de apellido Chavarría Campos en el parqueo del edificio municipal, en hechos ocurridos el 27 de febrero de 2026.
Según su versión, la sanción impuesta al funcionario señalado —asistir a un curso de control de la ira y manejo de impulsos— resulta insuficiente, inaceptable y ofensiva frente a la gravedad de lo ocurrido.
El Concejo Municipal, por su parte, aprobó en su momento el acuerdo número siete, mediante el cual condenó de forma unánime el acto de violencia atribuido al funcionario contra una mujer y exigió acciones drásticas bajo una política de cero tolerancias.
Los hechos relatados por la denunciante
De acuerdo con el relato de la afectada, todo comenzó con una discusión en el parqueo municipal, donde el funcionario presuntamente le impidió salir con su vehículo. Según su testimonio, el hombre profirió insultos y amenazas, incluyendo referencias a información sobre su familia a la que, según ella, tendría acceso por su trabajo en la institución.
En medio del altercado, la denunciante admite haber golpeado el vehículo del funcionario —sin causar daños, según sostiene— y afirma que él respondió golpeándola hasta dejarla inconsciente.
La mujer asegura que las secuelas físicas la han obligado a acudir a Medicatura Forense. En su comunicado añade que el hermano del funcionario señalado —también empleado municipal— le habría ayudado a huir del lugar, y que ambos, junto con el padre del funcionario, quien trabajaría en el equipo de fútbol de Heredia, la habrían amenazado posteriormente.
Una sanción que la denunciante califica de burla
Según la afectada, la respuesta de la Alcaldía no correspondió a la justicia que el alcalde Chavarría le habría prometido personalmente el día de los hechos. De acuerdo con su relato, el funcionario fue sancionado inicialmente con una rebaja salarial de 15 días y pasó varios meses entre teletrabajo y vacaciones, hasta que finalmente se le impuso cursar una capacitación de control de la ira y manejo de impulsos en la Oficina de Desarrollo Humano de la misma Municipalidad.
“¿Es esa la justicia que la Municipalidad prometió brindarme?”, cuestiona la afectada en su comunicado.
La denunciante considera que se minimizaron hechos que incluyen una presunta agresión física contra una mujer, amenazas por parte del funcionario y sus familiares, y un presunto abandono de puesto. Señala, además, que el funcionario tiene aún la posibilidad de apelar la sanción impuesta.
Videos desaparecidos y presunta información falsa
Según la denunciante, el caso presenta una serie de irregularidades:
Las cámaras de seguridad municipales habrían dejado de grabar justo en el momento de la agresión, supuestamente por una falla del sistema de internet.
Al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se le informó, según ella, que el funcionario ya no laboraba en la institución, versión que asegura haber desmentido directamente ante la Fiscalía.
La Municipalidad se ha negado, según su denuncia, a entregarle las grabaciones solicitadas, pese a habérsele prometido acceso a ellas.
Se estaría intentando archivar el caso argumentando que el médico forense le extendió tres días de incapacidad en lugar de cinco.
Exigencias formales y advertencia de la denunciante
La afectada presentó un reclamo formal en el que exige, de manera inmediata:
Las grabaciones correspondientes al momento de la agresión.
Información oficial sobre la supuesta falla del sistema de cámaras.
Copia de la resolución de la apelación presentada por el funcionario.
Conocer el estado actual del procedimiento administrativo.
La denunciante advirtió que, de no recibir respuesta formal, completa y por escrito en el plazo correspondiente, recurrirá a todas las vías administrativas, judiciales y de protesta pública que considere pertinentes, incluyendo manifestaciones en las instalaciones municipales.
“No voy a aceptar que mi caso sea minimizado. No voy a aceptar que una presunta agresión contra una mujer termine reducida, institucionalmente, a la obligación de llevar un curso”, expresó en su comunicado.
La afectada calificó además de contradictorio que la Municipalidad cuente con una oficina de atención a la mujer y que, ante un caso de violencia presuntamente ejercida por uno de sus funcionarios, la respuesta institucional haya sido, según su criterio, débil. Reiteró que no guardará silencio ante lo ocurrido, a lo que se refirió como un caso de violencia que, de no atenderse con firmeza, podría escalar en gravedad.
